Más acerca de Green Ice
Comentábamos aquí la semana pasada que el operativo Casablanca nada tenía de nuevo en cuanto a su estructura, pues en 1996 las mismas agencias que participaron en la acción que descubrió a empleados bancarios mexicanos metidos en el lavado de dinero, también actuaron en un plan llamado Green Ice, que tuvo alcances mucho mayores a Casablanca y que fue desarrollado en ocho países, no se sabe oficialmente si también en México, aunque cabría la posibilidad en virtud de que ese año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveyó de información a autoridades estadunidenses sobre manejos relacionados con lavado de dinero, presentó testimonios ante Cortes de aquel país, y se procedió penalmente contra personas implicadas en ese turbio negocio.
Hoy se sabe que la fuente de inteligencia para llevar a cabo esos operativos encubiertos es la Oficina del Controlador de Monedas, dirigida por Eugene A. Ludwig, el cual depende del Departamento del Tesoro, y tiene una fuerza especializada en el seguimiento de ilícitos relacionados con el narcotráfico. Su esquema de trabajo en tareas de investigación, que lleva a cabo en coordinación con las agencias antinarcóticos de Estados Unidos, es similar en todos los casos: la infiltración, el uso de cuentas encubiertas y la acción directa aún fuera de Estados Unidos, aunque el centro de operaciones esté en territorio estadunidense, pues es allí donde se monitorean todas las operaciones y el curso que siguen en varias naciones.
A Green Ice y Whitehouse agregamos ahora un nuevo caso, esta vez no relacionado con México, pero sí con Panamá y Uruguay: se trata del Operativo C-Chase en el que se tenía como objetivo dejar al descubierto el lavado de dinero en un banco basado en Luxemburgo, dos de sus subsidiarias y nueve bancos oficiales que retomaban dólares lavados después de haber pasado diversos mecanismos, que incluían la transferencia de dinero por vía electrónica y el transporte físico en efectivo de dólares desde Estados Unidos hacia Europa.
La Oficina del Controlador de Moneda (OCC por sus siglas en inglés) tiene como objetivo regular y supervisar a los bancos estadunidenses. Su participación en el operativo Casablanca fue vital, y sorprende que las autoridades mexicanas no conocieran de su existencia y sus formas de actuar cuando, desde 1996, como parte de los acuerdos para trabajar de manera bilateral en contra del lavado del dinero, el gobierno de México firmó compromisos que incluían el intercambio de información.
Llama la atención que la Secretaría de Hacienda, una de las dependencias que teóricamente sería de las más activas relacionadas con la vigilancia del problema de los lavadólares, no haya dado cuenta hasta ahora de la amplia cooperación que ha recibido del gobierno de Estados Unidos, y que hoy se busque culpar a terceras personas de que ``ellos sí sabían del operativo Casablanca'', como se pretendió hacer con ex procurador General de la República, Antonio Lozano Gracia.
Sorprende también que el llamado Grupo de Trabajo México/Estados Unidos contra el Lavado de Dinero, formado en 1996, no conociera las acciones de la OCC, aún cuando personal y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Procuraduría General de la República hubieran asistido a cursos y seminarios sobre técnicas y procedimiento contra el lavado de dinero, y más aún que para la SHCP haya significado recibir toda la asesoría técnica, los programas de computación y el desarrollo de bases de datos para crear la Unidad de Inteligencia Financiera en 1997, que viene a ser --ni más ni menos-- una copia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos (FinCen).
FinCen dio entrenamiento especializado a los directivos de su similar en México, proporcionó preparación a seis analistas de inteligencia en cuanto a teoría, conceptos y procedimientos. Y no sólo eso, sino que entrenadores de la DEA, del Servicio de Aduanas, del FBI, del Servicio Secreto, del Servicio de Hacienda Interna, de la policía estatal de Nueva Jersey y de la Oficina del Controlador de Monedas dieron pláticas y sugerencia a la misma gente, pero en especial al director de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, quien estaba acompañado por el director de su similar de Panamá.
En noviembre de 1997 FinCen recibió a una delegación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a otra de la Asociación de Banqueros de México, para hablarles del problema del lavado de dinero.
Como señalábamos en nuestra anterior Parábola, no se cuestionan los mecanismos de cooperación, ni se plantea que nada se haga contra el narcotráfico y el lavado de dinero. El asunto va en el sentido de la necesaria transparencia sobre lo que México ha firmado en materia de cooperación con Estados Unidos, y que pudiera significar el haber engrosado la vulnerabilidad del país frente al gobierno estadunidense. De ello se debe dar cuenta interna, y no pedir explicaciones desde afuera, que allá, ellos, bien saben lo que están haciendo.