En la breve polémica sostenida en este diario con el director jurídico de la Secretaría de Gobernación, Miguel Covián, quedó demostrado que el gobierno federal no debe tener injerencia en el ahora llamado ``desmantelamiento'' de los municipios autónomos de Chiapas. El asunto de los municipios autónomos de Chiapas es local y por lo tanto de los poderes locales y, por supuesto, de los pueblos y comunidades del estado. Sin embargo, el gobierno federal se ha metido en el problema más allá de sus facultades constitucionales, de hecho violando la Constitución general de la república y la soberanía y las leyes de Chiapas.

El gobernador de Chiapas ha tenido buen cuidado de aparentar formas legales para desmantelar, mediante hostigamientos y asesinatos, los municipios autónomos en zonas de influencia zapa- tista. Dentro de estas formas de apariencia legal se ha dado la intervención del Ejército, supuestamente por solicitud del gobierno chiapaneco, como coadyuvante de los policías estatales, aunque es claro para todas las personas de buena fe que la política seguida se inscribe en una cínica guerra de contrainsurgencia y en la coerción del poder sobre amplios sectores de población civil violando derechos humanos, dividiendo comunidades, matando inocentes y obligando a la gente a refugiarse en lugares donde la vida le es todavía más difícil.

Esta apariencia de legalidad se ha puesto en entredicho desde el momento mismo en que la Secretaría de Gobernación ha querido justificar su intervención con interpretaciones extralógicas e indefendibles del artículo 115 constitucional. Peor aún, la misma secretaría se acaba de meter un autogol con las declaraciones recientes del coordinador del diálogo (que no coordina nada hasta la fecha), Emilio Rabasa.

Con gran ingenuidad, Rabasa ha declarado que ``habrá una pausa en los operativos de desmantelamiento de los municipios autónomos y `cualquier otra medida' para favorecer la iniciativa de la negociación directa'' (La Jornada, 16/06/98). ¿Confesión de parte? Obviamente, puesto que con esta declaración está reconociendo que los operativos de desmantelamiento de los municipios autónomos es una política deliberada (inscrita en la estrategia de contrainsurgencia) que no ha terminado y que va a con- tinuar hasta acabar con todos y, además, que es una política de Gobernación (del gobierno federal y no del estatal) que puede suspenderse o continuarse a capricho, independientemente de lo que piensen o puedan hacer las autoridades estatales en uso de su soberanía.

Con esta declaración, Rabasa está diciendo también que la ``negociación directa'' entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional no ha sido favorecida con la estrategia seguida por el gobierno hasta ahora, puesto que se requeriría una ``pausa'' para facilitarla. También está reconociendo dos cosas más: 1) que la política gubernamental no ha sido favorable al diálogo, y 2) que la intención del gobierno es convocar al EZLN a un diálogo con la amenaza, ahora reconocida, de que los hostigamientos y las muertes a los simpatizantes del zapatismo pueden suspenderse pero que podrán continuar; es decir, un eventual diálogo con un adversario frente a un pelotón de fusilamiento.

Confío en que por lo menos la Cocopa haya ponderado adecuadamente los posibles riesgos de los ofrecimientos de Rabasa-Labastida-Zedillo, que se caracterizan por el uso de un doble lenguaje, y que no vaya a servir de señuelo en el marco de una pausa que bien puede no respetarse a la hora de posibles encuentros con el EZLN. Lo que está intentando la Cocopa lo entiendo bien en términos de real politik, pero no deja de ser muy delicada su misión cuando la legalidad y la palabra, para el gobierno, importan tan poco.