Exigen AI y diputados indagación a fondo del operativo militar en Guerrero

Triunfo Elizalde y David Aponte Ť Amnistía Internacional (AI) pidió ``una investigación a fondo el operativo militar lanzado el 7 de junio de 1998 contra la comunidad de El Charco, en el estado de Guerrero'', donde murieron 11 personas; que los gobiernos estatal y federal den a conocer los nombres de ``al menos'' 23 individuos detenidos, y que comparezcan ante los tribunales los responsables de la acción violenta, informó ayer el Grupo México de AI.

En forma paralela, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados va a solicitar la intervención de la CNDH, para que abra una pesquisa de la matanza de un grupo de guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en esa localidad, dio a conocer el diputado perredista Martín Mora Aguirre.

El Ejército Mexicano violó el contenido de la convención de Ginebra con la ejecución de los rebeldes, situación que ni siquiera fue vista en la guerra de Vietnam. No estamos de acuerdo con la lucha armada, pero tampoco con el exterminio, manifestó el secretario de dicha comisión del órgano legislativo, quien recientemente viajó a Francia y Gran Bretaña para dar a conocer la situación de los derechos humanos en México, y particularmente en el estado de Guerrero.

Mora Aguirre, legislador guerrerense, dijo que existen indicios de que las fuerzas armadas perpetraron una ejecución de los guerrilleros. Por ejemplo, los militares no sufrieron ninguna baja o heridos y sus vehículos tampoco fueron afectados por las balas de los guerrilleros.

``Nosotros vamos a solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su intervención en este caso; porque si fue una masacre, creo que al igual que la de Aguas Blancas, o la matanza de Acteal, debe considerársele como un crimen de lesa humanidad, pues el gobierno mexicano -como muchos países- ha firmado los tratados de Ginebra; (y) los países que están en guerra tienen prohibido matar a sus prisioneros.

``¿Cómo es posible que aquí ni siquiera los consideraron prisioneros de guerra, a pesar de ser guerrilleros? Masacrarlos parece que no es una cosa sensata por parte del Ejército'', añadió.

AI, con sede en Londres, dio a conocer la lista de las personas detenidas en el operativo militar en El Charco: Bernardino García Francisco, Javier Angel Severiano, Francisco Cristino Crescencio Arcadio, Alonso Martínez, Eugenio Alonso Trinidad, Martín Macario Salazar, Porfirio Hernández Francisco, Oliver Morales, Iván García Cristiano, Adrián Patriarca Angustiano, Pedro Barrera Daniel, Albino Santos Concepción, Lázaro Peláez Castro, Vicente Vázquez Díaz, Aurelio Porfirio Catarino, Bernabé García de Jesús, Pedro Esteban Abril, Serafín Morales López, Julián Ramírez Crescencio, Adolfo Filiberto Concepción o Arnulfo Santiago Hernández, Efrén Cortes, Erika Zamora Pardo, y 11 muertos, de los que no se conocen los nombres.

Para la organización existe el temor de que ``a los detenidos -al parecer acusados de motín- se les esté negando el acceso a asistencia legal y la comunicación con sus familias''. Hay informes no confirmados que indican que algunos de los detenidos son menores de edad. También existe preocupación por la seguridad de los miembros de la comunidad, agregó.

En un análisis general informativo, AI recordó ``que una oleada de violencia ha barrido el estado de Guerrero desde la matanza de 17 campesinos el 28 de junio de 1996, en Aguas Blancas, en una emboscada organizada por la policía y por autoridades gubernamentales''. Hace notar que al año de esos hechos, en el mismo sitio apareció por primera vez el EPR; desde entonces, se han enviado a Guerrero ``destacamentos cada vez más numerosos de las fuerzas de seguridad, cuya presencia ha generado constantes informes sobre amenazas, intimidaciones y malos tratos a los habitantes de las comunidades locales, principalmente campesinos indígenas, durante los registros de vehículos y casas en busca de armas y de miembros del EPR''.