Cuando el Ejecutivo federal presentó al Congreso de la Unión el paquete de reformas financieras nunca pensó el escándalo que se produciría, particularmente con la decisión de consolidar los pasivos de Fobaproa como deuda pública. Para las actividades financieras, una de las razones para formalizar estos pasivos era nuevamente apoyar a los bancos, ya que al hacerse deuda pública el papel es reportable, es decir, puede venderse en el mercado de dinero.

Hasta ahora, el papel que ampara la cesión de cartera al Fobaproa sólo puede convertirse en dinero hasta su vencimiento, diez años después de ser emitido, por lo que tiene que seguir fondeándose la cartera; al consolidarse como deuda pública, el papel se convierte en papel gubernamental y puede inmediatamente ser objeto de reporte, convertirse en dinero; en consecuencia, la cartera cedida no tiene ya que fondearse.

En lugar de esto, hoy está cuestionada la operación del Fobaproa en su conjunto: la calidad de los créditos que recibió, la proporción de dos a uno con que operó, de modo que por cada peso de capital fresco el Fobaproa compró dos pesos de cartera de crédito; los montos aportados a los bancos intervenidos, la pertinencia del tipo de salvamento de los bancos y no de los deudores.

Ello ha llevado a que prácticamente se haya llegado al acuerdo de auditar al Fobaproa; la propuesta inicialmente sostenida por el PAN y el PRD hoy la aceptan hasta el secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México. Conviene preguntarse, desde ahora, qué es lo que podría mostrar una auditoría y, lo que es de enorme trascendencia dada la crisis bancaria aún presente, cuánto tiempo tomará tener resultados.

En cuanto a lo primero, es evidente que en el estómago del Fobaproa hay de todo: créditos de gran tamaño a empresas y empresarios conocidos, créditos medianos probablemente mal documentados, créditos relacionados, créditos con garantías ostensiblemente insuficientes en el momento del otorgamiento. El Fobaproa tiene 440 mil créditos en su poder, lo que hace difícil revisarlos todos; la decisión de revisar sólo los créditos mayores de 20 millones de pesos reduce la tarea a alrededor de 2 mil 500 créditos, que involucran 60 por ciento del monto.

De cualquier manera, es obvio que esta revisión tomará tiempo: según se informa, por lo menos cinco meses, los que indudablemente podrán ser de descubrimientos que ilustren la calidad de la gestión de los bancos, la calidad de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria, de Hacienda y del propio Banco de México. Es evidente que la auditoria al Fobaproa los audita a todos ellos.

Desde ahora los bancos comerciales que han recibido apoyo del Fobaproa y que se mantienen vivos, es decir, descartando a Banco Unión, Cremi, Banco Obrero, etcétera, tendrían que reconocer los créditos que no deban ser consolidados como deuda pública. De este modo, la cifra de 552 mil millones más los intereses que se van acumulando podría empezar a desinflarse; Serfin, Inverlat y Santander Mexicano, que recibieron apoyos por 134 mil 213.7 millones, debieran ocuparse de retirar del Fobaproa algunos créditos. Lo mismo debían hacer Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, los bancos rentables del sistema, que recibieron apoyos por 72 mil 14.5.

Así las cosas, la tarea del despacho de auditores se facilitaría y, lo que es obviamente más importante, se podría resolver con mayor rapidez la cuestión de la consolidación de los pasivos de Fobaproa como deuda pública. Es claro que esto tendría que ocurrir, de lo contrario la crisis de los bancos se extendería aún más; el capital contable de todo el sistema bancario, de 85 mil 218.8 millones, sólo cubriría 15 por ciento de Fobaproa, lo que evidencia que los bancos no podrían resistir que la cartera cedida les fuera regresada.

Por ello, mal puede decirse que el Fobaproa fue el bombero que llegó a apagar el incendio; una mejor imagen es la de haber sido el plomero que destapó la cañería de los bancos, pero pasó la mugre a toda la sociedad.