Unión Progreso, Chiapas. Todavía estaba oscuro cuando miles de soldados y policías estatales se desplegaron sobre las laderas, en una maniobra envolvente para tapar las salidas a los pobladores de este ejido. Antes del amanecer del 10 de junio, habían completado el cerco sobre esta comunidad habitada por indígenas tzotziles simpatizantes del EZLN. Aquí murieron cinco jóvenes campesinos y dos fueron detenidos.

Vicente Gómez recuerda: ``Eran las 5 y media de la mañana cuando rodearon el pueblo. Luego entró un camión sin luz y ahí los toparon. Los policías bajaban en silencio y los vehículos venían con las luces apagadas. Los muchachos a lo mejor se espantaron y se escondieron en el arroyo a la orilla de la milpa, ahí ni monte hay, está pelón. Ahí los agarraron y dispararon'', dice y señala un pedazo de cerro quemado.

``No fue enfrentamiento porque no tenían armas ni hubo combate porque sólo se escucharon cuatro ráfagas de la policía y luego hubo puro silencio. Para nosotros que los encontraron y les dispararon a mansalva'', explica Vicente, convencido -como todos en el pueblo- de que a los muchachos los ejecutaron.

``Los siete jóvenes habían salido poco antes a trabajar en el campo, porque nosotros nos dedicamos a cultivar café, maíz, frijol. Ellos tenían el plan de trabajar colectivamente. Así rozaron y quemaron su milpa, ahí mismo donde los mataron y se los llevaron'', explica Adolfo Gómez, padre de uno de los muertos.

``No sabían que venía la Seguridad Pública, el Ejército federal, la Policía Judicial y los guardias blancas de Los Plátanos. Eran miles de policías y soldados. Había cuatro guardias blancas que entraron acompañando a los atacantes. Venían vestidos con uniformes de la SP y bien armados, dos llevaban pasamontañas'', explica Adolfo.

En el relato colectivo, los indígenas señalan que llegaron 23 carros de federales que se estacionaron en el camino que va a Los Plátanos, 500 metros arriba de la comunidad. A las 6 de la mañana, cuando clareaba, 26 camiones de la policía entraron hasta el pueblo, después de traspasar ocho kilómetros de un empinado camino de terracería.

La Seguridad Pública detuvo a 28 campesinos que esperaron en la tienda la llegada de la policía.

``Como a las 7 de la mañana se escucharon cuatro disparos de ráfaga, fueron los únicos. Después llegó un comandante de la SP y dijo: tres de sus compañeros están heridos y uno muerto'', relata Adolfo.

``Un periodista estuvo y quiso tomar foto del muerto que supuestamente tenía un arma, pero no lo dejaron. No manejamos armas. Sólo el gobierno está a gusto diciendo que el muchacho tenía arma'', dice Adolfo.

En el monte quedaron las huellas del arrastre de los cuerpos. Sangre. En la tranca de fierro dejaron el palo que utilizaron para cargar, amarrado, a uno de los muchachos. ``Como si fuera animal'', dice con dolor un joven.

Adolfo clava la mirada en el suelo: ``Desaparecieron siete indígenas, de los cuales dos están detenidos, según dice la prensa. Los otros cinco nos los entregaron en cajones, pero no lo sabemos si son ellos''.

Vicente tiene 35 años, pero en la comunidad es considerado mayor debido a que la esperanza de vida en la región no llega a los 50. Con voz pausada, conteniendo las lágrimas y la indignación, relata: ``No sabemos bien qué pasó con los siete compañeros. Sabemos que uno estaba muerto y que a los demás se los llevaron vivos rumbo a la cabecera municipal. Por eso gente de otras comunidades los vio vivos. En la prensa dicen que dos están presos''. Ellos son Mario Sántiz Ruiz y Sebastián Gómez Gómez -un adolescente de 15 años-, quienes han sido sometidos a presiones psicológicas y tortura para declararse milicianos y denunciar la ``conjura zapatista''.

Adolfo Gómez relata: ``Yo no vi nada porque salí con mi esposa y la mujerada con los niños. Todavía nos dio chance de escapar. Los de la Seguridad Pública bajaron todo el filo del monte, iban atrás de nosotros, nos metimos dentro del agua para que no vieran dónde estábamos yendo. Empezaron a las seis de la mañana; hasta las 10 nos persiguieron. Eramos 168 personas que huíamos, eran mujeres y niños.

``Ahora no sabemos qué vamos a hacer, porque no podemos salir a ningún lado. Los policías de Seguridad Pública y los priístas nos quieren agarrar. No estamos peleando con otros pueblos, por eso no entendemos por qué el odio''.

