ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Dos hechos nublan (más) el panorama nacional: la disolución de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y la ejecución de once personas, presuntamente integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en Guerrero.

Ambos casos se suman a la ya larga lista de afectados por la violencia política. Los hechos apuntalan también la percepción de que se está entrando en un escenario de grave rispidez política, en el que los segmentos más rígidos del gobierno siguen ganando terreno.

Ciertamente, la Conai ya no estaba en condiciones adecuadas para cumplir con su objetivo fundacional. Desde enero del presente año, esa comisión ha sido combatida desde las oficinas gubernamentales con mayor energía que en años anteriores.

Nadie en el gobierno, a pesar de que ahora se escuchen voces de falsas preocupaciones y autoexculpaciones como la de Emilio Rabasa Gamboa, puede darse por sorprendido y mucho menos disimular la sonrisa de complacencia. Don Francisco, en Bucareli, puede poner una tacha más en uno de los renglones de su lista de pendientes.

En el comunicado difundido ayer lunes 8, el obispo Ruiz enumera algunas de las razones que le llevaron a dar por concluida la labor de la Conai y que no son sólo la interrupción del diálogo con los zapatistas y el deterioro de la situación en Chiapas y en México entero, ``sino una constante y creciente agresión gubernamental a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, a la Mediación y su presidente mismo, puesta en marcha por distintas instancias oficiales y recientemente llevada a cabo, con signos y palabras, por el propio titular del Ejecutivo en diversas ocasiones''.

Bajo tales consideraciones, es absolutamente claro que el punto crítico de esta escalada oficial se produjo el día que el presidente Ernesto Zedillo aludió a quienes practican una teología de la violencia. A ellos (que en realidad era fundamentalmente uno, el Tatic al que el gobierno ha considerado desde antes del estallido zapatista como un objetivo a vencer), Zedillo se dirigió, pues ``hay que decirles que están equivocados, que rectifiquen si es que tienen una buena misión que cumplir en la Tierra''.

La respuesta de los obispos chiapanecos fue impersonal, pero al mismo tiempo igual de identificable. El domingo 31 de mayo, en la Basílica de Guadalupe, durante una peregrinación de chiapanecos que allí concluyó, el obispo de Tapachula, Felipe Arizmendi, dijo en nombre de él mismo y de sus similares Samuel Ruiz, de San Cristóbal, y Felipe Aguirre, de Tuxtla Gutiérrez, que ``los que se creen dioses, cuya palabra es infalible, y que tienen la solución de todo, son un estorbo para la paz''. También hablaron de corazones engreidos y de quienes ``piensan que todos están mal, menos ellos''.

Llegados a ese punto el presidente Zedillo y los obispos chiapanecos, nadie podría esperar nada bueno. Y, así, la Conai murió de muerte natural, es decir, a consecuencia natural de un plan de agresiones y exterminio en su contra.

Por desgracia, una medida así sólo aísla aún más a un gobierno como el actual, empecinado en irse cerrando puertas e ir destrozando caminos de negociación e intermediación. Obstinado en una lógica militar, de la cual dan cuenta los rostros endurecidos y las palabras desbocadas, el gobierno federal ha conseguido una victoria pírrica en relación con la Conai.

El mensaje real, estremecedor, que llega al mundo entero con la disolución de la Conai es altamente peligroso, pues ahora queda claro que, como en los duelos del Viejo Oeste, uno de los pistoleros desea quedarse a solas en el centro del pueblo, sin testigos incómodos y con los dedos cerca de los gatillos de las pistolas, esperando el momento en el que aparezca el otro personaje de ese enfrentamiento ya sin opciones de ser conjurado.

Sin embargo, y tal como el propio obispo Ruiz lo ha establecido al dar por terminada la función de la Conai, la construcción de la paz en Chiapas debe continuar, y son múltiples las maneras de trabajar en ese sentido.

¿Enfrentamiento, o ejecución?

De igual manera es necesario continuar la exploración de mecanismos realmente pacificadores en estados como el de Guerrero, que viven una crónica ocupación militar en busca de guerrilleros (sobre todo del EPR), que a su vez se traduce en frecuentes violaciones de los derechos humanos y en hechos de violencia extrema como los ocurridos este domingo en la comunidad denominada El Charco, perteneciente al municipio de Ayutla de los Libres, en la región mixteca.

No es necesario abundar en las históricas condiciones de pobreza e injusticia que hacen propicios en esos lugares diversos brotes de inconformidad social, ni en los riesgos que para la convivencia civil significa la persistente presencia de contingentes militares dedicados a exterminar grupos guerrilleros. Simplemente debe anotarse que tal combinación de elementos suele generar chispas peligrosas en una pradera seca.

Una de esas chispas es la referente a la manera exacta como murieron once mexicanos en El Charco. Enfrentamiento, dice el boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras diversos testimonios hablan de una ejecución. Con la prisa derivada de que el propio domingo de los hechos debía ser impreso el material que comenzó a circular este lunes, el semanario guerrerense El Sur logró incluir una nota de Maribel Gutiérrez, en la que se consignan las versiones de que las muertes fueron por ejecución.

Bajo una cabeza de descanso que dice ``Fue una masacre'', El Sur reporta: ``Testimonios de indígenas que salieron de la región antes de que se cerrara el cerco militar, recabados por el presidente del Comité Regional del PRD en la Costa Chica, Miguel Angel Godínez, y por el secretario de organización del PRD municipal, Julio Leocadio, indican que `no hubo ningún enfrentamiento. Fue una masacre. El Ejército llegó a atacar al grupo del EPR que estaba en la escuela, y no hubo una agresión a las tropas'''.

Julio Leocadio, según la nota de Maribel Gutiérrez, relató: ``Los agarraron por sorpresa, cuando estaban durmiendo en la escuela. Los integrantes del grupo armado fueron masacrados en ese lugar, y tememos que los detenidos, y los heridos, son personas inocentes, pacíficas, de la comunidad, que no tienen vínculos con el EPR''.

Por lo pronto, más de 300 mexicanos, guerrerenses, han dejado El Charco y se han remontado a los promontorios cercanos, donde comen caña y mango, en espera de que los soldados se retiren.

Chiapas, Guerrero, la violencia política sin salida a la vista...

Astillas: Este fin de semana hubo una confrontación musical en Zacatecas: un día estuvieron Los Tigres del Norte, en un acto organizado por el PRI, y otro día el PRD presentó a Los Temerarios. Resultados, según periodistas locales: unos 20 mil asistentes al concierto organizado por los priístas y unos 35 mil al de los perredistas. Con una diferencia sustancial: el PRI cobró a 50 pesos la entrada, mientras que en el PRD fue gratuita, presuntamente por ser un acto de homenaje a Los Temerarios, que son oriundos de Fresnillo... Por cierto, sépase que al candidato priísta, Pepe Olvera, en algunos diarios le abrevian gráficamente su denominación como PPO... Va otra declaración del gobernador de Nayarit, Rigoberto Ochoa Zaragoza: ``la verdad, yo siento que se está acorrientando, está perdiendo calidad este certamen'', dijo el cetemista en relación con que ya son siete los priístas que buscan la candidatura a gobernador de aquella entidad. Tantos aspirantes, dijo don Rigo, podrían generar entre el pueblo la siguiente conclusión: ``si cualquiera se avienta, nos vamos a aventar todos...''

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