La privatización de la banca mexicana benefició a tres sectores: los bolsistas, quienes durante años se enriquecieron en el piso de remates del mercado de valores; algunos pocos banqueros cuyas instituciones habían sido expropiadas en 1982; y un grupo de delincuentes organizados al mando directo de Carlos Salinas, entre los que se encuentran Cabal Peniche y El Divino.

Ningún grupo agraciado fue capaz de organizar bancos consolidados, responsables y serios. Mientras algunos buscaron solamente unas ganancias rápidas, otros se dieron a toda clase de operaciones ilícitas. El desastre de la banca mexicana se inició con la operación privatizadora dirigida desde Los Pinos.

Cuando estalló lo inevitable --la crisis financiera de diciembre de 1994--, el gobierno tomó las medidas más torpes: dejó caer el peso excesivamente y promovió, así, la revolución de las tasas de interés. El fenómeno de las carteras vencidas se generalizó hasta alcanzar mayúsculas proporciones.

Después, en lugar de subsidiar tasas de interés para asegurar capacidad de pago de la gran masa de deudores pequeños y medianos, asumió adeudos pagando con documentos a plazo e intereses capitalizables: la deuda del Fobaproa ha llegado a casi 600 mil millones de pesos, después de los cien mil millones que ya pagó el gobierno en efectivo.

No se conocen las operaciones del Fobaproa sino solamente sus saldos. No sabemos qué clase de adeudos asumió ese fideicomiso del gobierno federal, ni las condiciones de cada uno de los pagarés que hoy posee la banca comercial.

El gobierno, por su parte, presiona al Congreso para que éste asuma lo que no puede hacer en el marco de la Constitución: reconocer una deuda pública que no está destinada a obras que produzcan ingresos públicos. Toda la operación Fobaproa fue inconstitucional e ilegal, pues, además, la Secretaría de Hacienda se encuentra impedida para otorgar garantías sobre créditos que no estén destinados a actividades productivas y cuenten con los avales suficientes. La auditoría legal es tan importante como la contable.

El muerto que Zedillo escondió ha sido sacado del ropero y mostrado en el centro del patio, pero no sabemos exactamente cómo murió. De la necesaria autopsia deberán sacarse nuevas conclusiones que --esperamos-- ayuden a organizar un sistema bancario eficaz y útil.

Pero antes de las conclusiones --del resultado de la autopsia-- el gobierno pretende que el Congreso se haga cómplice de sus propias ilegalidades y, además, modifique algunas disposiciones de carácter financiero para poder vender Serfin a algún banco extranjero y lograr que otros, también del exterior, puedan comprar más acciones de Bancomer y Banamex: lo que sobra de la banca mexicana se quiere poner a subasta internacional.

La reorganización del sistema bancario comercial mexicano debe partir de evitar el oligopolio, diversificar sus vasos de captación, elevar su eficacia y crear instituciones regionales al lado de las nacionales. Asimismo, la actividad bancaria debe ser aislada de las otras de carácter puramente especulativo como el mercado de valores, de tal manera que los grupos financieros no puedan operar en todos los espacios.

Asimismo, es necesario crear una sola Afore pública, para sustraer de la especulación el fondo de retiro de los trabajadores y darle un uso seguro y socialmente justificado.

Tenemos, por lo pronto, un fenómeno en el que la política ha determinado demasiado a la economía, al contrario de lo que ocurre en largos lapsos históricos. Las decisiones presidenciales de remodelación del país no han llevado a otra parte que a un desastre económico. Y, cada vez que se improvisa alguna solución a los problemas creados por los errores del poder público, se cometen nuevos errores, en una especie de vorágine apocalíptica, al cabo de la cual --si no se detiene-- México no tendrá gasto social, banca propia ni capacidad para tomar las más elementales decisiones soberanas.