Se obstaculiza la indagación; sólo se han capturado a los ``peones del operativo'': Centro Fray Bartolomé de las Casas

Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de junio Ť Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBLC), las investigaciones sobre la masacre de Acteal ``han sufrido una desagradable y triste obstaculización y poco a poco se han ido deteniendo y politizando, con resultados muy pobres, pues sólo han sido detenidos los peones del operativo''.

Según el organismo que preside el obispo Samuel Ruiz García, el proceso indagatorio que al principio se esperaba ``rápido y fluido, se detuvo considerablemente por órdenes ajenas a la Procuraduría General de la República (PGR) que son más bien de tipo político, pues en los hechos hay funcionarios implicados que de alguna manera evidenciarían la participación directa del gobierno federal en la masacre''.

El sacerdote dominico Pablo Romo Cedano, vocero del organismo, consideró que el proceso jurídico ``se ha estancado al grado de que la Procuraduría de Justicia estatal ni siquiera sabe quiénes murieron en la masacre, pues hasta el momento aún no se ha logrado establecer la identidad de algunos de los muertos''.

Entrevistado en sus oficinas, el religioso subrayó que si bien las investigaciones avanzaron bastante durante los dos meses posteriores a la matanza, ``se detuvieron y en este nuevo ritmo de la política de represión y de guerra abierta por las que ha optado, el gobierno estima que no es conveniente seguir ahondando más en los grupos paramilitares''.

Recordó que la PGR prometió hacer las investigaciones correspondientes sobre esos grupos, pero hasta el momento ``seguimos esperando los resultados, quizá esté esperando en que los dirigentes (los diputados a quienes se acusa de encabezar dichas bandas) terminen sus mandatos constitucionales para hacer algún tipo de acciones.

``La prioridad de la PGR en la zona ha sido de acompañar los operativos militares para desmantelar los municipios autónomos, más que hacer las investigaciones sobre delitos que atañen al orden de la justicia''.

En su opinión, el estancamiento o la lentitud en el proceso y la determinación de no hacer justicia comienza a hacerse evidente desde hace unos cuatro meses. ``Si bien mucha gente nos decía que no es cierto lo que está realizándose, nosotros todavía confiábamos en que se iba a lograr llegar a un cierto nivel'', comentó.

``Todavía colaboramos otorgando información muy delicada a la PGR a propósito de la formación de los grupos paramilitares, considerando que se iniciaría una investigación profunda, pero no ha sido así'', aseveró el vocero.

Romo remarcó que las investigaciones han mostrado ``grandes deficiencias en cuanto al avance a otros niveles, como se prometía al principio, respecto a que se iría paulatinamente de los pasos más altos a los más bajos, pero todo se detuvo en un cierto nivel''.

Esto significa que sólo han sido detenidos ``los peones del operativo, como es el caso del sargento Mariano Ruiz, a quien se acusó de entrenar a los grupos paramilitares durante sus vacaciones, lo cual es absolutamente ridículo y patético porque las autoridades militares sabían perfectamente que estaba en activo; es mas, sacó a su familia que vivía en un poblado cercano a Acteal y la trajo a San Cristóbal un día antes de la masacre argumentando que podría haber problemas'', lo cual demuestra que estaba en activo.

Insistió en que sólo los ``peones que cometieron la masacre han sido detenidos, basta ver quiénes son los 123 encarcelados, y esto tiene una explicación: al gobierno no le importan los indígenas, sean del PRI o de otra organización política, son los que ponen los muertos, los que visten de soldados y los que llevan acarreados''.

El vocero del organismo se refirió también al incumplimiento de la recomendación 01/98 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió por la masacre ``Mientras la CNDH dice que se ha cumplido en 70 por ciento, nosotros estamos esperando la segunda parte de ésta en la cual se establezcan con mayor contundencia y fuerza evidencias en torno a la participación de algunos funcionarios y exigir su cumplimiento.

``Hoy vemos en la total impunidad, en libertad, a los 12 funcionarios que supuestamente al menos tienen una responsabilidad administrativa, y se crea la idea de que con sólo dimitir han expiado sus responsabilidades delante de autoridades judiciales o administrativas''.

--¿Como cuáles funcionarios?

--El ex secretario de gobierno, Homero Tovilla; el ex subsecretario Uriel Jarquín, el ex procurador Marco Antonio Bezares Escobar, el ex titular del Consejo Estatal de Seguridad Jorge Enrique Hernández Aguilar y muchos otros. Eso quiere decir que hasta ahorita sólo han sido encarcelados algunos peones y algún alfil.