Durante más de una década, el ambulantaje ha sido factor de conflicto en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; el Centro Histórico, por sus características urbanas y simbólicas y la alta concentración de ambulantes, es el ojo del huracán, pero no el único foco de conflictividad. Así fue cuando el Distrito Federal era gobernado por el PRI, como dependencia del Ejecutivo federal; así sigue siendo en el actual gobierno. Las causas estructurales del fenómeno, aquí y en muchas otras ciudades de América Latina, son el masivo desempleo y la violenta reducción del salario que desde mediados de la década de los setenta acompañan a la crisis económica de larga duración y a las políticas neoliberales para superarla, hasta ahora sin resultado positivo para los sectores mayoritarios. Los ciclos de la economía mexicana, con profundas recesiones y cortas expansiones sucesivas, han arrojado en el periodo un balance de estancamiento y agudización de sus deformaciones estructurales.

Hoy, la economía orientada a la especulación financiera y monetaria, la importación-exportación, la trasnacionalización y la concentración monopólica, cada vez más atrapada en una globalización en la que juega un papel subordinado y dependiente, parece aproximarse a una nueva recesión, similar a la de 1995, detonada por la crisis productiva y financiera asiática, la caída de los precios del petróleo, la reducción presupuestal, la devaluación monetaria, la especulación en la Bolsa de Valores, la ``cartera vencida'' y los deudores insolventes, la crisis bancaria y los escándalos del Fobaproa. Los efectos, anunciados por el gobierno, serán más desempleo y menos salario. El gobierno del DF carece de facultades y capacidad para actuar significativamente en el ámbito de la política económica nacional; por ello, es imposible imaginar la desaparición de la venta callejera en el corto plazo.

La otra cara del problema es política. Mientras el PRI gobernó el DF, el ambulantaje fue sometido al control de líderes y organizaciones afiliadas corporativamente al partido de Estado; su manipulación como masa de apoyo era bien conocida; fue fuente de enriquecimiento ilícito de líderes y funcionarios. Los partidos de oposición no resistieron la tentación de repetir el esquema. Por ello, los programas de ``reordenamiento'' y los reglamentos no se aplicaron, o los intentos fracasaron en la medida que el PRI era juez y parte. Cárdenas heredó un problema de magnitudes enormes, sobrepolitizado en la medida que el PRI recurre a las masas cautivas de ambulantes para lanzarlas como ariete contra el gobierno perredista, cuando éste trata de aplicar la legislación aprobada en el pasado por la mayoría priísta en la ARDF, o los programas de reubicación en plazas y corredores comerciales, elaborada también por el gobierno priísta.

Estamos frente a una contradicción económica y política. La crisis y la política neoliberal arrojan cada vez más población a la informalidad; ésta genera conflictos urbanos, auspicia la corrupción y facilita la violencia; es también pieza en el ajedrez político. Los reglamentos y programas deben cumplirse, porque son ley, pero amplían el conflicto político-social y no resuelven el económico. La politización del asunto, instigada por el PRI en el horizonte electoral del 2000, bloquea los acuerdos necesarios para reducir sus efectos más negativos.

Sólo la transformación profunda, estructural, de la economía y la política a nivel nacional, basada en la democracia participativa y la justicia distributiva, con sus particularidades en la gran metrópoli, podrá, en el largo plazo, resolver el problema de la venta en la vía pública en las grandes ciudades. Las medidas correctivas, de corto plazo, llenas de limitaciones, deben ser acordadas por sus actores, respetando la ley y buscando su modificación; la participación ciudadana, como coadyuvante para lograr los acuerdos y construir proyectos de largo plazo, es fundamental. PRI, PRD y PAN, con diferentes papeles en el proceso, tienen que asumir su compromiso con la ciudadanía.