``Ese fue el trabajo que hizo el gobierno''

``El 13 de junio -recuerda Vicente- entregaron cinco cuerpos que aquí los enterramos, pero ya no se podían reconocer. Estaban muy foridos y muy hinchados, todos desfigurados. Por las fotos no se conocen tampoco porque estaban muertos. No sabemos si son o no son. `¿Qué tal si son los compañeros?', dijimos. Por eso los enterramos, pero no sabemos si son.

``Los cinco compañeros que mataron eran puro jovencito'', dice.

Se llamaban Andrés Gómez Gómez (25 años), Bartolo López Méndez (22), Lorenzo López Méndez (18), Adolfo Gómez Díaz (20) y Antonio Gómez Gómez (20).

``Eran jóvenes solteros con estudios de primaria que habían decidido trabajar juntos la milpa y el cafetal, pero eso lo acabaron los policías''.

A espaldas de Vicente está la gran explanada de tierra donde fueron colocados los ocho féretros de sus compañeros muertos (tres de Chavajebal y cinco de Unión Progreso), donde se vivió la macabra escena de reconocer a los irreconocibles. La venganza contra los zapatistas de San Juan de la Libertad fue entregarles a sus compañeros en estado de putrefacción.

``Los quemaron bien tostados, (cuando) llegaron ya no se conoce, no se ve el ojo ni la cara. Los trajeron bien cabrones a todos. Ese fue el trabajo del gobierno''.

``Los vamos a capar'', gritó un policía

Los hombres del pueblo y algunas mujeres se juntan en la tienda cooperativa. A un lado del pequeño cuarto de madera, los rostros tristes y enjutos van poblando con sus recuerdos la tarde lluviosa.

Algunos relámpagos aparecen en el cielo remarcando el drama de este ejido, ubicado en el fondo de una cañada que divide los municipios de San Andrés y San Juan de la Libertad (El Bosque).

En la versión oficial, los enfrentamientos ocurridos durante el operativo policiaco y militar que incursionó en tres poblaciones tzotziles de este municipio de Los Altos, con el objeto de cumplir seis órdenes de aprehensión relacionadas con tres homicidios.

El saldo oficial de las acciones -en versiones contradictorias- fue de 11 muertos (ocho indígenas, dos policías y un soldado), 53 indígenas detenidos y al menos diez heridos (tres indígenas y siete ``elementos de seguridad'').

El procurador estatal, Rodolfo Soto, declaró a las 3 de la tarde de ese día que había ocho bajas zapatistas (seis muertos y dos heridos), pero luego comenzó la confusión de las cifras. Hasta que llegaron, tres días después, los cuerpos sin vida de ocho indígenas.

En Chavajebal los policías saquearon unas 300 casas y las tiendas. En Unión Progreso, todas las 26 casas y las tiendas cooperativas.

``Vinieron a vengarse de la muerte de los priístas de Los Plátanos, pero no fuimos nosotros, no tenemos delito ni problemas con ninguna comunidad'', dice Vicente Gómez.

``Los hombres del pueblo esperamos a que llegara los ejércitos. Eramos 28 personas, a todos nos detuvieron y nos pusieron tirados mirando el suelo con las manos atrás de la nuca, por lo que ya no pudimos ver lo que hacían'', dice con coraje Sebastián Gómez.

Cuando llegaron las fuerzas del orden, un policía gritó: ``Primero fueron los muertos de Los Plátanos, ahora les va a tocar a ustedes, los vamos a capar'', recuerda Sebastián.

Vicente interviene: ``Pasaron como diez personas a preguntar los nombres. Luego nos metieron a un camión torton. El mismo con el que trajeron a nuestros muertos. Los policías traían una lista, luego verificaban si eran los verdaderos los nombres que dábamos''.

``Cuando estábamos en el camión -sigue Vicente- los policías y los soldados empezaron a robar todas las casas. Se llevaron televisiones, grabadoras, dinero, herramientas, puercos, hasta un novillo. Vinieron a comer y cagarse en las cocinas''.

De las tiendas se llevaron 174 mil pesos y en total, de toda la gente de la comunidad, un millón 176 mil pesos. El carro comunitario lo desvalijaron. En tres vehículos se llevaron todo.

``No necesitamos ayuda del gobierno, no vamos a llorarle al gobierno para que nos dé algo, pero luego vienen a robar, no se vale''.

``Lo que más sentimos es que mataron a los más jóvenes'', afirma Adolfo.

