La Jornada 22 de junio de 1998

ACNUR: ignoramos si chiapanecos intentaron refugiarse en Guatemala

Blanche Petrich Ť La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) con sede en México ``nunca tuvo conocimiento, ni por parte del gobierno guatemalteco ni del mexicano'', de algún intento reciente de desplazados chiapanecos de cruzar la frontera y buscar refugio en el país vecino del sur. ``Y si lo hubo, cosa que nosotros desconocemos, no ha de haber sido un grupo grande'', aseguró en entrevista Michel Gabaudan, representante del organismo.

Agregó que ``en caso de que se produjera'' una situación de ese tipo, el ACNUR tendría que asegurarse de que los que crucen la frontera México-Guatemala efectivamente cumplan los requisitos para calificar como re- fugiados conforme a la Declaración de Cartagena (1994), que reconoce el fenómeno de refugio masivo y de la cual México es firmante, o la Convención de Ginebra (1951), que acoge a quienes sufren discriminación o persecución en su país de origen.

Subrayó que en relación con los cerca de 16 mil desplazados que ha generado la crisis chiapaneca de 1995 a la fecha, el ACNUR no tiene mandato institucional para intervenir en forma alguna. Sólo de manera excepcional ese organismo atiende casos de desplazamientos internos, y para ello se prevén dos mecanismos: o el secretario general de la ONU lo solicita al gobierno del país en cuestión o éste lo pide al ACNUR, que lo consulta previamente con el secretario general. Al respecto, el gobierno sede y la secretaría general acuerdan las prerrogativas específicas para tal acción, explicó.

El ACNUR, que formalizó su presencia en México en 1982, administra dos proyectos simultáneos con vistas a que ``después de 16 años de asistencia ya se están acabando los recursos internacionales destinados para la atención de refugiados en México'', agregó.

El proyecto de repatriación, reconocido por el ACNUR como ``la solución óptima'', ha asistido el retorno de cerca de 39 mil personas hasta marzo de este año, procedentes de los tres estados receptores (Quintana Roo y Campeche, además de Chiapas) y ayudará a entre 8 mil y 10 mil más. El proyecto de reintegración local ha logrado la documentación de unas 6 mil con visas FM2 de inmigrantes.

Durante el régimen del anterior gobernador interino, Julio César Ruiz Ferro, el proyecto de reintegración local se vio frenado ``por la renuencia de las autoridades''. Después de la matanza de Acteal, reconoció Gabaudan, ``hubo temor de que el gobierno mexicano diera marcha atrás en el plan de reintegración de refugiados guatemaltecos''. Sin embargo, hace una semana lograron luz verde del actual mandatario, Roberto Albores.

``En el mejor interés de la relación''

``Entendemos que la solución definitiva a la etapa de los refugiados guatemaltecos es en el mejor interés de la relación entre los dos países'', apuntó el diplomático.

Según ese acuerdo, en Chiapas se formalizarán 107 asentamientos con 12 mil personas como población integrada en México, la mayoría de ellos en Trinitaria y Comalapa, que ofrecen las mejores condiciones de posada; 5 mil mantienen su opción por el retorno. En Chiapas y Quintana Roo se integrarán entre 10 mil y 11 mil guatemaltecos.

A la preocupación expresada por algunos sectores por la ausencia de organismos internacionales en la asistencia a los desplazados, Michel Gabaudan respondió: ``Hemos leído que Carlos Fuentes y algunos otros intelectuales han reclamado al ACNUR por no ayudar a la atención de esa población. No nos abstenemos por falta de humanismo. Al contrario, nuestra vocación es la labor humanitaria. Pero institucionalmente no tenemos mandato para intervenir en situaciones internas''.

Debido a su legalidad interna, el Alto Comisionado no tiene incumbencia en la crisis chiapaneca. ``Nuestra situación es diferente a la de la titular del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Mary Robinson. Ella sí tiene facultades de interpelación''. Por esa misma razón, señaló como ``muy relevante'' el hecho de que el gobierno mexicano y el Comité de la Cruz Roja Internacional (CCRI) hayan replanteado sus relaciones, y que ese organismo actúe en Chiapas.

La cara oculta del problema: Refugiados

En su número de enero de 1996, la revista oficial del ACNUR, Refugiados, califica el problema de los desplazados -sobrepasan los 15 millones en todo el mundo- de ``cara oculta del problema'', y recuerda que las necesidades humanitarias de esa población ``demasiado a menudo caen en el olvido''.

En Sudán hay 4 millones y en Bosnia Herzegovina, Sudáfrica, Sierra Leona, Liberia, Irak y Turquía van de un millón a dos millones. La revista registra las poblaciones desplazadas en Latinoamérica: Colombia, 600 mil en esa fecha, aunque ya pasan del millón; Perú, 480 mil, y Guatemala, 200 mil.

En el caso colombiano, donde el ACNUR ha estado más cerca de atender a la población desplazada, está activo el CCRI y el organismo abrió una pequeña oficina en Bogotá ``a petición del gobierno colombiano'' -anotó Gabaudan-, desde donde se supervisan y trabajan los esfuerzos de la institución por buscar condiciones de refugio de esos desplazados en Ecuador, Venezuela y Panamá.

De las 22 ``principales operaciones del ACNUR en favor de los desplazados'' sólo una se desarrolló en América (Nicaragua, 1990). Después de las elecciones se produjo el retorno de 700 mil refugiados y el ACNUR operó por primera vez su Proyecto de Impacto Rápido en atención a los retornados y a miles de soldados desmovilizados. También en Guatemala se operó con desplazados que, al retornar a sus lugares de origen después de la guerra, requirieron asistencia para la gestión de su documentación personal.

Los otros dos ``grandes casos'' de intervención del ACNUR fueron en Irak y la ex Yugoslavia. En el primero fue ``un esfuerzo de socorro humanitario'' para la población kurda del norte, amenazada por Bagdad por su apoyo a las fuerzas aliadas en la Guerra del Golfo. En la antigua Yugoslavia se emitió un mandato especial del secretario general para auxiliar a 1.3 millones de víctimas de la limpieza étnica en Bosnia y a un gran grupo de serbios de la región de Krajina, en Croacia. ``Allí se justificó el mandato especial, debido a la gran complejidad de una situación en la que era imposible determinar quién era refugiado y quién no''.