``Sólo algunos'' cadáveres de El Charco pertenecen a rebeldes: ERPI

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) emitió un comunicado en el que aclara que ``sólo algunos de los cadáveres que el Ejército federal retiró de la comunidad de El Charco, Guerrero'', pertenecían a su organización, y advierte sobre la posibilidad de que el resto de los cuerpos pertenezcan a luchadores sociales de la zona, que no son ni han sido combatientes nunca, pero que después de asesinados pudieran haber sido vestidos con uniformes característicos.

La suspicacia del ERPI surgió ante la negativa de las fuerzas armadas federales de permitir a la prensa el acceso al área de combate el día de los hechos y por el acoso de que han sido objeto diversos luchadores sociales en la región.

En su comunicado número uno, precisa que los integrantes del ERPI se encontraban en la comunidad de El Charco en una consulta popular, acompañados por representantes de la población civil, de la cual escuchaban sus planteamientos para elaborar, con base en éstos, los del Ejército Revolucionario.

A pesar de que los integrantes del ERPI tienen instrucciones precisas de replegarse en cualquier sitio en el que perciban acoso del Ejército Mexicano y de eludir el combate o llevarlo fuera de sitios habitados, lo sorpresivo del ataque los obligó a permanecer en el interior del poblado en condiciones desfavorables, debido a la desigualdad que representó el número de efectivos y el armamento.

El comunicado dice que en la reunión de consulta realizada en El Charco ``no participaba ningún comandante de nuestro ejército, por lo que es falso que algunos de los combatientes que cayeron en el combate o que están detenidos sean comandantes del ERPI, como se ha manejado en la prensa''.

El ERPI pidió la ayuda de organizaciones democráticas humanitarias, para que intervengan en defensa de los derechos de los pobladores que han tenido que abandonar sus hogares, ante la falta de garantías físicas e individuales que privan en la zona.

Hacen un particular llamado a autoridades eclesiásticas, para que intervengan en la entrega de los cadáveres y éstos puedan ser sepultados conforme a sus tradiciones familiares. Ante la falta de garantías que también existe para quienes quieren reclamarlos, ``pedimos la intervención de organizaciones sociales y a la Iglesia en particular, para que el gobierno otorgue garantías para que dichos cadáveres sean sepultados conforme a sus tradiciones''.