Los interrogatorios y las ``pruebas''

Cuando los indígenas estaban en el piso, arreciaron los interrogatorios: ``A algunos les pegaron para subir al camión porque no entendían el español. A otro lo amarraron porque no quería aceptar lo que ellos decían de que teníamos cosas de la guerrilla. Lo amarraron y lo acusaron de tener uniformes y pasamontañas'', cuenta Miguel Hernández.

``Nos llevaron amarrados hasta la cancha: `¿Dónde están las armas?', `¿dónde están los armados?', nos preguntaban''.

Los indios decían una y otra vez que nada sabían. Sebastián recuerda que respondieron: ``Si estuviéramos armados no estaríamos aquí esperando que nos vengan a chingar''.

A él le pusieron una gorra y un pasamontañas en el hombro. ¿Para qué? ``Me tomaron fotos y video los de Televisa. Eso para que digan que capturaron a uno del EZ, pero no es cierto''.

Los policías no los dejaban alzar las cabezas. Y presionaban, con amenazas de dispararles.

El delegado indígena recuerda que ``la prueba que usaron para decirnos que éramos zapatistas era una manta que decía: `Exigimos cumplimiento de los acuerdos de San Andrés firmado por el gobierno y el EZLN'''.

Vicente dice que las autoridades informaron haber decomisado varios rifles calibre 22, además de bombas molotov, ``pero eran los mecheros que usamos para alumbrarnos''.

Más tarde, los subieron a los camiones y les dijeron que los iban a llevar detenidos. Pero llegó la contraorden y los liberaron.

Antonio Gómez González fue uno de los maltratados por los agentes del orden. ``Como siete policías de Seguridad Pública me amarraron con un lazo, después me agarraron de pies y manos y se montaron sobre mí varias veces''.

Una y otra vez, los indígenas insisten en que los policías fabricaron pruebas. Antonio Gómez cuenta que un elemento de Seguridad Pública ``le puso un pasamontañas a un compañero, le dio en sus manos un rifle R-15 y le tomo fotos y video''.

¿Quién les va a creer?

Sebastián Gómez está en el hospital. Su padre, del mismo nombre, dice que a su hijo lo están presionando para que se declare miliciano zapatista.

``Somos bases de apoyo, no tenemos armas ni manejamos eso. Lo que mencionan los periódicos no es cierto. Son mentiras. A lo mejor han torturado a Sebastián y lo han amenazado con matarlo para que diga que sí disparó'', dice Antonio.

``El gobierno usa como pretexto eso para que haya agresiones en las comunidades zapatistas. Donde hay grupos que simpatizan con el EZ, ahí empiezan a atacar. Vivimos en el terror de que regrese la Seguridad Pública'', señala Adolfo Gómez.

El padre de uno de los muchachos muertos explica que los priístas de la comunidad de Los Plátanos están promoviendo los ataques, aunque en realidad los problemas son entre ellos: ``Algunos no quieren soldados en su comunidad y otros sí, por eso han matado a su propia gente. Pero como no lo investigan bien no se sabe qué ha pasado, pero el gobierno sí culpa a los zapatistas''.

Con un tono indignado y triste, el padre concluye: ``Los compañeros fueron asesinados por los policías y los soldados como venganza porque somos bases zapatistas. Sabemos que los ejecutaron porque se los llevaron vivos y porque no tenían armas. ¿Quién va a creer la mentira de que siete jovencitos iban a enfrentarse contra miles de federales y policías? Eso no lo cree nadie''.

A don Samuel, mi obispo, constructor de la paz

1. Don Samuel es un obispo mexicano de la Iglesia católica, comprometido con su pueblo y fiel al propio proceso eclesial en la línea del Vaticano II. Cualquiera de sus actividades ha tenido siempre una profunda visión pastoral. Fuerte, como su diócesis y los frutos de su trabajo, se destaca en Chiapas ante la debilidad de los diversos actores, pero ello no lo hace ser, como muchos pretenden, un actor propiamente político. Es un actor eclesial con peso en diversas dimensiones.

Es la eclesialidad de don Samuel, su peso, su autoridad moral, el conocimiento de las causas y de los actores del conflicto, lo que lo hace sin duda ser llamado por ambas partes para ser mediador del conflicto, y eje de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Aún cuando el 13 de octubre del 94 él mismo propone la ampliación de la Conai para darle un carácter más civil, don Samuel no deja de ser obispo ni de actuar como tal. La propia Conai actúa en su torno, con la fuerza, los aportes y los límites de su identidad episcopal. La Conai como tal es civil; don Samuel es siempre eclesial.

