La Jornada jueves 18 de junio de 1998

Asociación italiana repudia la actitud del gobierno federal en el conflicto chiapaneco

Señora directora: Le solicitamos la publicación de la presente:

Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente de la República; licenciado Francisco Labastida Ochoa, secretario de gobernación; licenciado Roberto Albores Guillén, gobernador del estado de Chiapas

Queremos expresar nuestra preocupación y nuestro desconcierto frente a los últimos acontecimientos en el municipio de San Juan de la Libertad.

Nos parece que otra vez el Gobierno mexicano ha mostrado al mundo su doble cara, aunque declare estar buscando una resolución pacífica al conflicto en Chiapas, manara de proceder ha revelado desde hace mucho tiempo lo contrario: expulsión de los extranjeros, intensificación de la represión contra los municipios autónomos (que en su esquizofrenia reconoció con la firma de los Acuerdos de San Andrés) y, en general, contra las comunidades indígenas.

Los recientes acontecimientos en el municipio de San Juan de la Libertad (precedidos por los ataques en Taniperla, Amparo Agua Tinta, Navil y Nicolás Ruiz) manifiestan la voluntad abierta de provocar el enfrentamiento con el EZLN.

No obstante, con las palabras prometa una resolución pacífica, de hecho siguen con la militarización de las comunidades, los despojos, las detenciones arbitrarias, las torturas, las desapariciones.

Queremos declarar nuestro profundo y total apoyo y solidaridad con los(as) hermanos(as) indígenas cuya única culpa ha sido haber reivindicado una vida digna.

Exigimos entonces:

1. El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

2. El cese inmediato de la persecución contra los municipios autónomos.

2. El abandono de la actitud del gobierno en busca de un choque abierto con el EZLN.

3. La entrega de cadáveres de quienes murieron en el enfrentamientos del 10 de junio en el municipio autónomo de San Juan de la Libertad.

4. La aparición con vida de los desaparecidos.

5. La inmediata liberación de todos los indígenas injustamente detenidos.

También expresamos nuestra más sentida indignación por los acontecimientos de El Charco (Guerrero).

Todo esto nos empuja a pensar que no sólo en Chiapas, sino en todo México es siempre igual y brutal la respuesta del gobierno a quien reivindica y lucha con dignidad por esos derechos básicos, afirmados en muchos tratados internacionales que México firmó y reconoció.

SIMA (Solidarieta Italiana Madri Argentine di Plaza de Mayo) Roma, 13 de junio de 1998

Aclaración del Consejo de la Judicatura

Señora directora: En relación con notas suscritas por el reportero Jesús Aranda, publicadas los días 15 y 17 del presente mes, referente a supuestas irregularidades en la adquisición de un inmueble por parte del Consejo de la Judicatura Federal, en la ciudad de Puebla, Puebla, en mi carácter de contralor del Poder Judicial de la Federación, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

1. El Consejo de la Judicatura Federal adquirió el inmueble ubicado en la avenida Hermanos Serdán número 2, en la ciudad de Puebla, Puebla, con el objeto de instalar nuevos órganos jurisdiccionales, en virtud del crecimiento del número de asuntos que atiende el sexto circuito.

2. Por tratarse de un órgano integrante del Poder Judicial de la Federación, no existe disposición alguna que obligue al Consejo de la Judicatura Federal a recurrir a los avalúos que realiza la Comisión Nacional de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin).

3. No obstante lo anterior, el avalúo que sirvió de amparo a la adquisición correspondió realizarlo precisamente a la Cabin, lo cual hace aún más transparente la adquisición, ya que se acudió a dicha comisión para respaldar, de manera más sólida, la adquisición de dicho inmueble.

4. La adquisición se hizo con base en la normatividad vigente y aplicable al Consejo de la Judicatura Federal, sin que exista irregularidades o falta de apego a las normas administrativas y de control.

5. El Consejo de la Judicatura Federal no ha realizado adquisiciones de inmuebles sin cumplir estrictamente con las normas aplicables, ni sin la vigilancia y control que la ley precisa.

