200 policías mantienen el control del poblado perredista

Juan Balboa, Rodolfo Villalba y Andrés Morales, corresponsales, y Alma E. Muñoz Ť Unos 200 policías mantenían este jueves el control en el municipio chiapaneco de Nicolás Ruiz, habitado en su mayoría por bases zapatistas y perredistas, cuya tensión es evidente desde el miércoles pasado, cuando incursionaron en la localidad unos mil uniformados, entre soldados y judiciales. Un millar de colonos se habría refugiado en las montañas.

Cada una de sus esquinas, el parque central y las principales entradas están controladas por ellos. Las instalaciones de la presidencia municipal están custodiadas por dos docenas de elementos policiacos.

Para los simpatizantes zapatistas y perredistas, la campaña desatada por los priístas contra el ayuntamiento se debe principalmente a que el actual gobernador, Roberto Albores Guillén, no logró un solo sufragio cuando fue candidato a diputado federal. Es más, el PRI no ha obtenido votos en Nicolás Ruiz en las pasadas tres elecciones (1994, 1995 y 1997).

El presidente del PRD en Chiapas, Gabriel Gutiérrez Avila, aseguró que las acciones policiaco-militares no sólo son ``ilegales'', sino que muestran una nueva forma de ``guerra sucia'' contra los simpatizantes del EZLN y los militantes de partidos de oposición que gobiernan ayuntamientos, principalmente en zonas indígenas.

Dijo que los cuatro operativos realizados por los gobiernos federal y estatal en los últimos dos meses tienen como principal objetivo ``ablandar e intimidar'' a los simpatizantes y bases de apoyo zapatistas, y evitar que el PRD logre triunfos electorales en las elecciones locales del 4 de octubre.

El gobierno interino de Albores Guillén ha utilizado, en los últimos 50 días, unos 4 mil elementos del Ejército y la Policía de Seguridad Pública para desmantelar gobiernos autónomos zapatistas y evitar el avance electoral del PRD en varios municipios, según partidos de oposición y organismos de derechos humanos.

Organizaciones de derechos humanos en Chiapas acusaron al gobierno de Albores Guillén de intentar ``implantar el estado de derecho mediante la violencia o el uso indiscriminado de la fuerza pública''.

El director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Pablo Romo, afirmó que resolver los conflictos mediante la represión ``muestra una vez más la incompetencia para el diálogo'' de las autoridades locales y federales.

Con resultados adversos a los objetivos planteados, el gobierno de Chiapas mantiene vigentes los operativos policiaco-militares, a pesar de que recibió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por sus acciones ilegales en Taniperla, y de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) desmintió haber solicitado la operación policiaca en Amparo Aguatinta.

Además, se descubrió que el campo guerrillero en Navil, Tenejapa, eran casas de artesanías, y en Nicolás Ruiz se realizó un operativo para rescatar a los propios comuneros que los acompañaban como guías.

En una carta enviada a organismos no gubernamentales, desplazados de Taniperla acusaron a elementos de Seguridad Pública, del Ejército y al grupo paramilitar priísta Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA) de amenazarlos continuamente y provocar incendios.

Los indígenas señalan: ``No podemos salir a trabajar, y para este año no habrá alimentos de maíz y frijol, pues estamos sitiados y perseguidos... Si algo malo sucede a nuestras familias, los culpables serán Pedro Chulín (dirigente del MIRA) y Juan S. Villafuerte (precandidato del PRI al gobierno de Ocosingo) junto con todos los priístas y autoridades del gobierno''.

Con base en ese testimonio, algunas ONG solicitarán al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Taiana, su intervención para que el gobierno mexicano ``haga respetar las garantías'' de los desplazados.

La denuncia de los habitantes de Taniperla y miembros de la ARIC-Independiente plantea que viven en ``condiciones de amenazas y zozobra a partir del desmantelamiento del municipio autónomo Ricardo Flores Magón'' (el 11 de abril pasado).

Entre los miembros del MIRA acusados citan a Pedro Chulín, Jorge Sánchez López, Andrés Hernández Pérez, Alejandro López Gómez, Jerónimo Pérez Méndez, Sebastián Jiménez Díaz, José Paulino Maldonado Hernández, Sebastián López Gómez, Carlos Celestino Maldonado Hernández, Lorenzo Maldonado Hernández, Pedro Hernández Alvarez, Mariano López Sánchez, Carlos Tomás López Alvarez y Eugenio Maldonado Alvarez.

A su vez, representantes de organizaciones civiles y religiosas de Veracruz condenaron la incursión policiaco-militar en Nicolás Ruiz, e hicieron un llamado a la sociedad civil para ``detener el exterminio de movimientos sociales indígenas'' por parte del gobierno de aquella entidad y exigir al presidente Zedillo ``el cese de la persecución hacia los indios''.