Desde 1997, sin embargo, hay claros signos de tensión de ambas partes con esta eclesialidad de don Samuel. Mientras una parte acusaba a su eclesialidad de ser, en su expresión diocesana, proclive al zapatismo, la otra sospechaba que, en su expresión episcopal, pudiera ser susceptible de proclividad al gobierno. Desde octubre de 1997, al interior de la Conai quedaba clara la limitada capacidad de juego para mover la postura estratégica y polarizada de las partes, sobre todo la del gobierno, responsable de las crisis del proceso. A partir de Acteal, y de los nuevos datos de la estrategia gubernamental, la Conai decide comenzar a hacer públicas muchas de las reflexiones que el gobierno en el trabajo confidencial rechazaba. Así, lanza en enero el documento Hacia una nueva estrategia de paz con democracia, que es respondido mediante abiertos ataques hacia la Conai, luego personalmente hacia don Samuel, y más reciente y presidencialmente a su sustento eclesial.

Por tanto, una primera clave de las decisiones del domingo 7 de junio es la dimensión estrictamente eclesial y episcopal de don Samuel, cuyas responsabilidades y acciones no se reducen pero sustentan a la mera labor mediadora. Con ello don Samuel ni deja de ser obispo ni deja de ser constructor indispensable del proceso de paz.

2. Los documentos hechos públicos el domingo 7 reflejan la decisión de don Samuel y después de la Conai, en el marco de una etapa general de crisis del proceso de paz y negociación. El evidente crecimiento de la violencia agudiza la disputa estratégica entre las partes, que es sustantiva, compleja y multifacética.

Lo que ha estado en juego en esta etapa, ha sido:

a) La caracterización del propio conflicto. Mientras que nacional e internacionalmente crece la claridad de que Chiapas es reflejo de un nuevo tipo de conflictos de Estado, el gobierno lo limita a una inviable reedición de los viejos conflictos guerrilleros que los Estados tienen derecho de aplastar.

b) El diagnóstico que explique la rebelión y el conflicto, así como la concepción de paz y de solución derivada de la disputa de diagnósticos (según se considere el problema, se considerará la solución);

c) El estatus del conflicto. El EZLN actuando en la lógica de un conflicto armado interno en medio del cual se da un proceso de negociación, y el gobierno reduciendo el conflicto a un conjunto de problemas locales y de pobreza, que requiere solución al margen de la negociación;

d) Las condiciones y alcances de la negociación política, así como el papel y peso para supeditar al elemento militar. La agenda, el tipo y alcance de acuerdos, y el vínculo de esta negociación con las otras agendas y espacios de la vida política nacional, a pesar de los procedimientos acordados, entran en abierta disputa por el cambio de postura del gobierno federal; mientras, crecen la lógica y actores militares y paramilitares.

e) El modelo de diálogo y negociación, de sus procedimientos y sus reglas de juego. A pesar de que ya está debidamente acordado en San Andrés, el gobierno se mueve ahora en otra lógica con la que pretende impulsar un modelo diferente que busca dar salida más a los actores que a las causas. Se reduce la consideración del EZLN como contraparte representativa con la que es necesario negociar una agenda, para pasar de nuevo a la lectura dura que lo reduce a un actor militar al que hay que derrotar y desarmar.

f) La confiabilidad del proceso de negociación, puesta en crisis por la estrategia del incumplimiento, y particularmente por las dificultades y obstáculos para la reforma constitucional en materia de Derechos y Cultura Indígenas;

g) El proceso de incorporación de otros actores para la solución del conflicto. Mientras una parte entiende que a mayor corresponsabilidad mejores condiciones de solución de fondo, la otra pretende que a menores actores más rápida la solución;

h) El grado y carácter de la colaboración internacional. Mientras una parte la considera indispensable para propiciar los profundos cambios internos que la paz requiere, la otra la considera inadmisible, intervencionista e innecesaria.

Como se ve, todos estos asuntos son de fondo, y explican una etapa general de crisis, en la que la polarización entre las partes se refleja en su respectivo alejamiento de la instancia mediadora. Por ello, la segunda clave a comprender de la decisión de don Samuel y de la Conai es su reconocimiento de que para todas esas disputas la mediación no podía ya, como tal, garantizar la negociación y el cumplimiento de lo acordado, ni propiciar una nueva etapa general favorable a la paz. Constata la crisis, llama a otra etapa propiciando espacios, y pasa a priorizar las tareas de impulsar la nueva etapa mediante la mayor participación de la sociedad.

