Carlos Cabal Peniche, Gerardo de Prevoisin, Jorge Lankenau y Angel Isidoro Rodríguez son ejemplo de lo que en México se conoce con el término general de delitos de cuello blanco, los cuales se han convertido en sinónimo de impunidad, pues inclusive en el caso de que los responsables sean declarados culpables, no existe la manera de obligarlos a restituir el daño que han causado a la sociedad.

En término generales, ellos --y otros también-- han sido acusados de maniobrar con recursos provenientes de los bancos para financiar empresas de su propiedad, sin dar garantías equivalentes al monto de los préstamos. Asimismo, con frecuencia incurren en la irregularidad de los ``autopréstamos'', es decir, que en su calidad de banqueros se conceden valiosos créditos para sus compañías.

En consecuencia, cuando voluntaria o involuntariamente dejan de tener capacidad para pagar los préstamos, simplemente se declaran insolventes y sus bancos tienen que absorber las deudas no pagadas. En apariencia no hay problema, pero cuando se analiza la situación con más detenimiento, lo primero que se descubre es que los préstamos se hicieron no con dinero de los banqueros sino de los ahorradores que confiaron en ellos y les entregaron los ahorros de toda su vida para que los invirtieran y les proporcionaran utilidades.

Si los mencionados personajes utilizaran una pistola u otra arma para quitarle su dinero a los ahorradores, incurrirían en un delito grave, pero como el instrumento utilizado es papel y tinta, no se les considera delincuentes peligrosos y no están expuestos a sanciones severas.

A grandes males, grandes remedios

Así está considerado en la ley mexicana. Muchos legisladores piensan que esta situación debe cambiar y por ello han promovido reformas legales para aumentar los castigos a los delitos de cuello blanco. Pero esto no es suficiente para la sociedad, pues quienes cometieron las infracciones antes de la entrada en vigor de las nuevas leyes ya no podrán ser castigados con severidad. Es lo que se llama el principio de no retroactividad, y por eso los empresarios mencionados prácticamente están libres de la acción de la justicia.

Pero existe una salida. En caso de que haya un riesgo grave para la sociedad, el Presidente de la República puede suspender las garantías individuales en todo el país o de manera parcial, y como parte de ese cambio quienes cometieron un delito pueden ser castigados conforme a lo dispuesto en las nuevas leyes.

Es un recurso extremo y las posibilidades de aplicarlo son muy escasas. No obstante, la propuesta ya está planteada y los promotores de la iniciativa son un grupo de diputados del PRI, entre los que ocupan un sitio destacado los miembros de la representación de Jalisco, quienes además tienen la asesoría y la anuencia de destacados juristas de su partido, como el senador José Trinidad Lánz Cárdenas, cuyos conocimientos sobre la Constitución están más allá de toda duda.

Las razones jurídicas están dadas. Sólo queda una duda por aclarar: ¿La propuesta tendrá el respaldo de los funcionarios públicos que antes de castigar a los culpables de malos manejos bancarios están dispuestos a perdonarlos y a rescatarlos mediante el controvertido Fobaproa?

Por lo pronto, el grupo de diputados priístas está dispuesto a llevar adelante la propuesta y seguramente tendrán de su lado a sus pares de oposición que, sumados, son mayoría en San Lázaro.