Magdalena Gómez
El silencio zapatista, efecto y no causa de la crisis del diálogo

Se ha convertido en lugar común atribuir al llamado silencio zapatista la raíz y la razón misma de la crisis del diálogo. Se olvida así que a partir de septiembre de 1996 se expresaron las razones para la suspensión del diálogo, entre las cuales destacaba el impacto del incumplimiento gubernamental de los primeros acuerdos en materia de derecho y cultura indígenas.

Como sabemos, en ese marco se ubicó el esfuerzo de la Cocopa por elaborar una propuesta de reforma constitucional, con el previo acuerdo de las partes, y la posibilidad de reactivar el diálogo fue abortada por el gobierno federal al no aceptar su compromiso con este procedimiento. Prácticamente durante todo 1997 prevaleció el silencio oficial más absoluto, mientras debatíamos incansablemente contra los argumentos que se expresaron al presentar una contrapropuesta a la de la Cocopa.

En aquellos momentos aún nos parecía viable que se reanudara el diálogo si el gobierno federal aceptaba la mencionada propuesta y la remitía al Congreso de la Unión. Mientras el silencio oficial transcurría, en Chiapas se creaban y apoyaban grupos paramilitares. Por más denuncias que se hicieron ante el peligro y la tensión en esa entidad, tampoco hubo respuesta oficial.

Y llegó Acteal, y fue esta ominosa masacre la que logró que el gobierno rompiera el silencio, intentando argumentar que los conflictos intercomunitarios eran la causa de estos hechos. Fue la reacción nacional e internacional la que motivó que se produjeran nuevos nombramientos en Gobernación y en el responsable de la negociación, a quien se cambió el nombre de su función.

En una primera etapa, tales funcionarios quisieron suplir el silencio con discursos y exhortos al diálogo. El EZLN les reiteró las condiciones para reanudarlo, y todas ellas implicaban restablecer la confianza con hechos para sentarse de nuevo a negociar otros temas. Ante ello, el Presidente de la República pronunció un discurso en Kanasín, Yucatán, sobre qué sí y qué no aceptaba de los acuerdos de San Andrés que había firmado en febrero de 1996. Los nuevos funcionarios, bajo este esquema, retomaron la propuesta de la Cocopa y su contrapropuesta, y anunciaron profusamente que habían enviado al zapatismo cuatro observaciones irrenunciables, y los invitaban a dialogar sobre las mismas.

De ahí para acá vino el llamado silencio zapatista, silencio que no parece encontrar motivos para romperse cuando, haciendo caso omiso de sus propias cuatro observaciones irrenunciables, se presentó el 15 de marzo pasado una iniciativa presidencial de reforma constitucional, que continúa afectando el contenido de los acuerdos de San Andrés. Después vinieron los llamados desmantelamientos de municipios autónomos, que crecientemente incrementan las violaciones a derechos humanos de población civil; la consistente campaña contra Samuel Ruiz y la Conai hasta provocar su autodisolución; la agresiva reacción y trato a los observadores internacionales; las expulsiones de extranjeros, para mencionar algunos ejemplos de las acciones que configuran una estrategia gubernamental que, bajo el discurso de reanudar el diálogo, está provocando crecientemente la instauración de diversas formas de violencia que, como las del 10 de junio, antes de augurar la paz prefiguran un peligroso escenario de guerra.

Ante este recuento cabe preguntarnos si el silencio zapatista es motor de la crisis, y si remediaría en algo que el EZLN puntualmente hubiese dicho: ``No acepto las cuatro observaciones, estoy contra la iniciativa presidencial, me opongo a los desmantelamientos, apoyo a los observadores internacionales, que se cumpla San Andrés'', etcétera, etcétera.

¿No será momento de que el gobierno federal reconsidere su esquema, y bajo una estrategia para la paz adopte decisiones que restablezcan la confianza no sólo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sino de la sociedad? Que se retire la iniciativa del Ejecutivo y se discuta en el Congreso a partir de la de Cocopa, se suspendan los llamados desmantelamientos de municipios autónomos, se libere a los detenidos en dichos operativos policiaco-militares, se reparen los daños causados a las comunidades, se reposicione el Ejército, se rinda un informe serio sobre las investigaciones acerca de la masacre de Acteal...

Todo ello se puede hacer, y no sólo como ``pausa'' para que viaje la Cocopa a Chiapas; se debe hacer para demostrar con hechos que se quieren resolver las causas que dieron origen al conflicto armado que, antes que un problema de legalidad, es un problema de legitimidad y voluntad política.

Ello sería posible si prevalece la razón de Estado ante las actuales estrategias que aducen la violencia y no el consenso.

Aún es tiempo de dar un giro hacia la paz. Se equivoca el gobierno federal si supone que la sociedad civil es acrítica frente al zapatismo.

Si se toma este tipo de medidas, se restablecerá la confianza y seguramente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se sentará a la mesa del diálogo, como respondió en enero de 1994 al cese al fuego, sin esperar siquiera a que la sociedad se lo demande.