3. Tomando en consideración todas estas disputas, y constatando que no sería viable la reanudación inmediata del diálogo, se contaba a partir de marzo la ubicación de cinco escenarios posibles, todos ellos activos y no necesariamente excluyentes:

a) La provocación de un incidente militar que involucre directamente al cuerpo armado zapatista, para propiciar una salida militar orientada al descabezamiento del EZLN;

b) Declaratoria gubernamental del agotamiento del marco jurídico y de negociación, sobre la base de asegurar atención de las causas locales del conflicto a través de programas sociales, y la oferta de una amnistía. Es la manera de volver a declarar delincuentes a los zapatistas y volcar la maquinaria jurídico-militar a su aprehensión. Sólo es una variable jurídica de la salida militar;

c) El mantenimiento del impasse tal cual se está dando ahora. El gobierno, hablando de diálogo pero actuando con base en su estrategia militar, continuaría una relativización de todo el tema chiapaneco considerado como la impostura que creció indebidamente, y en suma continuaría esta relativización total que sabe que no tiene soluciones de fondo a corto plazo. Cuidaría de la administración de la violencia, de graduarla pero no evitarla.

d) Diversificación de la violencia, más allá del impasse y la crisis de la negociación. La violencia puede entrar a una fase generalizada e inorgánica en Chiapas por dos vías: 1) por la propia agudización de las contradicciones locales secundarias, cultivadas por la estrategia militar del gobierno y la acción de los grupos paramilitares; 2) y/o por el aceleramiento de confrontaciones provocada por grupos que disputan el poder nacional y la transición del Estado, interesados en poner condiciones de violencia a toda la etapa hacia el 2000. Con este esquema, parecido a la lamentable situación de Colombia, perdemos por un largo tiempo las posibilidades de interlocución necesarias para propiciar una salida política. Este escenario es estrictamente nacional;

e) Un nuevo movimiento nacional, mientras más articulado mejor, que pueda concebir y proponer a tiempo una alternativa estratégica que frene la guerra, vincule la paz con la democracia, y que se signifique por acciones que permitan moverse a las partes.

La tercera clave para comprender las decisiones de don Samuel y de la Conai es la urgencia de evitar los escenarios más violentos, apostando todo el esfuerzo al impulso del nuevo movimiento nacional necesario para hacer viable una nueva etapa por la paz.

4. Las implicaciones de la decisión de don Samuel y de la Conai, son diversas. Valórese por un lado que toman esta decisión en un momento de fortaleza, no de debilidad ni de falta de claridad o de propuesta. No desaparecen como actores. Don Samuel sigue siendo obispo y actor fundamental del proceso de paz, los miembros de la Conai siguen activos en diversos ámbitos y movimientos necesarios para la paz. Con tensión, el problema no era de incapacidad o falta de relación con las partes.

La cuarta clave es, por tanto, la valoración de que lo que está en crisis de fondo son las condiciones generales para la negociación y el impulso de un proceso de paz orientado a la solución de fondo de las causas del conflicto. Esto provoca también la crisis de las condiciones de mediación, la que no comienza el 7 de junio. La Conai ya no era garante para la paz que quieren las comunidades indígenas, por lo que acaba la simulación que conviene al hueco discurso gubernamental. Así, esta decisión puede entenderse como un reposicionamiento dentro de la misma cancha, un movimiento que contribuye a abrir espacios que ayuden a reorientar y dinamizar el movimiento civil para frenar el peligroso impasse y el agravamiento del proceso.

5. En estricto sentido, se desactiva una instancia formal, y se suspende una mediación real. Aunque el colectivo Conai venía siendo prácticamente desconocido por una de las partes, el problema es que la mediación ya no jugaba entre las partes un papel más relevante, porque ninguna de ellas tiene en esta etapa como prioridad estratégica el acercamiento con la otra. Así, se limita la mediación a aquello relacionado con el acercamiento a la otra.

Así, si la paz no es sólo la resultante de la negociación entre las partes, y si los actores corresponsables de la paz no son sólo los actores de la guerra y la negociación, la quinta clave es la necesidad de reflexionar respecto de la conveniencia de un nuevo tipo de mediación civil al que las partes otorguen capacidad de propuesta estratégica y de arbitraje para garantizar y orientar la negociación al servicio del proceso de paz con justicia y dignidad; mediación además reconocida para la interacción con otros actores, tareas y problemas del proceso de paz.

En este sentido fue que la Conai amplió sus actividades a otras áreas, elementos y actores, en la medida en que se complicó y desfasó la propia negociación. Por lo pronto, este servicio amplio al proceso de paz, que no depende sólo de la voluntad convergente de las partes, sino del tipo de negociación y de paz necesarios para resolver de fondo las causas del conflicto, garantiza un campo de acción y aporte que todos los miembros de la Conai continuarán.

Cinco claves que son de aliento. No hay derrota. Hay guerra.

(*) Secretario técnico de la autodisuelta Comisión Nacional de Intermediación (Conai).