En la Permanente, agrio debate; priístas rehúyen impugnaciones y atacan al obispo de San Cristóbal

Andrea Becerril y Víctor Ballinas Ť Detener la estrategia de guerra y persecución, de contrainsurgencia, que los gobiernos federal y estatal han instrumentado en Chiapas para eliminar al movimiento zapatista, exigió ayer el PRD en la tribuna de la Comisión Permanente. ``Es urgente la distensión militar'', porque ``hoy más que nunca nos hemos alejado de la paz y la conciliación'', advirtió el diputado perredista Gilberto López y Rivas.

El Partido Acción Nacional coincidió con la parte medular de esos planteamientos, y en voz del senador Luis Felipe Gravo Mena hizo un reconocimiento a la labor del obispo Samuel Ruiz y planteó la urgencia de restablecer la mediación.

El PRI, que casi rehusaba entrar al debate, defendió la postura gubernamental y llenó de adjetivos y acusaciones al obispo de San Cristóbal de las Casas.

El debate sobre Chiapas se llevó cerca de hora y media de la sesión, y lo protagonizaron fundamentalmente legisladores del PRI y el PRD. López y Rivas, Bernardo Bátiz y Demetrio Sodi de la Tijera insistieron en el peligro de que la violencia se generalice, y los priístas Dionisio Pérez Jácome, Marlene Herrera y Oscar López Velarde reivindicaron las acciones del gobierno, en defensa, dijeron, del estado de derecho.

``¿Por qué el señor Roberto Albores, tan preocupado por el estado de derecho, nunca ha organizado un desmantelamiento de un solo grupo paramilitar y sí de los municipios autónomos?'', les preguntó López y Rivas.

Por su parte, el también perredista Sodi de la Tijera recalcó que el diálogo nacional recién iniciado entre el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo puede romperse si no se da atención al conflicto chiapaneco y se opta por la conciliación y la salida negociada, y se pronunció por hacer un llamado a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) a fin de que ésta formule una propuesta concreta de paz con el fin de poder recuperar el diálogo y el consenso antes de legislar.

PRD: estrategia de desgaste

El primer orador, López y Rivas, en nombre del PRD expresó ``la profunda inquietud por los acontecimientos en Chiapas''. Uno de ellos, precisó, es la desintegración de la Comisión Nacional de Intermediación, con la que se cierra ``un ciclo en el proceso de diálogo suspendido, un ciclo permanente de agresión, persecución y desprestigio en contra de don Samuel Ruiz y de los demás integrantes de esa comisión''.

El discurso y la acción beligerantes que han caracterizado al gobierno federal en los últimos meses, agregó, insisten en desconocer y desgastar a los actores en conflicto, en continuar aplicando la mano dura, no sólo contra los municipios autónomos zapatistas sino contra los ayuntamientos gobernados por el PRD, como fue el caso de la agresión en Nicolás Ruiz, y ayer mismo en El Bosque.

En este contexto, precisó López y Rivas, es preocupante la propuesta del Ejecutivo de entablar un diálogo directo con el EZLN, a sabiendas de que una y otra vez los dirigentes zapatistas demandaron la presencia de la Conai para todos los aspectos conducentes a los encuentros.

Además, resaltó que la desaparición de la Conai muestra cada vez más que el objetivo del gobierno no es restablecer el diálogo ni mucho menos proseguir con las negociaciones, ``sino el desgaste político y militar del EZLN a través de una estrategia contrainsurgente''. De ahí, precisó, la creación de cuerpos armados especiales en el Ejército, la compra de armamento sofisticado y el reclutamiento de fuerzas paramilitares.

``El gobierno, en reiteradas ocasiones, acusó a la Conai de solicitar la intervención extranjera, pero falta a la verdad cuando afirma que no permitirá la injerencia extranjera en los asuntos internos y al mismo tiempo envía oficiales de nuestro Ejército para ser entrenados en Guatemala por los kaibiles y por asesores de la Agencia Central de Inteligencia (CIA); cuando ha mandado a cursos de adiestramiento a más de 3 mil 200 oficiales del Ejército a Fort Bragg tan sólo en los dos últimos años, además de que viene recibiendo en estos años más de 350 millones de dólares en armamento.''

