Catean oficinas de IBM en Santa Fe
Humberto Ortiz Moreno Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejecutó ayer un inesperado cateo en las oficinas centrales de la IBM en el Centro Corporativo de Santa Fe, en busca de evidencias relacionadas con la investigación de presuntas irregularidades en la operación de compra-venta del Sistema de Averiguaciones Previas y Control de Procesos (APCOP), cuyo funcionamiento en las 74 agencias del Ministerio Público quedó cancelado --por inservible-- desde el 20 de mayo pasado.
Un numeroso grupo de agentes judiciales, peritos y la representación social acudieron a las instalaciones de la conocida empresa de computación, según fuentes consultadas, con el objetivo claro de encontrar los elementos probatorios de las anomalías y corrupción detectadas en la adquisición del equipo. El dispositivo duró por lo menos ocho horas y se habría conseguido información vital para deslindar responsabilidades.
En estos hechos están involucrados funcionarios de alto nivel de la administración pasada. Inclusive, versiones no confirmadas señalan que el ex oficial mayor de la dependencia, Javier Ponce de León, ya estaría detenido y puesto a disposición de un juez penal que autorizó la revisión para que responda a los cargos que se le imputan, junto con otros servidores públicos.
El cateo serviría, además, para incriminar a altos ejecutivos de la IBM que igualmente, de acuerdo con información recabada, podrían estar en calidad de prófugos al no responder a los citatorios de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
No se niega ni se confirma
Funcionarios de la institución no negaron ni confirmaron la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de los presuntos defraudadores.
Los rumores y especulaciones enmarcaron el operativo realizado por el Ministerio Público capitalino desde una hora aún no determinada de la mañana, supuestamente las 10:00, y concluido a las 18:00. Ante ello, la empresa emitió un comunicado, mientras que la Procuraduría de Justicia, a través de su vocera, Susana Manterola, optó por el hermetismo que propicia la desinformación.
La IBM dice comprender que los requerimientos actuales de la Procuraduría ``pudieran ser diferentes a los de la administración anterior'' y se declaró dispuesta a trabajar con la actual gestión para ``resolver cualquier insatisfacción que pudiera existir con este proyecto''.
Sin hacer alusión al cateo registrado en sus oficinas, la compañía menciona que con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal celebró un contrato cuyo objetivo es modernizar los ministerios públicos y ``el cómo la información sobre los casos criminales en la ciudad de México es reunida, almacenada, procesada, analizada, distribuida y protegida a través de un completo proceso legal desde la investigación inicial hasta el juicio''.
Insiste la empresa en que el diseño y el establcimiento del sistema denominado APCOP cumple con los requerimientos del contrato y su precio es justo, pero reconoce que, ``como cualquier proyecto complejo de integración de sistemas, algunos problemas técnicos aparecen y deben ser resueltos''.
Asegura haber corregido tales fallas a nivel de laboratorio, ``esperando únicamente la autorización de la PGJDF para instalar estas correcciones en todas sus delegaciones y direcciones generales''.
Y precisa que con la instalación de los principales componentes de este sistema fueron procesadas desde su inicio 138 mil averiguaciones previas hasta la suspensión del servicio del APCOP.