La violencia represiva como eje de una política de Estado no es más que un signo de la ineptitud de quienes gobiernan, y ese es el caso de Ernesto Zedillo, que a más de la mitad de su sexenio no tiene más armas políticas que la de la fuerza militar y la de la propaganda.
1. Ernesto Zedillo no ha sorprendido por eso al dar un paso más en la escalada de la violencia y lanzar un operativo militar de más de mil efectivos contra las comunidades del municipio autónomo de San Juan de la Libertad, en el norte de Chiapas, y que tuvo un saldo de por lo menos nueve muertos (10 de junio), tan sólo tres días después de las ejecuciones sumarias realizadas por el Ejército federal en El Charco (Guerrero) y que condenara Amnistía Internacional (AI).
2. Las autoridades mexicanas han tenido que hacer frente en las comunidades indígenas de Chiapas al más extraordinario movimiento de resistencia pacífica de nuestra historia reciente, y no han imaginado otra vía para combatirlo que la de la represión. Perdiendo por completo los estribos, el grupo gobernante cree obnubilado que el EZLN va a responder ahora a las provocaciones del Ejército o de los paramilitares.
3. La provocación fascistoide de Zedillo ha fracasado al suponer que los campesinos indígenas deberían defender hasta con las armas sus pertenencias, sus instrumentos de trabajo y su vida y, o la de un familiar, cuando los miembros del Ejército Mexicano actúan con espíritu depredador, como si integraran una fuerza de ocupación: saqueando, destruyendo, violando. Y ese fracaso ha recrudecido su violencia, pues ahora se simulan enfrentamientos donde no ha habido más que simples ejecuciones ante la resistencia civil.
4. La comunidad internacional y amplios sectores de mexicanos están reaccionando con estupor e indignación ante estos últimos acontecimientos, pues saben que el gobierno federal libra una de las guerras más crueles e injustas de nuestra historia, siendo que está obligado por ley a una negociación pacífica que ha saboteado desmantelando el escenario institucional de la negociación.
5. Los gobernantes mexicanos han tenido desde siempre un autoritarismo delirante que les impide dialogar en un plano de igualdad con las fuerzas políticas y sociales del país, y por eso a lo largo de muchas décadas han buscado tener interlocutores a modo, reprimiendo o corrompiendo a los líderes populares, y escogiendo o inventando a sus contrapartes, con las que han que han simulado un diálogo que no ha sido más que un medio para legitimar sus políticas, pero el caso extremo ha sido el de Zedillo que, obligado por la presión internacional, aceptó en 1995 el diálogo con el EZLN para terminar por desconocer lo pactado, e irse por la vía de una guerra abierta contra los pueblos indios, que lo único que muestra es que no tiene autoridad moral para seguir en el cargo.
6. ¿Cómo podrá juzgar la historia a quienes teniendo una mediación valiosa e imparcial como el obispo Samuel Ruiz y la Conai, lanzaron en su contra una campaña difamatoria por el simple hecho de que no aceptó someterse a sus dictados?
7. La paz estaba cercana a inicios de 1996 por el esfuerzo de amplios sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional, pero a fines de ese mismo año Ernesto Zedillo optó por la guerra aduciendo múltiples sinrazones, pero también por una que hoy en día es cada vez más evidente: ocultar su fracaso en el manejo de la política económica. El mismo día en que Zedillo se presentaba en la ONU para pretender que su gobierno lucha contra el narcotráfico, se denunciaba una vez más que el cártel de Cali sobornó a Carlos Salinas y que las instancias financieras de México están imbricadas con el narco (El Universal, 8 de junio).
8. La guerra en Chiapas y en amplios sectores del México rural es de tal suerte la guerra personal de Ernesto Zedillo y de los miembros del grupo salinista, pues con ella buscan ocultar sus ineptitudes, y por eso les urge involucrar en ella a todas las instancias del Estado, y, desde luego obtener la complicidad de los partidos.
9. Quienes desarrollan estas políticas se olvidan, sin embargo, que están sentando un precedente de enorme gravedad, pues no sólo han desconocido una negociación que se hizo legalmente, sino que en su delirio autoritario están también desconociendo la ley para el diálogo de 1995, a la instancia legítima de mediación, a la comunidad internacional que busca enviar observadoros a México. Están también desconociendo el marco constitucional del país que les obliga a respetar los derechos individuales de los mexicanos y los derechos sociales de los pueblos indios, el convenio 169 de la OIT y múltiples instrumentos internacionales.
10. Las políticas irracionales del gobierno actual no llevan más que a un mayor desastre nacional, y por ello urge detenerlo: poner un alto a esa escalada de la violencia a que quiere llevar a los mexicanos para preservar los intereses de unos cuantos.