Intervencionismo de la fiscalía francesa, acusa el abogado de CSG

Juan Manuel Venegas Ť Mariano Albor, abogado de Carlos Salinas de Gortari, exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) frenar procedimientos penales extranjeros que afecten sin fundamento ni razón a los mexicanos, y acusó al fiscal del gobierno de Francia, Patrick Fievet, que investiga supuesto lavado de dinero en la campaña del PRI en 1994 y las transferencias bancarias de los hermanos Carlos, Raúl y Enrique Salinas- de llevar a cabo una acción ``intervencionista'', al pretender involucrar en actos delictivos a instituciones políticas y ciudadanos de México ``con intencionado desconocimiento de la realidad y las leyes'' de nuestro país.

La arremetida del ex presidente de México y su abogado contra el fiscal francés ameritó un nuevo escrito del penalista a la PGR, en el cual ofrece las argumentaciones que sustentan la denuncia que hace poco más de una semana presentó por hechos atribuibles a Fievet y que son, presumiblemente, constitutivos de delito.

Asimismo, advierte Albor que en el caso de Gerardo de Prevoisin, ``ningún órgano judicial mexicano, sea del fuero federal o común, ha iniciado a la fecha un juicio en su contra'' por actividades de lavado de dinero. En México, el ex director de Aeroméxico -prófugo desde septiembre de 1994- enfrenta nueve juicios civiles y mercantiles, pero ninguno de ellos es ``de naturaleza penal'', apunta el abogado.

El fiscal federal francés -de acuerdo con publicaciones del 5 y 10 de junio pasados- emitió una serie de declaraciones en las que aseguró que existen indicios de que las aportaciones por 8 millones de dólares que el ex director de Aeroméxico Gerardo de Prevoisin hizo al Partido Revolucionario Institucional para su campaña político-electoral de 1994, podrían estar relacionadas a operaciones de lavado de dinero ilícito.

De acuerdo con la información acreditada a Fievet, en 1996 las autoridades de Francia iniciaron una investigación sobre las operaciones bancarias de los Salinas en territorio francés, por presunto lavado de dinero. Estas pesquisas se llevan a cabo en coordinación con la Procuraduría General de Suiza, pues los 140 millones de dólares descubiertos a Raúl en bancos de esa nación fueron transferidos de otros países, con el supuesto fin de ocultar su origen.

Entre los países que habrían sido utilizados para el blanqueo de los Salinas está Francia, donde se descubrieron transferencias que por 10 millones de dólares hizo Raúl Salinas a las cuentas de su hermano Enrique en bancos parisienses. Otros depósitos -continúa la información- a las mismas cuentas de Enrique fueron girados por el ex presidente de México.

Sobre estas operaciones, Fievet interrogó ``en calidad de testigo'' a Carlos Salinas de Gortari los pasados días 4, 5 y 6 de marzo en Dublín, por la vía del exhorto internacional (carta rogatoria). Según lo que el fiscal francés filtró a algunos periodistas mexicanos, el ex mandatario se negó a acudir a un juzgado de Francia ``porque eso le acarrearía'' problemas, y en el interrogatorio se reservó su derecho a responder diversos cuestionamientos relacionados con su situación financiera y las transferencias que realizó a las cuentas de su hermano Enrique.

La presunta relación entre Salinas y el ex director de Aeroméxico, acusado de un fraude por alrededor de 70 millones de dólares contra la aerolínea, se habría dado a partir de ``la orden'' que recibió De Prevoisin para transferir 8 millones de dólares como apoyo a la campaña del PRI.

Fievet, intervencionista; desconoce las leyes mexicanas: Albor

Por medio de su abogado en México, Mariano Albor Salcedo, el ex mandatario mexicano reaccionó inmediatamente, procediendo a presentar una denuncia contra los actos del fiscal Fievet en México.

La denuncia contra el representante judicial francés (La Jornada, 15 de junio de 1998) le atribuye la violación al principio de secrecía de México, Francia e Irlanda, además de pretender calificar como ilegítimos actos que las leyes mexicanas consideran legítimos y legales, en el caso de las aportaciones al PRI.

