Contrariamente a las palabras y los compromisos públicos del Presidente, y en abierto atropello a la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas, el gobierno está imponiendo, casi sin frenos, una paulatina solución policiaco-militar al conflicto político en ese estado. No puede entenderse de otra manera su conducta de los últimos meses, a partir de la matanza de Acteal y de la entrada a la Secretaría de Gobernación del licenciado Labastida y su equipo de operadores y asesores irresponsables. Estos imaginan posible vencer la resistencia indígena mediante la violencia y actos de terrorismo de Estado y provocación; obligar al EZLN a ir a la mesa de negociaciones con una pistola al cuello, y restablecer en esa entidad el poder del priísmo y de la vieja oligarquía local, sacudida hasta sus cimientos por la rebelión indígena iniciada el 1o. de enero de 1994. Esperan, además, que éso no dañe la mesa de negociaciones con los partidos.
Sin embargo, el camino de la terminación práctica de la tregua, enmascarado por los demagógicos discursos del presidente Zedillo y de las hipócritas declaraciones del secretario de Gobernación y del coordinador para el diálogo, sólo conduce o a crear condiciones para intentar el aniquilamiento militar del EZLN o a la prolongación del conflicto con varios años más de violencia, asesinatos, vejaciones y sufrimientos de las comunidades indias.
Ubicado en esa perspectiva, el asalto militar y policiaco al municipio autónomo de San Juan de la Libertad es un episodio más, sangriento e indignante, de la escalada de violencia ``a nombre de la ley'', decidida por el gobierno federal para someter a las comunidades indígenas y derrotar al EZLN. Pues nadie puede admitir las explicaciones oficiales de que la acción fue responsabilidad del gobierno estatal y tuvo como propósito únicamente restablecer el ``imperio de la ley'', así como ejecutar varias órdenes de aprehensión contra ``asesinos y delincuentes'', como afirman las autoridades locales, la Secretaría de Gobernación y Emilio Rabasa. Se trató de una acción de terrorismo de Estado, alevoso e ilegal. No otro significado tiene la participación de más de mil efectivos de diversos cuerpos policiacos y del Ejército fuertemente armados, con tanquetas artilladas y bazukas para atacar a indígenas prácticamente indefensos. Los militares no podrán sentirse orgullosos de esta acción, nada gloriosa, en la que resultaron muertos cuando menos ocho indígenas; siete de ellos estaban en las milpas y ``fueron asesinados cuando salieron corriendo por miedo a los policías''. Se impidió también la presencia de testigos incómodos, especialmente de periodistas y extranjeros para ocultar los rastros de este acto ilegal.
Al día siguiente de la matanza quedó claro el verdadero propósito de la sangrienta acción policiaco-militar: imponer un ayuntamiento priísta en la alcaldía de El Bosque, tres años después de que fuera creado (principios de 1995), por voluntad de las comunidades, el municipio autónomo de San Juan de la Libertad. Ahora los priístas tienen en sus manos la casa de la alcaldía y seguramente les darán presupuesto y apoyos, pero nada más. En este, como en otros municipios tomados por el Ejército y la policía, los ayuntamientos priístas están montados sobre las bayonetas y no podrán gobernar sin ellas. El problema, en suma, no está resuelto.
La existencia de más de 30 municipios autónomos es un problema político y social; tienen una existencia real derivada de la dinámica del conflicto. Se trata de un problema político que no puede resolverse mediante la violencia terrorista ni al margen de las negociaciones a las que se comprometió el gobierno de acuerdo con la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas.
(Tampoco se pueden resolver los conflictos políticos y sociales en Guerrero con actos de terrorismo, como la masacre en El Charco.) La sociedad y sus organismos necesitan buscar e imponer soluciones políticas.