Defender la educación pública, bandera común

María Esther Ibarra /I Ť Atomizado en diversos grupos o corrientes que difieren en cuanto a formas de organización y estrategias de lucha, el movimiento estudiantil de la UNAM, luego de algunas derrotas, apuesta a rearticularse con la formación del Frente en Defensa de la Educación Pública y Gratuita.

Los objetivos son ambiciosos: incrementar el gasto educativo del gobierno federal; fortalecer y ampliar el sistema de educación pública media y superior del más alto nivel académico; crear nuevas universidades en la zona metropolitana; reforzar el papel de los académicos; mayor participación de la comunidad universitaria en la política de educación superior; rechazar el incremento de las cuotas y colegiaturas, los recortes del personal académico y administrativo, y mejorar los salarios de los trabajadores universitarios.

Bajo estas premisas, se integró --30 de abril pasado-- el comité promotor del frente, cuya constitución formal está fijada para agosto próximo durante la realización del Foro Metropolitano Universitario, con lo cual se espera acelerar e incentivar la participación de estudiantes, académicos y trabajadores de la UNAM, UAM, IPN, UPN y del conjunto de las instituciones educativas en la ciudad de México.

Al margen de los logros que se puedan obtener, la reorganización estudiantil empieza a cobrar forma, por lo pronto, en contra del Examen General de Calidad Profesional (EGCP). Entre otras cuestiones, lo rechazan por considerar que atenta contra la autonomía de las universidades y subordina las decisiones académicas a los dictámenes de un organismo privado, como es el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), encargado de aplicar ese examen y certificar la calidad de los egresados de las instituciones públicas de educación.

Al interior de la UNAM, además de los objetivos del Frente en Defensa de la Educación Pública y Gratuita, los estudiantes proponen modificar la Ley Orgánica y las estructuras del gobierno universitario, revertir el plan Barnés e impedir el aumento de cuotas.

Herederos todos del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que surgió en 1986 y que logró frenar la reforma del entonces rector Jorge Carpizo y, consecuentemente, la realización del Congreso Universitario en 1990, los actuales promotores o activistas --se niegan a ser considerados líderes o voceros-- hacen un balance de sus triunfos y derrotas, en el que analizan las razones del perfil bajo que, por el momento, ha tenido el movimiento estudiantil universitario.

Con algunas divergencias de forma pero no de fondo, los estudiantes universitarios aseguran estar unidos en su objetivo central: la defensa de la educación pública y gratuita. Y si hasta ahora la ruptura no se ha presentado, es porque a la mayoría los impulsa un común denominador: su simpatía y apoyo al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

De hecho, luego de 1992 en que evitaron el incremento de las cuotas, los estudiantes entraron en una etapa de reflujo. El reencuentro surgió en la Convención Nacional Estudiantil --noviembre de 1994, en San Cristóbal de las Casas--, organizada como parte de la Convención Nacional Democrática a la que convocó el EZLN.

Sin embargo, la agitación volvió a decaer y, consecuentemente, empezó la dispersión. No obstante, de los 26 representantes estudiantiles en el Consejo Universitario, 23 pertenecen al sector democrático.

Si bien el comité promotor del frente califica de exitosa la jornada de lucha contra el EGCP, sus acciones hasta ahora han sido desarticuladas y con poca respuesta de los universitarios. Y es que desde octubre del año pasado, en que se realizó la última reunión de la Asamblea Universitaria, cuyos integrantes no lograron impedir que la Rectoría de la UNAM cancelara el pase automático y modificara el tiempo de egreso de los alumnos del bachillerato y licenciatura, la dispersión ganó terreno.

Con todo, los estudiantes empiezan a moverse. Algunos hechos así lo sugieren:

A partir de la segunda semana de mayo, volvieron a aparecer en escena. El 16, llevaron a cabo su primer foro para discutir los principales puntos del plan de acción del frente. El 21 fue clave: una movilización ante las oficinas del Ceneval, con la participación de profesores y estudiantes de la UNAM, UAM, IPN, UPN, entre otras instituciones; paro en la Facultad de Economía, y una mesa redonda de análisis sobre el examen de evaluación en la Facultad de Filosofía y Letras, con la presencia de académicos.

Estas acciones generaron que los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad Ajusco; efectuaran un referéndum donde ganó el No al EGCP, y los de la Facultad de Derecho de la UNAM, tradicionalmente proclives a las medidas de las autoridades universitarias, cuestionaran la validez del examen de evaluación y plantearan un plan de acción --incluida una consulta-- para determinar si lo aceptan o no. Para ello, en las tres asambleas que han realizado a la fecha, acordaron constituir un comité para solicitar a las autoridades de la UNAM, la Asociación Nacional de Universidad e Instituciones de Educación Superior y al Centro Nacional de Evaluación información sobre el citado examen, con la finalidad de que la comunidad del plantel conozca en qué consiste.