Esta contraloría dispone de toda la documentación sobre este asunto, misma que fue revisada en su momento, que avala y acredita plenamente la presente aclaración y la actuación administrativa del Consejo de la Judicatura Federal.

Atentamente

CP Roberto Du Tilly y Palmer, contralor del Poder Judicial de la Federación.

Respuesta del reportero

Señora directora: En relación con la carta enviada por el contralor general del Poder Judicial de la Federación, Roberto Du Tilly y Palmer, en la que señala que la dependencia a su cargo ``dispone de toda la documentación sobre este asunto'', quisiera hacer las siguientes precisiones:

El funcionario confirma la cantidad pagada por el Consejo de la Judicatura Federal --21 millones 473 mil 437 pesos-- con base a un avalúo elaborado por la Cabin, delegación Veracruz, con fecha de 3 de noviembre de 1997, pero no especifica si se tenía conocimiento del avalúo elaborado por Cabin delegación Distrito Federal, que evaluó el mismo inmueble, pero con un costo de 14 millones 882 mil 580 pesos, con fecha 14 de noviembre de 1997.

También sería interesante conocer por qué, a pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal pagó a la inmobiliaria Zona Esmeralda ``al momento de la firma de la escritura'' --24 de febrero de 1998--, no se negoció ningún descuento con relación al avaluó oficial, siendo que había condiciones para ello. El funcionario no explica, finalmente, por qué se gastaron más de 21 millones de pesos, siendo que había un avaluo previo con un costo menor en 7 millones de pesos.

Jesús Aranda Terrones, reportero

Precisa la Procuraduría de Oaxaca la situación de Raúl Gatica

Señora directora: En relación con el artículo publicado el lunes pasado en la página 29, suscrito por Fidel Luján y en el que da a conocer datos biográficos y de la producción literaria de Raúl Gatica, se hace necesario precisar algunos datos.

Afirma el autor del artículo que ``Gatica está preso y en proceso de sentencia en el penal de Ixcotel, desde el 18 de abril de 1998, por exigir la libertad de indígenas detenidos y torturados en Tuxtepec''.

Sin controvertir acerca de la profesión e inclinaciones literarias del señor Gatica, él se encuentra privado de su libertad en atención a que participó directamente en actos que la ley tipifica como delitos, y que consistieron en privar ilegalmente de su libertad a funcionarios y empleados de los juzgados 2¼ de lo penal, 1¼ de lo civil y de la subprocuraduría Regional de la Cuenca, todos con residencia en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca.

Acciones que tuvieron lugar de los días 15 al 17 de abril del año en curso, fecha en que fue detenido en flagrante delito. Es menester decir que dichos bloqueos los efectuaron so pretexto de la aprehensión, calificada de injusta, de Catarino Torres Pereda y Leandro Marcial Montor, quienes fueron detenidos en cumplimiento a las órdenes de aprehensión libradas por la autoridad judicial en los procesos 359/97 del juzgado 1¼ Penal de Tuxtepec, por la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en agravio de Melquiades Norberto Moreno, y 66/998 del Juzgado 2¼ Penal del mismo distrito por los delitos de despojo, robo calificado y daño en propiedad ajena por incendio en agravio de Graciela Hidalgo Cruz, así como de sus menores hijos Graciela, Angela y Alberto de apellidos Rodríguez Hidalgo.

Cabe hacer notar que los protagonistas de estos asuntos son todos nativos de la región, con la ligera diferencia de que Leandro Marcial Montor y Catarino Torres Pereda gozan de la deferencia y amistad del señor Gatica, no así los indígenas agraviados y mucho menos los menores que presenciaron cómo sus escasas pertenencias fueron quemadas por Marcial Montor y Torres Pereda y sus simpatizantes, agregando a la tragedia de haber perdido a su padre la de verse obligados a acogerse a la caridad pública.

A Gatica ya le fue fijado el monto de las fianzas para que goce el beneficio de la libertad provisional bajo caución, y que es una garantía constitucional que, como todas, le ha sido respetada.

Lic. Roberto Pedro Martínez Ortiz, procurador general de Justicia del estado de Oaxaca