La Jornada 12 de junio de 1998

Debe comparecer el ex presidente Felipe González por el caso GAL

Afp, Dpa y Reuters, Madrid, 11 de junio Ť El Tribunal Supremo, máxima instancia judicial de España, confirmó hoy que el ex presidente Felipe González deberá comparecer como testigo el próximo día 23 en el juicio que se sigue a 12 ex funcionarios suyos --incluido el ex ministro del Interior, José Barrionuevo-- acusados de haber financiado y organizado los ilegales Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que en la década pasada combatieron a ETA con tácticas de guerra sucia y asesinaron a 28 presuntos separatistas.

González será llamado a declarar en el caso Marey, en el que se investiga la implicación de 12 ex funcionarios en el fallido secuestro del empresario francés de origen español Segundo Marey, quien fue confundido por un líder etarra oculto en Francia, y que fue la primera acción reivindicada por los GAL.

Barrionuevo declaró hace unos días, negó cualquier implicación en los hechos, y exculpó también al ex presidente. Sin embargo, varios de los ex funcionarios han acusado directamente a Barrionuevo de haber ordenado el secuestro de Marey, y afirmado que estas órdenes no pudieron haberse efectuado sin conocimiento de González.

En tanto, el ex responsable del aparato político de la organización armada vasca, Luis Alvarez Santacristina, Txelis, se manifestó hoy contra la insistencia de ETA en cometer atentados, y lo exhortó a declarar una tregua que permita lograr una solución pacífica del conflicto vasco.

La agencia noticiosa Vasco Press citó una carta que Txelis envió a varias asociaciones vascas cristianas que se reunieron en Aranzazu en marzo pasado, en la que afirmó: ``la lucha armada no se puede encausar por decreto y dando la espalda a la voluntad popular, y menos cuando nuestro pueblo exige en voz alta y sin cesar el final del conflicto armado''.

Alvarez Santacristina se encuentra preso en París, y durante su encarcelamiento se convirtió al catolicismo; en su carta se manifestó veladamente contra los últimos cinco asesinatos de ETA, en los que las víctimas fueron concejales conservadores. El primero de estos asesinatos ocurrió en julio pasado con la ejecución del concejal vasco Miguel Angel Blanco Garrido, a quien ETA secuestró para exigir al gobierno español que los etarras presos fueran reubicados en penales del País Vasco. ``Llevamos años luchando contra la dispersión de los presos, y está claro que nada hemos logrado''.

Txelis afirmó que ``el Estado español ha aprendido a asumir y a asimilar las contradicciones y los problemas que le provoca la lucha armada, conoce un desprestigio social y político como nunca antes lo ha vivido'', y consideró que por esta razón vale la pena considerar la vía de la negociación para lograr una solución pacífica.

En tanto, fiscales en el juicio contra los presuntos autores del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara pidieron hoy 32 años de prisión para cada uno de los coacusados, y argumentaron la naturaleza ``cruel'' del plagio. Se trató del secuestro más largo ejecutado por ETA, que retuvo a Ortega Lara durante 532 días como parte de su campaña de presión para que el gobierno reubicara a sus correligionarios presos.