Un menor, entre los 11 indígenas ``ejecutados'' en El Charco: Centro Pro

Triunfo Elizalde Ť Un menor -de entre 15 y 16 años de edad-, figura entre los 11 indígenas masacrados la madrugada del domingo 7 de este mes en El Charco, municipio de Ayutla, Guerrero, según comprobaron en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Acapulco, visitadores de cinco organizaciones no gubernamentales encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Rafael Alvarez y Alfredo Castillo, visitadores primero y segundo del Prodh, informaron que la ``investigación de campo'' efectuada la semana pasada para conocer ``de manera directa y detallada'' los sucesos ocurridos en El Charco contra supuestos miembros del Ejército Popular Revolucionario, había permitido conocer que el cuerpo del menor asesinado permanecía semioculto entre los otros diez que fueron hacinados en un cuarto de refrigeración.

``No pudimos mover el cuerpo para examinarlo. Estaba enmedio de otros seis amontonados en una sola gaveta. En el piso, también uno sobre otro, en proceso de descomposición, estaban tendidos otros cuatro cadáveres.

``De hecho, nadie quiso ayudarnos a voltear los cadáveres, por el contrario, fuimos hostigados en todo momento. Se nos trató mal, no se nos prestaron guantes de hule o máscaras para protegernos. El doctor Carlos Estrada, encargado del Semefo, fue el que mayormente nos hizo la vida pesada. Nos estuvo apurando en nuestra labor de observación y negó cualquier dato sobre los resultados de las necropsias, igual se opuso a que hiciéramos el menor intento de cambiar de postura un cuerpo''.

Sin embargo, los visitadores observaron que ``más de un cuerpo presentaba el tiro de gracia''

Alfredo Castillo precisó que tuvieron que ``sugerirle'' al presidente municipal de Ayutla, Olido Romero, que utilizara su autoridad para exigir que los cuerpos fueran enviados a esa cabecera, y que de allí fueran llevados a sus lugares de origen. Estuvo de acuerdo y los cuerpos se recibieron el viernes por la noche.

``Nosotros creemos que las autoridades militares deberán responder con amplitud sobre su proceder: detuvieron a civiles sin contar con las órdenes de aprehensión respectivas, además de que no les correspondía esa acción legal; a los detenidos les fueron violados sus derechos humanos en varios aspectos: se les interrogó sin la presencia de una autoridad civil, se les mantuvo aislados e incomunicados, fueron torturados física y sicológicamente; con los sacrificados se cometieron varios delitos graves; se les realizó la autopsia sin la presencia de defensores de derechos humanos que certificaran heridas, razones de muerte e identificación de personas.

Las investigaciones de campo fueron llevadas a cabo, además de Alfredo Castillo, por Carmen Pedrazini, directora de investigaciones especiales; Magdalena Sánchez y Miguel Angel Pichardo, del Prodh, y representantes de Coyuca de Benítez; de La Voz de los Sin Voz de la Montaña; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos de Chilpancingo, y la Sección de Derechos Humanos del Partido de la Revolución Democrática.