El gobernador Francisco Barrio enfrenta un gran escándalo: el juicio de una sociedad agraviada por el asesinato de más de un centenar de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró gravísimas deficiencias en las averiguaciones previas de 24 casos que analizó de entre los 134 asesinatos de mujeres.

Ante sus recomendaciones, el gobierno del estado respondió que analizaría si respondía a ellas o no. Luego solicitó una prórroga para hacerlo una vez pasadas las elecciones locales. La CNDH aceptó.

Incapaz de reaccionar con sensibilidad ante las demandas de la gente a la que gobierna, la jerarquía panista chihuahuense acumuló torpeza tras torpeza en tan lamentables hechos.

El mandatario chihuahuense siempre les encontró ocultos intereses a quienes discreparon de su gobierno. Ante la oleada sangrienta en Juárez, adujo que el crimen organizado está fuera de la competencia y capacidades de su gobierno.

Sin embargo, durante largos meses el PAN tuvo todas las responsabilidades policiacas. Antonio Lozano era el procurador General de la República; Francisco Molina, ex procurador de Justicia, fue director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas; Arturo Chávez, el actual procurador, era delegado de la PGR; Ramón Galindo era el presidente municipal, y en Chihuahua se inició la sustitución de judiciales federales por elementos del Ejército Mexicano. Además, los segundos mandos en la delegación de la PGR eran, y son, oficiales militares. Todos bajo un solo responsable: el gobernador del estado.

Sólo hasta que los homicidios rebasaron la cifra de 80, y que una amplia movilización estatal de repudio a la violencia y a los homicidios logró que las repercusiones de tan brutal estadística se volvieran nacionales, Francisco Barrio accedió a crear una fiscalía especial y a destinarle magros recursos.

Las explicaciones de los panistas en el gobierno enfadan. ``Son cifras delictivas dentro de la normalidad''. ``No es privativo de Juárez''. ``No se puede afirmar que las mujeres presumiblemente asesinadas por Los Rebeldes no comerciaban con su cuerpo''. Ramón Galindo, candidato del PAN y alcalde juarense con licencia, se queja de la ``gran difusión'' de los homicidios: ``Lamento las muertes de esas mujeres, pero ¿por qué sólo esas? En el mismo periodo también han ejecutado a más de 400 hombres''.

El candidato del Revolucionario Institucional, Patricio Martínez, no se quedó atrás al referirse a las víctimas: ``No venían precisamente de misa''.

Ponen los pelos de punta las fallas en las investigaciones: falta de resultados de los dictámenes periciales y de informes de la Policía Judicial; ausencia de certificados médicos forenses; errores en fechas; fojas sin firmas; series fotográficas que se repiten en los expedientes; falta de fotografías de los cadáveres; ausencia de actuaciones tendientes a la identificación, localización y búsqueda de mujeres desaparecidas; manejo negligente de los casos, con omisiones tan obvias como fallas en las fechas de un hecho en un mismo expediente o la pasividad de semanas ante la denuncia de desapariciones, las cuales sólo fueron reactivadas luego de la localización de cuerpos y diligencias de levantamiento de cadáver, y citatorios sin fundamentación.

El colmo. Una mujer fue declarada muerta y el cadáver con la que se le confundió fue inhumado sin que constaran averiguaciones ni dictámenes de ninguna especie.

Las recomendaciones de la CNDH van desde sugerencias para establecer programas de seguridad pública, averiguaciones y convenios pertinentes, hasta la posibilidad de fincarle responsabilidades a los jefes policiacos, incluido el procurador de Justicia.

De nada servirá la prórroga; el gobierno del estado declaró que la CNDH se salió de sus facultades. Rechazará las recomendaciones.

Poco le importa que en este año se hayan encontrado 18 cadáveres más. Igual que las anteriores: pobres y jóvenes. El drama de todo un pueblo.