Los priístas se veían molestos. El senador López Velarde, aún integrante de la Cocopa porque a su partido no le interesa relevarlo, se levantó de su curul varias veces para hablar con el chiapaneco Sami David, secretario de la Gran Comisión.

El senador Ramiro Robledo Ruiz trató de interpelar al perredista para detener su discurso, pero López y Rivas rechazó el intento. ``No admito preguntas'', dijo, y siguió su intervención:

``Parte de la estrategia de guerra es la de armar y transferir algunas áreas militares a grupos de civiles y pretender la ruptura del orden político y social al interior de las comunidades, orillándolas a una supuesta guerra civil y así poder justificar la presencia inevitable de las fuerzas armadas en la zona''.

Resaltó que la aplicación de la ley sólo se hace extensiva a las comunidades zapatistas y perredistas, a los municipios autónomos, mientras los grupos paramilitares quedan protegidos en la impunidad por la complicidad de los gobiernos estatal y federal.

Esas son, advirtió López y Rivas, las verdaderas acciones en Chiapas de los gobiernos federal y estatal que insistentemente hablan de paz y reconciliación, pero en realidad lo que hacen es desmantelar municipios autónomos, desplazar indígenas de sus comunidades, masacrarlos, perseguirlos y encarcelarlos, así como cerrar, destruir y profanar templos.

Ahora, agregó, quieren destruir a los municipios perredistas elegidos democráticamente, y mencionó el caso del alcalde de Iztapa, Guillermo Hernández Pérez, a quien el Congreso estatal desaforó el 8 de mayo pasado acusándolo injustamente de un enfrentamiento entre dos comunidades.

``Hoy como nunca nos hemos alejado de la paz y la conciliación en Chiapas'', dijo, y por ello ``exhortamos a este Congreso de la Unión a detener las estrategias de guerra y persecución'', a restablecer el clima político y reconocer que en varias regiones del país se está llevando a cabo una guerra de contrainsurgencia.

Sabemos, agregó, que hay otros grupos armados en varios estados de la República que tienen una base social producto de las injusticias, la miseria y la desesperación. ``No sigamos negando la realidad de ese México bronco que puede manifestarse en un conflicto generalizado en todo el país.''

El senador del PAN Luis Felipe Bravo Mena manifestó que coincidía con lo dicho por López y Rivas en el sentido de que ``ahora más que nunca estamos más lejos de la paz en Chiapas que en ningún otro momento del conflicto''.

Lo primero que ``es de justicia hacer'', dijo, ``es reconocer la contribución de don Samuel Ruiz al proceso de diálogo en Chiapas''. Sin embargo, precisó, hubo siempre una tensión permanente entre la opción preferencial del obispo hacia las demandas de los indígenas y los deberes propios de una mediación eficaz.

Se pronunció por restablecer de inmediato la mediación, toda vez que tampoco comparte la tesis de que el diálogo directo entre las partes podrá fructificar en algo concreto. Para que tuviera éxito esa propuesta, dijo, se requiere que el gobierno deje de inmediato toda acción represiva, sea de tipo militar o paramilitar, en Chiapas.

Por ello, precisó Bravo Mena, se requiere un nuevo mediador que debe tener cuatro características: autoridad moral reconocida por las partes en conflicto, aceptación plena, imparcialidad y discreción.

El PRI envió al debate a la diputada Marlene Herrera, a pesar de que López Velarde quería intervenir. Herrera comenzó por enumerar lo que, dijo, son hechos que demuestran la voluntad del gobierno de dialogar, entre ellos el nombramiento del primer comisionado para la paz, y luego la emprendió contra Samuel Ruiz.

Dijo que el obispo de San Cristóbal miente, que no hay templos cerrados ni curas encarcelados en esa diócesis, lo responsabilizó de ser imparcial y de ``deshonrar'' su papel de mediador, frenó el proceso de negociación y nunca sufrió ningún atentado. Hasta lo acusó de tener un ``entenado''.

También legitimó la entrada de la fuerza pública en Nicolás Ruiz e Iztapa, y sostuvo que el operativo que ayer se realizaba en El Bosque, fue ``para restablecer el estado de derecho''.