Diputados del PRD dicen tener pruebas contra Parcero por manejos ilegales

Bertha Teresa Ramírez Ť Los diputados del PRD Aarón Quiroz y Victorio Montalvo tienen en su poder nuevas evidencias que podrían probar que funcionarios de segundo nivel de la delegación Gustavo A. Madero, durante la administración de José Parcero López, recibieron préstamos por parte del empresario de la construcción Angel Garcés Sandoval para cubrir faltantes administrativos de esa jurisdicción que ascienden a más de un millón y medio de pesos.

También obran documentos de que de manera ilegal el entonces subdirector de Recursos Humanos y Financieros de la GAM, Gilberto Romero Montes, recibió en nombre del subdelegado administrativo, Raúl Castillo Guerrero, la cantidad de 3 millones 341 mil 330 pesos en diferentes aportaciones por parte del ingeniero Garcés Sandoval, entre abril y julio de 1996, por concepto de depósito al ``fondo de contingencias por asignación de contrato de obra'', figura que no existe en la Ley de Adquisición de Obra Pública del DF. El diputado Montalvo señaló que existe además otra irregularidad, ya que Romero Montes había dejado de laborar en esa delegación desde enero de 1996.

Agregó que dicha situación se tipifica como delito de asociación delictuosa y en breve presentarán la documentación con la que cuentan a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), e igualmente solicitarán que se requiera a las autoridades delegaciones la fecha de ingreso y baja del contador.

Tanto el subdelegado Castillo Guerrero como el contador Romero Montes y otros empleados de Parcero, como la contadora Elena Yolanda Flores Vilchis, quien era jefe de la unidad departamental de Pagaduría, y otro empleado de nombre Alejandro Velázquez, recibieron aportaciones por parte del millonario empresario de la construcción --ahora occiso-- por el monto de un millón y medio de pesos, que eran destinados a cubrir faltantes en el área administrativa. El diputado Montalvo argumentó que la causa de dichos faltantes se ignora y que la investigación de esto tendrán que realizarla las autoridades judiciales.

El diputado Victorio Montalvo, quien preside la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, señaló que de acuerdo con el amplio expediente que obra en su poder, parte de este dinero era utilizado para cubrir los faltantes del fondo revolvente de la Dirección de Recursos Financieros de la delegación, a cargo del contador Francisco Javier Sánchez, quien estaba bajo las órdenes del subdelegado administrativo, Castillo Guerrero. Como consta en el cheque número 301 de banca Serfín, expedido por CYG Construcciones del Centro S.A. de C.V. con fecha 29 de agosto de 1996 y depositado en la cuenta de la delegación por la cantidad de 611 mil 517 pesos.

La historia del millonario fraude en el que habrían incurrido varios ex funcionarios de la GAM es interminable y la estructura de ``esta red de corrupción se da a dos niveles: servidores públicos y particulares, entre los que se encuentran relacionados personajes como Patricia Ayala Fuentes, secretaria particular del ex delegado, y la entonces consejera ciudadana Raquel Sevilla, quienes también recibieron préstamos tanto de la delegación como del empresario asesinado'', dijeron los legisladores.

Sólo para la ex secretaria particular existen documentos que soportan aportaciones por parte de la delegación a la empleada por un total de un millón 347 mil pesos, entre los meses de diciembre de 1995 y julio de 1996.

El legislador agregó que al término de la administración de Parcero se le adeudaban al ingeniero Garcés 9 millones de pesos, por concepto de obras y préstamos. Señaló ``que por esto Garcés interpuso una queja ante la Contraloría General del DDF, el 12 de septiembre de 1997, a fin de que se le cubriera el adeudo. Pero sin que se le hubiese pagado la deuda, inexplicablemente el 3 de octubre de 1997 el empresario se desistió de la queja presentada ante la instancia del DDF.

Sin embargo, el contratista interpuso el 31 de octubre de ese mismo año la denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, misma que no siguió su proceso porque el 13 de diciembre el empresario fue secuestrado cuando se dirigía a su negocio, ubicado en avenida Eduardo Molina; dos días después el ingeniero Garcés y su chofer fueron encontrados amarrados de pies y manos, vendados de los ojos, amordazados y ejecutados de dos balazos en la cabeza cada uno en el municipio de Villa Nicolás Romero''.