Hay elementos para probar su culpabilidad, asegura Del Villar

Humberto Ortiz Moreno Ť El procurador Samuel del Villar anunció investigaciones sobre las presuntas irregularidades en contrataciones gubernamentales en diferentes áreas de la administración capitalina y posibles violaciones a la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, al informar que por los delitos de coalición de servidores públicos y uso indebido de atribuciones el juez 40 penal libró ordenes de aprehensión en contra de 19 ex funcionarios de la PGJDF --cinco de ellos que laboraron incluso en su gestión-- y tres altos ejecutivos de la empresa IBM de México, quienes, hoy prófugos de la justicia, estarían ya tramitando amparos.

Mediante sobornos habría sido manejada ilegalmente la adjudicación del sistema de Averiguaciones Previas y Control de Procesos (APCOP), pasando por encima de la legislación vigente y sin bases de licitación, esbozó el funcionario.

Hay dos ex oficiales mayores, directores de área, coordinadores y subdirectores de la anterior administración en la lista de inculpados por el Ministerio Público.

El titular de la PGJDF informó también que ya está en curso la indagatoria sobre las presuntas anomalías en la gestión de José Parcero como delegado en Gustavo A. Madero, independientemente de otras averiguaciones abiertas sobre corruptelas en diversas áreas del gobierno capitalino durante pasadas regencias.

Precisó que la Procuraduría General de Justicia capitalina reclamará ante la juez Sara Patricia Orea Ochoa al menos la reparación del daño, que asciende a 27 millones 678 mil 512 dólares; o sea, 10 por ciento del presupuesto actual de la institución. Reveló que, inclusive, se investiga cómo fue contratado y a qué tasas el crédito bancario para adquirir el sistema.

Aseguró que este asunto no afecta las inversiones nacionales y extranjeras en la ciudad, pues darles seguridad jurídica es cumplir con las leyes como sustento de sus capitales. Además, lo fundamental es preservar el interés de la población y de los propios inversionistas al vigilar las adquisiciones gubernamentales.

Estos pormenores del caso fueron dados a conocer por el procurador Del Villar durante una rueda de prensa en la que se hizo acompañar por los subprocuradores Margarita Guerra y Tejada y Víctor Carrancá Bourguet, así como por el director de Investigación de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Hugo Vera Reyes.

Tras el cateo realizado anteayer a las oficinas corporativas de IBM de México en Santa Fe, que motivó vacíos informativos, rumores y especulaciones, el titular del Ministerio Público del Distrito Federal confirmó los hechos que confluyen en la indagatoria sobre posibles responsabilidades en el otorgamiento, contratación, adquisición e instalación del sistema APCOP, como lo había informado someramente La Jornada el pasado 6 de marzo, en detrimento del patrimonio y de los recursos tan escasos con que cuenta la PGJDF.

Del Villar aseguró que hay elementos suficientes para probar la culpabilidad de los ex funcionarios de la PGJDF y los altos ejecutivos de IBM.

El delito de coalición de servidores públicos es sancionado por el Código Penal con pena de 2 a 7 años de prisión, multa de 30 a 300 veces el salario mínimo y destitución e inhabilitación de dos a siete años para desempeñar cargos públicos, en tanto que el de uso indebido de atribuciones y facultades prevé de 2 a 12 años de cárcel, multa de 30 a 300 salarios mínimos e inhabilitación de 2 a 12 años para ocupar puestos públicos.

Sin embargo, los indiciados podrán salir bajo fianza en cuanto el juez les decrete el auto de formal prisión, toda vez que el ilícito no es considerado como grave en la ley.

Del Villar Kretchmar explicó que también fueron desatendidas las recomendaciones previas del Programa de Modernización Tecnológica de la PGJDF, sobre los términos en que debía realizarse la adjudicación del sistema.

Consideró que la empresa IBM de México fue incapaz de llevar a buen término sus compromisos contractuales y desarrolló un plan de contingencia mediante un convenio modificatorio en el que varió sustancialmente el objeto del contrato, sustituyendo el desarrollador del sistema adquirido por uno diverso, probado, según se dijo, en Baja California y el cual quedaría instalado en enero de este año.

No obstante, tal cambio redundó en graves daños adicionales a la Procuraduría capitalina, pues el APCOP jamás funcionó, deploró el funcionario y comentó que incluso el propio presidente de la empresa reconoció expresamente, en comunicados de fechas 21 y 24 de abril, esas fallas.

Puntualizó que con independencia de los graves daños causados a la institución y a la sociedad, la PGJDF debe velar por que el servicio público sea realizado con eficacia, eficiencia y honradez.

Del Villar estableció que el ejercicio de la acción penal no puede reconocer a qué gestión pasada correspondieron las responsabilidades, sino solamente aplicar la ley.

En la lista de inculpados figuran los ex oficiales mayores José del Socorro Velázquez, con la gestión de José Antonio González Fernández, y Javier Ponce de León, con Lorenzo Thomas Torres, y los directores ejecutivos de Operaciones de Industrias IBM, Roberto Hiriart Torruco, y de Proyectos, Joaquín Saldaña Otero, y el gerente de Ventas para Industrias y Gobierno, Edgardo Cantú Saldaña.