La condena del presidente Zedillo a la supuesta teología de la violencia, resulta inoportuna y peligrosa. El pasado viernes 29 de mayo, el Presidente declaró: ``a ésos que creen que esa teología justifica la violencia, hay que decirles que están equivocados, que rectifiquen si tienen o piensan que tienen una buena misión que cumplir en la tierra''.

En el contexto complejísimo de Chiapas, dicho pronunciamiento en lugar de fomentar el diálogo y el clima razonable para el entendimiento, puede exacerbar las pasiones al grado de poner en riesgo la integridad física no sólo de los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, sino de sacerdotes, de decenas de catequistas y agentes pastorales que actúan en Chiapas. Y no sólo en esa entidad; recordemos al sacerdote muerto en Oaxaca y a los 12 curas que viven bajo amenaza de muerte por su compromiso con los pobres. Pareciera que retrocedemos y vivimos en el país una atmósfera políticamente enrarecida.

La condena tuvo nombre y apellido: Samuel Ruiz. Las declaraciones del episcopado no han tardado en dejarse sentir, tanto de los obispos de Tapachula y Tuxtla, como del presidente de la Conferencia Episcopal y del propio nuncio Mullor, quien afirma meter las manos al fuego por Don Samuel. Es lógico que se cierren filas a un planteamiento tan agresivo y que demuestra que el progresivo endurecimiento de Gobernación hacia la arquidiócesis de San Cristóbal tiene línea y de dónde viene.

La teología es un tratado sobre Dios; en la tradición cristiana la palabra es inseparable de la historia, es decir, el punto de partida de la teología es la revelación de Dios y su designio salvífico a lo largo de la historia. La teología en tanto la inteligencia de la fe. Y en Chiapas, la realidad de violencia no viene del factor religioso sino de las estructuras de poder, de los intereses económicos y del racismo hacia los indígenas. Lo religioso no es la fuente primaria sino expresión, reflejo de una realidad violenta. No existe ninguna teología de la violencia en ninguna religión tradicional. No encontramos que alguna teología cristiana fomente la violencia. El presidente Zedillo debió, quizá, referirse a un concepto católico y delicado, utilizado en ciertos casos extremos que es el de la ``guerra justa'' pero que ni siquiera fue aceptado en la guerra cristera de los años veinte.

El presidente Zedillo nos recordó las teorías sobre la Seguridad Nacional, cuando el continente vivía en su mayoría de regímenes y dictaduras militares. La Seguridad Nacional parte de una noción de geopolítica, de división ideológica del mundo entre este y oeste, norte y sur, y de guerra total. La seguridad del Estado es frente al enemigo externo, pero también debe combatir a los enemigos internos infiltrados y porque son fuente segura de inestabilidad deben ser exterminados. Bajo estas concepciones, América Latina vivió la proliferación del martirio generalizado que alcanzó a muchas comunidades cristianas, que fueron avasalladas por el fanatismo ideológico. El padre Enrique en Brasil, el obispo Angelelli y Mojica en Argentina, monseñor Romero y numerosos jesuitas en El Salvador y, recientemente el obispo Gerardi de Guatemala, son sólo algunos casos que muestran una larga estela de intolerancia y la incapacidad para negociar. Estas semillas las percibimos en las actitudes gubernamentales.

A pesar de las discrepancias internas, el obispo Ruiz cuenta con la legitimidad del episcopado y del representante papal. Por ello la intervención del conjunto del episcopado y del propio Vaticano no tardarán en hacer su presencia más vigorosa.

Si bien esta desafiante afirmación del Presidente de la República es grave, no nos sorprende porque, el gobierno no ha sabido, no ha querido o no ha podido diseñar una verdadera política de Estado frente a las Iglesias. A diferencia de sus predecesores, el saldo del Presidente en la materia es negativa. Algunos ejemplos: los constantes roces en torno de la política económica; el apresurado y descompuesto viaje al Vaticano; la falta de manejo ante las declaraciones de Don Norberto sobre la desobediencia civil y el apercibimiento disimulado; la falta de manejo y de autoridad ante los conflictos entre las propias asociaciones religiosas. En ese sentido, la Iglesia católica ha sido, políticamente, más consistente que el gobierno que ha experimentado la continua rotación de funcionarios, muchos de ellos, hasta hace poco, con escaso conocimiento técnico de asuntos religiosos, y ha dado por resultado desconocimiento y efectividad estratégica. Durante el gobierno de Salinas hubo dos responsables en materia religiosa, ¡durante los tres años del presidente Zedillo han sido nombrados cuatro funcionarios diferentes! Por ello, discursos como el de marras no nos sorprende, más bien nos preocupa.