El monto se deberá cubrir a partir del año próximo: Arrigunaga

Antonio Castellanos Ť El gobierno federal deberá pagar a partir de 1999 intereses anuales por unos 30 mil millones de pesos para cubrir el servicio de la deuda asumida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), afirmó ayer el director de ese organismo, Javier Arrigunaga.

Al participar en una reunión organizada por el Colegio Nacional de Economistas, el funcionario defendió la iniciativa propuesta por el gobierno para convertir los pasivos de Fobaproa en deuda pública, al afirmar que el apoyo al sistema financiero durante los últimos años no se otorgó como un fin en sí mismo, sino como un medio para reducir el impacto de la crisis de 1995 sobre el aparato productivo y la población en su conjunto.

En el mismo foro, Carlos Gómez y Gómez, presidente de la Asociación de Banqueros de México, propuso que la Secretaría de Gobernación participe en el proceso de negociación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la reforma al Fobaproa, ``para no retrasar más la discusión''.

Las secretarías de Hacienda y Gobernación ``deben sentarse'' con los partidos políticos que se oponen a la conversión a deuda pública de los pasivos de Fobaproa, ``para que la reforma no se retrase y este país siga caminando hacia delante''.

La deuda del Fobaproa, contratada por el gobierno como parte del proceso de rescate bancario, asciende a 552 mil millones de pesos, unos 65 mil millones de dólares, cantidad que equivale al 14.4 por ciento del Producto Interno Bruto. De esa cantidad, 260 mil millones de pesos están constituidos por pagarés a 10 años de vencimiento, que respaldan el saneamiento de las instituciones de crédito y forman parte de los activos de los bancos; alrededor de 105 mil millones de pesos es el costo del rescate de los bancos intervenidos, y el resto constituye deuda del Fobaproa con el Banco de México y Nacional Financiera.

Javier Arrigunaga expresó que, hasta la fecha, el gobierno federal ha amortizado unos 100 mil millones de pesos de la deuda total del Fobaproa, que este año continuó en aumento por las operaciones de saneamiento de Confía, Atlántico, Promex y Bancrecer, que en conjunto requirieron apoyos por un monto equivalente a 2.5 por ciento del PIB, alrededor de 95 mil millones de pesos.

Los pagarés entregados por el gobierno a los bancos, por los que debe pagar una tasa de interés equivalente a la de los Certificados de la Tesorería de la Federación, generarán la mayor parte del servicio anual de esa deuda, que el funcionario estimó en 30 mil millones de pesos.

Arrigunaga se refirió también al análisis de la capitalización de intereses por parte del Poder Judicial y advirtió que si se declara ilegal, se agotaría el crédito a largo plazo, con pérdidas adicionales a los bancos que todavía mantienen una cartera hipotecaria por un monto superior a 120 mil millones de pesos. El costo fiscal se incrementaría.

El funcionario habló en el foro de discusión sobre el Fobaproa y el sistema bancario, organizado por el Colegio Nacional de Economistas, y reconoció, al igual que el vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Javier Gavito, que antes de la crisis la supervisión del sistema financiero fue deficiente.

Demandan una investigación a fondo sobre créditos otorgados por Fobaproa

Durante la reunión, los participantes demandaron una investigación a fondo sobre los créditos otorgados por el Fobaproa. La economista, investigadora, diplomática y ex diputada y ex senadora, Ifigenia Martínez, manifestó que el paquete legal sobre el sistema financiero propuesto por el Ejecutivo federal es un ``bomberazo'', que no debe aprobarse en sus términos, porque podría resurgir nuevamente la crisis.

Dijo que el gobierno federal padece el síndrome de ``Michael Jackson: quiere convertirnos en país de primer mundo cuando somos de tercera, igual que Michael Jackson, que quiere ser blanco cuando es negro''.

Ernesto O«Farrill, presidente de la empresa consultora Bursamétrica, afirmó que ante la complejidad de la situación actual es fundamental avanzar en las limitaciones de seguros de depósitos y en el establecimiento de una entidad administradora y vendedora de activos bancarios. La mejor manera de disminuir el costo fiscal es bursatilizar la cartera del Fobaproa.

Según Arrigunaga, la estrategia seguida por el gobierno con el sistema financiero ha rendido sus frutos en términos de crecimiento económico y nivel de empleo. La tasa anualizada del PRI sobre el primer trimestre reportó 6.6 por ciento y el empleo se ha incrementado de manera sustancial.

Las iniciativas del Ejecutivo, agregó, tienen como propósito crear las bases para un sistema financiero más sólido, y lograr el manejo más eficiente y menos costoso de los activos y pasivos adquiridos por el fondo, como resultado de la crisis.

Reconoció que el daño de la crisis fue mayor para las pequeñas y medianas empresas, y el vicepresidente de la CNBV aseguró que las autoridades están dispuestas a dar toda la información necesaria para que se pueda detectar si hubo más fraudes o desviación de recursos.

La maestra Ifigenia Martínez de Navarrete, ex legisladora del PRD, expresó que el gobierno tiene ``una papa caliente con el Fobaproa, porque hay una gran responsabilidad en las medidas equivocadas que se adoptaron''.

Es inaceptable, dijo, el paquete, tal como fue enviado por el Ejecutivo federal. El Congreso, por lo menos los legisladores perredistas que analizan en detalle todas las propuestas, estuvo de acuerdo en que debe llevarse a juicio político al ex gobernador del Banco de México, Miguel Mancera, y al actual, Guillermo Ortiz, que adoptaron todas las medidas después de la crisis de 1994.

Durante la sesión matutina, Isaac Katz, investigador del ITAM, expresó que no aprobar las iniciativas propuestas por el Ejecutivo dejará al sistema bancario operando con una regulación ineficiente que genera incentivos perversos de riesgo moral, en el cual las pérdidas bancarias son absorbidas por la sociedad. Además, se mantendría un sistema bancario caro con un impacto negativo sobre el crecimiento.

En el mismo acto, la senadora perredista Rosa Albina Garavito expresó que el problema del Fobaproa sintetiza el cúmulo de errores y perversiones de la política económica que derivó en la crisis.