La Jornada 18 de junio de 1998

Los detenidos por Casablanca fueron torturados, acusan familiares en LA

Jorge Alberto Cornejo, enviado, Los Angeles, Cal., 17 de junio Ť La juez federal estadunidense Lourdes G. Baird aplazó este día la audiencia en la que los defensores de los empleados bancarios mexicanos aprehendidos por Washington en el operativo Casablanca, definirían si el juicio se realiza en bloque o en forma individual. Ahí, familiares de los detenidos denunciaron abusos de autoridades de este país durante los arrestos, así como actos de tortura física y psicológica.

En la audiencia, reprogramada para el jueves 23 de julio, también se habrá de definir si el juicio se realiza en forma expedita o se le da curso normal, lo que podría demorar varios meses, tiempo en que los acusados de participar en una red de lavado de dinero producto del narcotráfico deberán permanecer recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de esta ciudad.

Vestidos con chamarra verde y pantalón azul marino, uno a uno los 15 empleados bancarios mexicanos, una mujer entre ellos, desfilaron frente a la juez Baird y algunos, por primera vez desde que fueron detenidos, vieron a sus familiares, que estaban entre los asistentes a la audiencia celebrada en el edificio federal Edward Roybal, del centro de Los Angeles.

También se presentaron ante la juez los representantes legales de Bancomer y Banca Serfín, las dos instituciones crediticias mexicanas implicadas en lo que podría considerarse el escándalo financiero más importante de los últimos años.

Asimismo, entre el público se encontraban Alfonso Gurrola Labra, el único de los involucrados que está libre bajo fianza luego de pagar 110 mil dólares en San Diego, California; personal de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Departamento del Tesoro, y dos asesores legales del consulado general de México en Los Angeles, que coordinarán a los defensores de oficio asignados a 14 de los detenidos.

Sí se violó la soberanía nacional

Durante un receso de la comparecencia que duró más de tres horas, Luis A. Carrillo, asesor jurídico de la representación del gobierno mexicano en Los Angeles y quien coordinará la defensa legal de los connacionales, señaló que ``la falta de sustancia y el exceso de protocolo en este juicio se debe a la presión que el gobierno de Washington ha puesto en el caso''.

Agregó que durante la investigación que concluyó con el arresto de más de 50 personas, de las cuales 46 permanecen bajo custodia de las autoridades federales, hubo por lo menos doce incursiones de agentes estadunidenses al territorio mexicano, violando la soberanía nacional.

Además de que los agentes del Departamento del Tesoro habrían cometido varios delitos en territorio mexicano, relacionados con el traslado de grandes cantidades de dinero sin reportarlo a las autoridades, violando también la Ley General de Población, ya que nunca solicitaron visas para efectuar negocios en México sino que ingresaron como turistas.

El abogado Luis A. Carrillo, conocido en esta ciudad por su activismo en favor de los migrantes mexicanos, consideró que el caso de los empleados bancarios es difícil y requerirá de bastante presión del gobierno mexicano hacia su contraparte estadunidense, toda vez que el fiscal William Lyonns, encargado del caso, tratará de convencer a la juez Baird de que los involucrados conspiraron con narcotraficantes mexicanos y colombianos para lavar dinero producto de la venta de estupefacientes en territorio estadunidense.

Dijo que se trata, a todas luces, de desacreditar no sólo al sistema bancario mexicano sino a todo el país, lo que consideró una ofensa y una pretendida colombianización de México por parte de algunas autoridades de Estados Unidos.

Al término de la audiencia, en improvisada conferencia de prensa frente al edificio federal, familiares de los acusados informaron que a partir de este miércoles comenzarían a sumarse a la demanda presentada la víspera ante la PGR por la familia de Manuel Pazzi --ex empleado de Bancomer--, contra agentes estadunidenses por las diversas irregularidades en que incurrieron durante la investigación y detención de sus parientes. Asimismo, los familiares de Katy Kissel Belfer informaron que en la denuncia que presentaron ante la PGR, se incluyen cargos contra los agentes estadunidenses por tortura física.

Por su parte, Laura Cosío, esposa del subdirector de la operadora de bolsa Serfín, Héctor Mourra Lozano, declaró que su marido fue interrogado ilegalmente por agentes estadunidenses después de que fue arrestado en Las Vegas, Nevada.

Dijo que varios de los detenidos habrían sido interrogados de la misma manera, algunos incluso después de que habían tomado varias copas durante la falsa inauguración del casino Casablanca, Agregó que agentes federales presionaron a los detenidos mediante tortura psicológica para que hicieran declaraciones incriminatorias, que están videograbadas en 136 cintas y cuya transcripción ocupa 45 mil fojas.

Este miércoles los familiares de los detenidos se reunirían con el cónsul de México en Los Angeles, José Angel Pescador Osuna, el único funcionario del gobierno que les ha ``echado la mano''.