Orden de captura contra el general Tello por homicidios en el caso Buenos Aires

Bertha Teresa Ramírez Ť El juez 19 de lo penal con sede en el reclusorio oriente, Cleofas Lucas Pérez, dictó orden de aprehensión en contra del general Enrique Tello Quiñones, quien fungía como director general de agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública al ocurrir la balacera del 8 de septiembre en la colonia Buenos Aires.

En conferencia de prensa, el director general de Asuntos Especiales y Relevantes de Procedimientos Penales de la PGJDF, Sergio Valdés Tortella, dijo que Tello Quiñones ``esta acusado de homicidios calificados'' respecto al caso Buenos Aires.

El funcionario explicó que la orden de aprehensión se debió a que según cintas magnéticas, Tello Quiñones estuvo al tanto de las acciones del operativo policiaco que se efectuó el 8 de septiembre de 1997 en la colonia Buenas Aires, y durante el cual se suscitó una balacera que dejó ocho muertos, seis de los cuales fueron ejecutados y arrojados en unas minas de Tláhuac y un paraje del Ajusco después de haber sido detenidos por elementos policiacos.

El funcionario de la Procuraduría capitalina ofreció una rueda de prensa ayer al filo de las 17:15 horas, en la que explicó que con motivo del desglose que trabaja esta administración, en relación con la posible participación de otras personas, así como la comisión de otros delitos, se dio lugar a la integración de una indagatoria en contra del general Mauro Enrique Tello Quiñones, quien fungió como director general de agrupamientos de la Secretaría de Seguridad Pública de la administración pasada, y en contra de cual el juez 19 de la penal giró la correspondiente orden de aprehensión, que está por cumplirse.

Valdés Tortella dijo que la PGJDF ``manifiesta su reconocimiento a la Procuraduría de Justicia Militar por su cooperación para llevar a cabo la orden de aprehensión, y agregó que no operara el fuero militar porque al ocurrir los acontecimientos del 8 de septiembre, no tenía funciones militares sino funciones policiales, y tampoco opera el amparo porque éste no procede en el caso de delitos graves''.

El funcionario dijo que la PGJDF cuenta con todas las grabaciones con relación al operativo efectuado en la Buenos Aires, e indicó que estas fueron requeridas a la SSP al llegar la presente administración, por lo que ``hay nuevos testimonios y más evidencias''.

Por el momento no hay ``elementos de convicción para una línea de investigación hacia el ex secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero. Por otra parte, dijo que el desglose de la investigación esta abierto ``pues se considera la posibilidad de otros delitos y la participación de otras personas.

Por lo que se refiere a la resoluciones de la novena sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de fechas 28 de mayo y 5 de junio, correspondientes a las tocas de apelación 73/98, cuyo ponente fue el magistrado José de Jesús Fernández Alatorre; 74/98, cuya ponente fue la magistrada Irna Inés Galván Monroy, y 75/98, cuya ponente fue la magistrada María Estela Castañón, formadas con las inconformidades de los procesados que forman parte de los grupos especiales, actualmente desaparecidos, conocidos como grupos zorros y jaguares, que en total suman 52 consignados, en los días 30 de septiembre, 9 de octubre y 19 de noviembre del año pasado la novena sala encontró inconsistencias.

Valdés Tortella dijo que ``la novena sala encontró inconsistencias. ``...los testimonios... están gravemente afectados en su contenido y credibilidad''. ``Para que les sea imputable a los apelantes la concretización de los diversos tipos de homicidio''.

Indicó que como se desprende de las resoluciones expedidas por la novena sala, en estos casos se valorarán las libertades decretadas y, en consecuencia, se retirará el ejercicio de la acción penal en los casos que proceda. El funcionario dijo que por lo que corresponde a ``las víctimas encontradas en Tláhuac y en el Ajusco, esta administración informa que no se encontraron antecedentes penales de ninguno de ellos. Cabe mencionar que en dos de ellos existen registros sin que lleguen a considerarse jurídicamente como antecedentes penales. Finalmente señaló que la PGJDF, como representante social ha establecido contacto con la Secretaría de Seguridad Pública, ``a efecto de lograr el pago por anticipado de la reparación del daño a los deudos de las víctimas, lo cual está próximo a concretarse''.