El fin de la Comisión de Nacional de Intermediación (Conai), anunciada el 7 de junio, es sin duda otro fracaso para el proceso de paz en Chiapas. La otra instancia, la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), se encuentra en una fase de crisis porque --a pesar de los buenos oficios de algunos de sus integrantes-- no ha podido establecer un mejor clima para reactivar las negociaciones. Con ello el gobierno ha logrado un objetivo estratégico, quedarse sin intermediación.
El diagnóstico de la Conai es claro: ``Constatamos que el gobierno continúa desmantelando las condiciones necesarias para el diálogo y la negociación'' (La Jornada, 8/VI/98). Por su parte, el obispo Samuel Ruiz señala: ``Es evidente que el gobierno ha desistido del camino del diálogo según el modelo que se observaba en San Andrés, para ejecutar unilateralmente lo acordado'' (La Jornada, 8/VI/98).
La estrategia oficial que se ha desplegado en estos meses expresa una ruta diferente a la de una negociación y una paz justa. En esa región hay una tragedia que crece cotidianamente: mientras el gobierno se empeña en polarizar la situación con una militarización creciente, golpes constantes al zapatismo, impunidad a los grupos paramilitares y descalificación de las instancias de intermediación, las comunidades se enfrentan a un desgaste generalizado que cada día empeora más su situación.
En concreto, el gobierno se dedicó a golpear a la Conai, a la diócesis de San Cristóbal, a la teología de la liberación, y con ello quedó enfrentado a amplios sectores de la Iglesia católica, perdió un espacio de mediación que era muy útil, y que ya lo hubieran querido tener otros países que han atravesado por conflictos similares. Un gobierno que se dedica a crear conflictos en donde no los había, como el que ahora tiene con la jerarquía eclesiástica; que golpea sistemáticamente espacios que apoyan la negociación, como la Conai, es, a todas luces, un gobierno que pierde condiciones de gobernabilidad.
Antes de ver lo que puede seguir, hay que preguntarse por lo que ha pasado. Se pueden revisar los acontecimientos de estos últimos meses, desde que empezó a operar el actual equipo de Gobernación, y el resultado es muy claro, hay una concepción equivocada del conflicto: por las acciones que se han llevado a cabo se observa que los estrategas de Gobernación pensaron en quitar del camino todos los obstáculos ``incómodos'', como agentes de pastoral, defensores de derechos humanos, observadores y sacerdotes extranjeros, como si estos actores fueran responsables del conflicto.
Con esa misma lógica de enfrentamiento se han desalojado municipios zapatistas. Y al final de cuentas, las cosas están peor que antes; no hay condiciones para una negociación. Frente a ello el zapatismo decidió entrar a una fase de silencio y replegarse a esperar tiempos mejores y a resistir la embestida oficial. Al mismo tiempo, vemos a los funcionarios desconcertados y un tanto desesperados porque se han quedado sin interlocutores: el zapatismo guarda silencio, la Conai desapareció, la Cocopa está en crisis. A ver ahora con quién y cómo va a jugar a la paz el gobierno.
Resulta claro que la ruta unilateral que se ha puesto en marcha no ha dejado buenos resultados para el gobierno. La iniciativa del presidente Zedillo sobre derechos indígenas --que no respeta los acuerdos de la negociación que firmó en San Andrés-- está atorada en el Congreso y por lo pronto no hay consenso entre las fracciones parlamentarias para sacarla adelante; la destrucción de condiciones para reiniciar la negociación ha dejado un escenario militarizado, en el cual existen todas las agravantes para la violencia y el enfrentamiento; los discursos pacifistas del gobierno han perdido credibilidad social y es posible que los diversos golpes que ha dado a los espacios de intermediación se le empiecen a revertir.
En síntesis, con la desaparición de la Conai se termina también un modelo de intermediación y una expectativa de pacificación para esa región del sureste mexicano. Al mismo tiempo, se ve muy complicado que se pueda levantar un nuevo espacio de negociación en los próximos meses. A medida que el reloj sexenal se aproxima al final, cada día será más complicado establecer condiciones políticas para que en Chiapas se logre una paz digna, lo cual es muy preocupante.