¿Podrá el Ejército Federal entender que México está cambiando?
1. La creciente inconformidad en el seno de las fuerzas armadas es ya una preocupación para todos los mexicanos, y una evidencia más de la orfandad en que se halla Ernesto Zedillo.
2. El hecho de que se hable en los corrillos del poder y en las columnas periodísticas de que hay un sector de las fuerzas armadas que pugna por una salida política y digna del Ejército federal en Chiapas, mientras que otros miembros de la jerarquía castrense se manifiestan dispuestos a desacatar al Ejecutivo si da la orden de retirada, evidencian el fracaso de las políticas oficiales.
3. La pretensión de la cúpula militar de alcanzar de nuevo posiciones políticas, en un escenario que podría asemejarse al que prevalecía antes de 1946, no es más que consecuencia de la política errada de Los Pinos al enfrentar el descontento social con manu militari. La más reciente exigencia de la Sedena, aun siendo descabellada no deja de ser preocupante: quieren los amigos del titular de la Defensa que Ernesto Zedillo les otorgue al menos tres gubernaturas: la de Baja California Sur, la de Nayarit y la de Quintana Roo, a los generales Valdivia y Vallarta y al teniente coronel Hendricks, según lo hace conocer una de las plumas verde olivo en la prensa (El Financiero, 24 de junio). Los militares parecen ignorar que si su capacidad para defender la soberanía nacional es muy limitada, la que tienen para desempeñar cargos públicos es hoy día casi nula.
4. Los militares mexicanos no parecen tener conciencia del daño que le han hecho a la vida pública de México con su actuación anticonstitucional en Chiapas: violando masivamente los derechos individuales y sociales de los campesinos indígenas, involucrándose en la comisión del delito de genocidio, y todo ello para respaldar a la mafia salinista y defender sus intereses económicos de grupo y desde luego el proyecto neoliberal.
5. El Ejército Mexicano se ha cubierto además de ignominia, al capacitar y proteger a los más de diez grupos paramilitares que operan impunemente en el estado de Chiapas. La creación de estas bandas fue decidida en Los Pinos para que le hicieran los ``trabajos sucios'' a los militares, pero el resultado de estas políticas es precisamente el contrario del buscado, pues los miembros de las fuerzas armadas han aparecido en connivencia con la Seguridad Pública del estado y los asesinos del PRI cometiendo todo género de tropelías, con lo que el Ejército se ha negado a sí mismo: ha sido el stopper de Zedillo.
6. La paradoja de lo que acontece es muy clara: el orden constitucional no puede restablecerse en Chiapas si el Ejército federal no sale de las comunidades y se margina del proceso de paz.
El ``reposicionamiento'' de los contingentes militares en la entidad, acordado por la Secretaría de Gobernación y la Cocopa (24 de junio), no debe ser entendido, por lo mismo, más que como un primer paso en lo que debe ser el camino hacia la desmilitarización del estado en el espíritu de la ley para el diálogo de 1995.
7. El proceso de desmilitarización de Chiapas debe ser sin embargo una realidad y no una declaración más de la burocracia gobernante. Zedillo no puede ya argumentar que los militares no quieren obedecerlo en lo que es ya un reclamo nacional: el Ejército federal debe salir de las comunidades indígenas, respetándose la Constitución General y la ley para el diálogo.
8. Los rumores en torno a la posible remoción del general Enrique Cervantes Aguirre como titular de la Sedena, o sobre las graves divergencias existentes en la cúpula militar por la imbricación de algunos altos oficiales con el narco, y por la subordinación irreflexiva del Ejército Mexicano a las políticas del Pentágono, reflejan la crisis moral del régimen, pero no deben ser obstáculos para que se someta al Ejército al imperio de la ley a fin de que pueda, algún día, recuperar cierta credibilidad.
9. Una pregunta legítima es por ello si podrán los oficiales democráticos y nacionalistas prevalecer sobre los cuadros tecnomilitares egresados de la Escuela de las Américas.
10. Los gobiernos de De la Madrid y de Salinas involucraron a muchos oficiales en el narcotráfico, y el de Zedillo ha recurrido al Ejército de manera continua para enfrentar la emergencia democrática de los mexicanos. Todo este proceso contribuyó a la descomposición del régimen, por lo que no es imaginable una reedificación de México si no hay un Ejército sometido a la legalidad.
La decisión de los militares es de enorme importancia, pues está en sus manos apostarle a la sociedad o a un gobierno en descomposición.