Indicios de nexos con el narco en las indagaciones sobre Parcero y Sevilla

Daniela Pastrana y Gustavo Castillo Ť El caso del ex delegado en Gustavo A. Madero, José Parcero López, y la diputada local con derechos suspendidos del PRD, Raquel Sevilla Díaz --ambos implicados en presuntos hechos de corrupción y malversación de fondos públicos-- sigue aportando elementos que apuntan a un grupo de poder relacionado con el narcotráfico. Mientras Parcero López solicitó un amparo ante la justicia federal y ha dejado de presentarse en su oficina, y continúa sin conocerse el paradero de Sevilla, las investigaciones de la Procuraduría de Justicia capitalina sobre el homicidio de Angel Garcés Sandoval, ex contratista de la delegación asesinado en diciembre pasado, dan nuevos indicios sobre su relación con altos mandos militares.

Fuentes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmaron que la semana pasada, una hija de Garcés Sandoval --de quien se solicitó mantener en el anonimato su nombre y paradero por motivos de seguridad--, se presentó a declarar ante el Ministerio Público y pidió protección de la dependencia.

De acuerdo con los informantes, la hija de quien habría hecho ``préstamos'' por más de 9 millones de pesos a la delegación y a distintos funcionarios para cubrir faltantes, reconoció que su padre tuvo una estrecha relación con el general Jesús Gutiérrez Rebollo, último comisionado del extinto Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, y quien desde marzo de 1997 está preso, acusado, entre otras cosas, de colaborar con el desaparecido jefe del poderoso cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes.

Las fuentes indicaron además que una línea de investigación sobre un posible vínculo entre el asesinato de Garcés Sandoval y otros casos --por lo menos dos--, en los cuales se utilizó el mismo modus operandi --fueron torturados, amarrados, encobijados y ejecutados, sin rastros de robo-, y presumiblemente la misma arma, que por el calibre es de uso exclusivo del Ejército.

Garcés Sandoval era director general de una empresa privada llamada C y G Construcciones, que durante 1995 y 1996 fue beneficiada por contratos de obras en la delegación. En 1996, de acuerdo con documentos originales que fueron presentados a la Procuraduría de Justicia por los diputados federales del PRD, Aarón Quiroz y Victorio Montalvo --a quienes se los habrían hecho llegar personas cercanas al empresario--, Garcés Sandoval hizo préstamos a nivel personal a funcionarios y a la propia delegación para cubrir faltantes del fondo revolvente, entre ellos, el ex subdelegado administrativo, Raúl Castillo, de quien se tiene documentada una cuenta en Islas Vírgenes por más de 900 mil dólares.

Sin embargo, y de acuerdo con una serie de denuncias del propio Garcés Sandoval ante diferentes instancias, que también están en poder de las autoridades, los funcionarios se habrían negado a pagarle y la intermediación de la actual diputada, Raquel Sevilla --involucrada en el desvío de fondos por medio de una serie de empresas fantasma--, sólo sirvió para pretetender pagarle con una camioneta robada.

Garcés apareció asesinado con dos disparos en la cara el 15 de diciembre --tres meses después de que fuera amenazado de muerte por el general retirado Arturo Córdova--, cuando tenía preparada una denuncia penal relatando todos estos hechos que nunca llegó a presentar.

La petición

Investigado por malversación de fondos, uso indebido de atribuciones y de otorgar adjudicaciones fuera de la ley, Parcero López solicitó un amparo en contra de cualquier acto de autoridad ante el juzgado Primero de Distrito en Materia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, que estaba de guardia la semana pasada.

Según aparece en el libro de peticiones de amparo solicitó al juez Arturo Sánchez Valencia dicho beneficio, por lo cual le fue concedida una suspensión temporal; sin embargo, tendrá que enfrentar todo el procedimiento jurídico antes de obtener el amparo definitivo o una negativa a su petición.

Mientras tanto, el ex delegado, quien a través de medios de comunicación ha rechazado ``rotundamente'' cualquier relación con el narcotráfico o con el asesinato de Garcés Sandoval, así como el desvío de 41 millones de pesos en su gestión, dejó de presentarse a trabajar.

En su oficina de la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (Corett), dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria, y donde ocupa una dirección ejecutiva, los trabajadores indican que ``el ingeniero Parcero no se está presentando en estos días a la oficina y no sabemos cuándo regresará'', pero se niegan a dar mayor información de su paradero.