PGR: en El Charco hubo enfrentamiento, no matanza

Gustavo Castillo García Ť Es indudable que lo sucedido en el poblado de El Charco --en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, el pasado 7 de junio-- fue un enfrentamiento, no se trató de ninguna masacre, ni hubo siembra de armas ni se torturó a los detenidos para que se declararan integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), afirmó José Luis Ramos Rivera, subprocurador general de la República, al dar a conocer la postura oficial de esa dependencia respecto a lo ocurrido.

En conferencia de prensa, aseguró que las investigaciones realizadas por la PGR no dejan ``la menor sombra de duda de que se trató de un enfrentamiento entre tropas del Ejército Mexicano e integrantes del EPR''.

En contradicción con la cifra oficial de 11 personas muertas, dijo que ``las ocho personas que fallecieron en el lugar de los hechos formaban parte del grupo armado''.

Reiteró que ``no fue una masacre. Fue un enfrentamiento en donde circunstancialmente el Ejército Mexicano fue agredido''.

Ramos Rivera afirmó de manera tajante que el EPR no pone en riesgo la estabilidad política y social del Estado mexicano, puesto que se trata de un ``grupo armado de delincuentes tan focalizado que de ninguna manera puede sentirse un riesgo de desestabilización en nuestro país''.

Pero Ramos Rivera reconoció que ``los estados en donde se ha identificado su actividad son Oaxaca, Guerrero y estado de México, entre algunos otros, pocos todavía, afortunadamente''.

El funcionario dio a conocer la existencia de un video en el que se muestra a los eperristas conviviendo presuntamente con pobladores de El Charco, momentos en los que se toma juramento a lo que señaló como la instauración del consejo directivo que encabezaría al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), así como parte de la reunión sostenida en la escuela de esa comunidad el día 6 de junio. El video entregado a la prensa dura tres minutos, el subprocurador dijo que no podía dar más detalles del contenido total de esas grabaciones.

Al referirse a la versión oficial de la forma en que ocurrieron los hechos, Ramos Rivera puntualizó que se trató de un enfrentamiento, en el cual los elementos de la Sedena se vieron involucrados de manera circunstancial, pues según él, ``el personal del Ejército que integraba la base de operaciones Mejía --menos de 30 elementos-- se encontraba patrullando el lugar, en una operación rutinaria de vigilancia para la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos''.

Sostuvo que ``el encuentro con los vigías (del EPR) apostados (en las cercanías de la escuela de El Charco) fue circunstancial, ya que al darse cuenta de la presencia de los efectivos del Ejército Mexicano, uno de los vigías corrió y se introdujo en el salón o aula en donde se encontraban los integrantes del grupo armado.

En ese momento, los efectivos de la Sedena, según el subprocurador, no sabían que hubiera civiles de las comunidades en la escuela. Explicó que los militares vieron que se introdujeron sujetos armados al aula y rodearon el lugar pidiendo en reiteradas ocasiones que depusieran las armas y se entregaran voluntariamente.

``La totalidad de las personas han declarado esto'' al principio, pero después, corrigió, Efrén Cortés Chávez difiere de la declaración de Erika Zamora ``en el sentido de que antes de darles oportunidad de entregarse, comenzó un tiroteo cruzado entre los dos bandos, es decir el grupo armado y el Ejército Mexicano''.

La versión dada por Ramos Rivera refiere que según las declaraciones ministeriales de Erika Zamora, los presuntos integrantes del EPR ``acordaron romper el cerco militar y para eso decidieron salir de frente porque en ese momento no sabían de qué fuerza disponían, eso explica por qué una de las personas fue encontrada en un extremo de la cancha de basquetbol''.

El subprocurador de la PGR explicó que todos los fallecidos en El Charco ``salieron disparando de frente a tratar de romper el cerco y no lo consiguieron; cayeron abatidos ante los disparos de las tropas mexicanas y se replegaron; algunos se quedaron dentro del aula o regresaron a ella, y otros, heridos, trataron de arrastrarse hacia un lugar seguro''.

Ramos Rivera mencionó que al filo de las 5:30 horas del 7 de junio, se solicitó el refuerzo de la Base de Operaciones Maya, la cual se encontraba a unos kilómetros del lugar de los hechos, pero ``ésta fue agredida con disparos de alto poder desde la montaña'', presumiblemente las detonaciones fueron realizadas por quienes lograron darse a la fuga.

Surgimiento del ERPI

Según lo dicho por el subprocurador general de la República, la presencia de los integrantes del EPR en El Charco obedeció a que ese día se constituyó el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el cual ``no es ningún nuevo grupo armado'', sino que surgió del fraccionamiento del EPR.

Dijo que las razones que se han documentado para que surgiera el ERPI se explican en razón de diferencias en cuanto a quiénes toman las decisiones en ese grupo armado.

Ramos Rivera indicó que la PGR realizó la prueba de absorción atómica a cada uno de los fallecidos y que en todos los casos se comprobó que accionaron armas de fuego y para demostrar que no fueron muertos a corta distancia, se les practicó la prueba de Walker a cada una de las ropas de los acaecidos. La prueba resultó negativa.

El funcionario aseguró que el EPR utilizó como forma de financiamiento el secuestro. Entre las privaciones ilegales de la libertad, comentó el caso del banquero Alfredo Harp Helú, ocurrido en 1994, y añadió que con las declaraciones de Erika Zamora se mencionaron nombres importantes que podrían llevar a la captura de cabecillas del EPR.

Maribel Gutiérrez, corresponsal, El Charco, Gro., 18 de junio Ť Al concluir una visita por esta comunidad, los diputados federales Benito Mirón y Martín Mora manifestaron que hay evidencias de que lo que ocurrió el 7 de junio fue una masacre y no un enfrentamiento, y señalaron que por medio de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, a la que pertenecen, exigirán que se investiguen los delitos cometidos por los militares y se castigue a los responsables de la operación, en la que estuvo al frente el comandante de la 27 Zona Militar, general Alfredo Oropeza Garnica.

Después de observar evidencias de los hechos sangrientos y de recoger testimonios de indígenas mixtecos y quejas sobre atropellos cometidos por las tropas en esta comunidad, Mirón, presidente de dicha comisión, dijo que ``hay elementos suficientes para citar al secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, a comparecer a la Cámara de Diputados para que informe sobre los hechos de El Charco''.

El diputado propondrá también citar a declarar al procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, sobre la participación de la Procuraduría General de la República, que es la encargada de investigar los hechos y de señalar a los presuntos responsables.

A su vez, el diputado federal priísta por el distrito en que se ubica esta región, Salvio Herrera, que también estuvo en esta comunidad, manifestó que ``se deben investigar a fondo'' los acontecimientos del 7 de junio, y consideró que ``los mandos militares tienen la obligación de informar'' a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones de Defensa Nacional y de Derechos Humanos.

Niegan la libertad a Efrén Cortés

En tanto, en Acapulco, el juez cuarto de distrito, Maximiliano Toral Pérez, negó el derecho a la libertad bajo fianza a Efrén Cortés Chávez, uno de los detenidos en la escuela de El Charco la madrugada del 7 de junio, donde se había llevado a cabo una reunión de campesinos con milicianos del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.

El juez federal que lleva el proceso contra Cortés Chávez, el mismo que lleva el de Erika Zamora Pardo, también arrestada en El Charco, aprobó la petición del agente del Ministerio Público federal adscrito al juzgado, para que no se le concediera libertad bajo fianza, con el argumento de que liberar al detenido ``constituye un peligro para la sociedad'', debido a que lo señala como presunto miembro del grupo armado.