El expediente de denuncia fue turnado a la Dirección General de Asuntos Legales e Internacional de la PGR. Albor, responsable del escrito, pidió a las autoridades mexicanas investigar la conducta de Fievet y llamar a declarar a Ignacio Pichardo Pagaza, María de los Angeles Moreno y Oscar Espinosa Villarreal, quienes en 1994 -año de las aportaciones- fungían como presidente, secretaria general y tesorero del PRI, respectivamente.

Asimismo, solicitó la comparecencia de Olivier Bove, responsable de prensa de la embajada de Francia en nuestro país, con el fin de que declare sobre las conductas de Fievet. De acuerdo con la denuncia de Albor, funcionarios del área de prensa de la representación diplomática francesa habrían colaborado en la traducción de las declaraciones del fiscal a la prensa mexicana.

En el nuevo expediente con las argumentaciones que sustentan la denuncia (enviado el 19 de junio a la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo de la PGR), Albor pide a las autoridades intervenir para frenar los actos de Fievet en México. ``Estamos a tiempo de evitar procedimientos penales extranjeros que afecten sin fundamento ni razón a los mexicanos. Se trata de aplicar las categorías institucionales del derecho nacional'', expone.

Para el penalista mexicano, ``Patrick Fievet, con una acción intervencionista lleva a cabo un procedimiento de investigación penal en el cual ha sindicado a instituciones políticas y ciudadanos mexicanos. Y lo hace con intencionado desconocimiento de la realidad y las leyes de México. De aquí que sus conductas, salvo error de apreciación de mi parte, resulten punibles''.

Considera que el fiscal extranjero acusó al PRI de realizar operaciones de ``reciclaje (lavado) de dinero para destinarlo a sus campañas políticas (y) con un criterio fundamentalista'', y asegura que en estos hechos tuvieron intervención ``las más altas autoridades del país en ese tiempo''.

Ante ello, advierte Albor, presentará las pruebas necesarias para ``acreditar que la investigación del agente francés es un acto de intromisión en aquello que sólo atañe a los mexicanos y que su conducta contiene un sentido finalista que afecta los bienes protegidos por las normas penales, nacionales e internacionales''.

El PRI no blanqueó capitales ni lavó dinero como lo asegura el fiscal Fievet y ``ningún miembro de su Comité Ejecutivo Nacional tuvo intervención en actos que pudieran tipificarse como actos constitutivos de operaciones indebidas de dinero'', afirma.

La denuncia que presentó Albor contra el funcionario del gobierno de Francia aclara que los 8 millones de dólares que en su momento aportó De Prevoisin a la campaña del PRI en 1994, se enmarcan en lo permitido por la legislación electoral mexicana para el financiamiento de los partidos políticos, por lo que ``las afirmaciones de Fievet afectan política, jurídica e históricamente'' a las instituciones mexicanas, incluyendo a la Presidencia de la República y al Congreso de la Unión.

De los 9 juicios a De Prevoisin, ninguno de carácter penal

Para acreditar que el ex director de Aeroméxico no tienen pendiente ninguna acusación en México que lo vincule al lavado de dinero, Albor ofrece a la PGR datos generales de los juicios civiles y mercantiles que involucran a Gerardo de Prevoisin y que se ventilan en diversos juzgados civiles del Distrito Federal.

Subraya el abogado: ``Su situación patrimonial (del ex director de Aeroméxico) y sus relaciones como funcionario de esta empresa dieron lugar a procedimientos de . carácter privado, juicios civiles y mercantiles, que están en trámite. En estos juicios se litiga sobre diversas materias, entre ellas se incluyen las disputas por sumas de dinero y se excluye que los hechos sean de carácter penal; nada de lo que en ellos se ventila tiene el carácter ilícito que le atribuye el fiscal francés''.

Los juicios a los que hace referencia Mariano Albor Salcedo se ventilan en los juzgados 3, 12, 15, 19, 39, 44 y 48 en materia civil del Distrito Federal y todos ellos tienen que ver con demandas de naturaleza mercantil y civil.

En su escrito, el abogado pide a la PGR girar los oficios respectivos para recabar las copias certificadas de dichos expedientes ``para acreditar la naturaleza civil y no penal de aquello que en este campo se le atribuye a Gerardo de Prevoisin Legorreta como hechos generadores de dinero''.