Teme AI una ``catástrofe de derechos humanos''

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 12 de junio Ť El incremento de la violencia política durante el último mes en Chiapas y Guerrero podría degenerar en ``una catástrofe de derechos humanos'', advirtió hoy Amnistía Internacional.

El grupo señaló que los incidentes de los últimos tres días han dejado como resultado por lo menos 18 muertos y 79 detenidos, y consideró que ``al parecer está surgiendo un patrón preocupante y los perpetradores de las masacres han salido impunes por sus crímenes, mientras las autoridades mexicanas están deteniendo arbitrariamente a campesinos en zonas consideradas de oposición al gobierno''.

En Chiapas, AI dice haber observado una creciente tendencia ``de utilizar el tema de los `municipios autónomos' como un pretexto para realizar amplias detenciones arbitrarias''. Esta situación, afirma. alimenta la inseguridad en regiones opuestas al partido del gobierno y el temor a acciones paramilitares.

``Han pasado seis meses después de la masacre de Acteal, y aún no se ha llevado a cabo un intento serio para manejar a los numerosos grupos paramilitares activos en Chiapas'', declaró Amnistía. ``Esto indica una falta de imparcialidad en la aplicación de la ley''.

En Guerrero, AI dijo estar particularmente preocupada por informes de posibles asesinatos del Ejército Mexicano en El Charco, el 7 de junio. También señaló las crecientes tensiones en la región al aproximarse el tercer aniversario de la matanza de Aguas Blancas, este mes.

En torno al incidente en El Charco, AI insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación a fondo del asunto, que incluya autopsias independientes para examinar las circunstancias en que ocurrieron las muertes. Comentó que la versión militar del incidente parece ``crecientemente inverosímil'', al conocerse más detalles de la magnitud de la presencia militar en la zona.

Llamó al gobierno mexicano a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad y seguridad de la población civil, a insistir en que sus fuerzas de seguridad respeten las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y a investigar y llevar a juicio a aquellos agentes involucrados en las violaciones de derechos.