La participación de los gobiernos como actores directos de las campañas electorales es algo proscrito por la legislación federal y de los estados. Sobre todo si se trata de utilizar recursos públicos para apoyar a los partidos políticos. Esta sana indiferencia de los gobiernos -ya sea federal, estatal y municipal- con la competencia electoral es una de las conquistas más importantes de la transición democrática. No obstante, entre la sana indiferencia y la efectiva distancia hay todavía un buen trecho. Los gobiernos siguen siendo parte de las campañas, utilizando los métodos más diversos.

El retiro total, absoluto, de los gobiernos de la política electoral pareciera ser algo imposible. Ningún país del mundo lo ha logrado. Todas las burocracias siempre encuentran la salida inteligente y legal, a pesar de ser moral o políticamente cuestionable. Pero hay excesos. En este año electoral, las experiencias a lo largo del país nos muestran las distintas estrategias de los gobiernos para intervenir en la política electoral. Los recursos oscilan desde la distribución de bicicletas o máquinas de coser, hasta la reparación de calles, focos y el pintado de las banquetas. O bien, utilizando el más sofisticado instrumento: la publicidad gubernamental, caracterizada por el autoelogio, el autorreconocimiento y por la lista de obras y de servicios prestados a la sociedad. La publicidad gubernamental, oportunamente distribuida en el calendario electoral, también resulta ser la más perversa utilización de los recursos públicos en apoyo de los partidos. Por lo menos las obras le dejan algo a los ciudadanos; el gasto publicitario se pierde en los bolsillos de unos cuantos.

La pluralidad política de los noventa hace que nadie se salve de esta moderna y posdemocrática maña gubernamental. Ya no es únicamente el PRI. El PAN y el PRD rápidamente se adiestran en esa forma indirecta de favorecer a sus respectivos intereses, si bien en algunas ocasiones pueden ``deslizarse'' hacia una zona gris en donde la intervención indirecta puede convertirse en una violación de la legislación electoral. Un ejemplo de lo anterior está ocurriendo en Baja California, en donde el PRI -que es oposición en la entidad- ha hecho caer en la trampa al PAN y al gobierno del estado.

En los últimos días, la campaña electoral del PRI ha difundido intensamente un fragmento de la plataforma política del PAN, en el que éste propone reducir la gratuidad de la educación al nivel primaria. Por supuesto, la difusión priísta del fragmento se ha acompañado de sus implicaciones sobre la privatización de la educación en general y de su costo para los padres de familia. La eficacia de este mensaje ya fue probada por el PRI en Jalisco durante las pasadas elecciones locales, en las que el PAN sufrió un descalabro mayor. Se entiende así la gran preocupación de los panistas bajacalifornianos, que ya comenzaron a sentir la eficacia negativa del mensaje del PRI.

No resulta sorpresivo que de manera paralela se haya montado una contracampaña, de enormes proporciones, en televisión, radio y prensa, indicando que no hay tal privatización de la educación. Bueno, hasta aquí no habría mayor problema. A no ser que se considere al responsable de la respuesta a los priístas. Se trata del Poder Ejecutivo del gobierno de Baja California, es decir, de la administración del panista Héctor Terán. La publicidad estatal -que ya estaba presente en la campaña- con la respuesta al PRI se ha multiplicado y vinculado de manera directa a la competencia entre los partidos. Como puede apreciarse, el caso se presta para muchas sutilezas. ¿Se viola o no la legislación electoral?

Desde la lectura de los mensajes de las campañas, sin duda que existe una intervención expresa del gobierno estatal en su debate. No obstante, no creo que para los panistas haya motivo de preocupación. Ya es vox populi que un buen abogado puede incluso lograr una condena para el PRI por difamación. En cualquier caso, lo importante es destacar la terrible simulación -otra más- a la que hemos llegado. Los gobiernos están en las campañas electorales; intervienen en ellas pese a la ``ciudadanización'' del Instituto Federal Electoral o de las instituciones electorales estatales. Participa en ellas pese a las sanas distancias prometidas por los actores de poder político. ¿No era precisamente esa distancia uno de los históricos reclamos del PAN al Revolucionario Institucional? Como diría mi abuelita, todos los partidos son iguales.

* Profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte