Violenta incursión en poblado perredista de Chiapas; 163 detenidos

Juan Balboa y Angeles Mariscal, corresponsales, Nicolás Ruiz, Chis., 3 de junio Ť Una lluvia de gases lacrimógenos cegó a cientos de pobladores y rompió la valla humana formada en los tres principales barrios de esta cabecera municipal: San José, La Lanza y El Centro.

El camino quedó libre para unos mil elementos del Ejército Mexicano y de los cuerpos policiacos del estado, que mantuvieron durante siete horas en virtual estado de sitio a esta comunidad gobernada constitucionalmente, y sin oposición, por el Partido de la Revolución Democrática.

La ciudad fue tomada a la fuerza por los militares y la policía para ``liberar'' a comuneros, presuntamente secuestrados, a los cuales nunca encontraron porque viajaron desde Tuxtla Gutiérrez en las mismas unidades de los policías que los iban a ``salvar'', según varios testimonios recogidos entre madres, esposas e hijas de los 180 detenidos y alrededor de 20 jóvenes desaparecidos esta mañana.

El objetivo de la incursión, se explicó oficialmente en la capital del estado, fue el de cumplir las órdenes de aprehensión en contra de autoridades comunales y catequistas de la diócesis de San Cristóbal, quienes han sido señalados por Roberto Albores Guillén, gobernador en funciones, de mantener sitiada a la población y haber expulsado a diversos comuneros que intentaban instalar un comité municipal del PRI.

Veinte niños intoxicados

Fue un operativo autorizado por el gobierno estatal, donde los policías desataron en cuestión de minutos la barbarie: unos veinte niños resultaron intoxicados por el gas lacrimógeno. Una centena de casas fueron abiertas a patadas y cateadas ilegalmente; en innumerables viviendas, pequeños comercios y la iglesia de San José fueron robados dinero y mercancías.

En una aparatosa operación policiaco-militar (la quinta en el gobierno sustituto de Albores Guillén) en la que no se disparó un solo tiro, fueron utilizadas unas 60 unidades del Ejército Mexicano y de las policías de Seguridad Pública y Judicial del estado y federal, dos helicópteros y una docena de hombres pertenecientes a organismos de seguridad nacional.

Mientras los helicópteros sobrevolaban los tres principales barrios del municipio, los comuneros, indígenas tzotziles --reunidos en el auditorio municipal ante el rumor de que los cuerpos policiacos y militares tomarían por asalto la población--, salieron al escuchar a las más de 20 tanquetas artilladas que irrumpieron en el lugar.

Armados con palos y piedras, los habitantes, en su mayoría mujeres y niños, intentaron impedir que los intrusos violaran este municipio, caracterizado por no haber permitido que en los pasados comicios se instalaran las oficinas del IFE ni ningún comité municipal de PRI o PRD, dado que aquí se elige a las autoridades a través de asambleas comunitarias.

Ante la negativa rotunda del retén humano a permitir el acceso a los militares y policías al poblado, estos últimos lanzaron gases lacrimógenos, mientras que con sus escudos y macanas golpeaban a los comuneros para permitir el paso de las tanquetas y los camiones policiacos.

Diez hombres con los rostros cubiertos con sus chamarras, toallas de diferentes colores y paliacates iban señalando cada una de las casas de los simpatizantes del EZLN, de los funcionarios del ayuntamiento constitucional perredista y de dirigentes de bienes comunales de Nicolás Ruiz. A cada casa entraban rompiendo a patadas las puertas, en cada vivienda detenían sin ninguna orden judicial a quienes los embozados señalaban.

Eran las 12:00 del día; habían transcurrido seis horas desde que se inició el operativo, cuando se escucharon gritos: ``¡Mire señor, ahí va el Narciso López, también el Máximo López! Mire bien, ese que está adelante con la cara tapada con su chamarra es Paulino Pérez, Mario Moreno, Santiago Díaz, Maclovio Díaz, además ya no es comunero y hace años vive en Tuxtla Gutiérrez...'', decían a los periodistas Aristea, Alberta, Victoria, Emilia, Joaquina, sin perder de vista a tres camionetas blancas de la Judicial del Estado.

Y era cierto. En la parte de adelante de las unidades, vigiladas por una docena de policías fuertemente armados, había hombres sentados con los rostros cubiertos. En la parte trasera, otros tres campesinos estaban tirados con los rostros tapados para evitar ser reconocidos.

Los pocos periodistas que lograron llegar temprano al poblado eran el paño de lágrimas de las mujeres --varias de ellas con golpes o heridas leves--, que en grupos de treinta se reunían en las principales calles invadidas por policías en busca de sus maridos; enojadas, les gritaban a los policías que se retiraran y buscaban afanosamente atención médica para los niños intoxicados por el gas lacrimógeno.

``Hay tres niños que se están muriendo por los gases que tiraron los policías'', explicaban exaltadas Magnolia y Marcelina, sin dejar de señalar el cuerpo dormido de José Gómez Jiménez, de tres años de edad. ``La gente no está robando ni matando para que tengan delito y no puede ser que por esos 23 estén haciendo estas cosas y vengan con su fuerza a agredirnos a puras mujeres'', repetían a coro acompañadas por Juana, Martha, Aminta, todas bañadas en llanto e impotencia.

El concierto de voces se repetía en cada calle a la que llegaban los periodistas: ``A culatazos y patadas abrieron las puertas de las casas para robar, se tomaron los refrescos de las tiendas y robaron las limosnas de la iglesia de San José'', decían.

Hermila explicó: ``Los que se fueron (de la comunidad), se quisieron ir, no los corrimos. Nosotros peleamos la unión no para otras cosas, nuestro pueblo la costumbre que tenemos es una unión nada más, no dos partidos, no hay división aquí, de por sí somos un pueblo unido y por eso es el problema, porque el gobierno de Roberto Albores Guillén quiere hacer dos partidos. ¿Cómo va a ser que van a vivir dos partidos aquí? ¿Qué no ven que en otros lugares cuántas muertes hay porque hay dos partidos? Por eso los del PRI eso están haciendo''.

Se refería a que, hasta 1991, todo el pueblo decidió pertenecer al PRI. A partir de la irrupción del EZLN, la comunidad entera se afilió al PRD. En este poblado, el partido oficial no logró un solo voto en las últimas elecciones realizadas en 1994, 1995 y 1997.

En cada esquina, en cada calle, en cada casa, los principales lamentos de las mujeres eran por la injusticia que habían cometido los militares y policías con los más viejos del poblado. Por ejemplo, aseguraron que a don Primitivo Díaz Gordillo, un viejito de setenta años de edad, se lo llevaron ``colgado del helicóptero''.

En la lista de los más viejos detenidos ilegalmente están también Florentino Cantoral, Augusto Alvarez Fernández, Pascual Juárez, Pedro Juárez, Máximo Alvarez Rodríguez, la mayoría de ellos de entre 60 y 75 años de edad, entre muchos otros que se encuentran desde el mediodía del miércoles en los separos de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

La ciudad está en un virtual estado de sitio; las entradas son controladas por el Ejército y las calles invadidas por policías. El rastreo hormiga que realizaron en todo el poblado los policías junto con sus guías, o más bien con los secuestrados, finalizó a las 13:10 horas. En ese momento, la carretera entre Nicolás Ruiz y Tuxtla Gutiérrez fue ocupada por las unidades policiacas. Ahí iban los últimos detenidos zapatistas y perredistas. Ahí iban también los guías aún con los rostros cubiertos.

Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, se detuvo a 163 personas, entre ellas cuatro menores y una mujer, Miriam González López. Entre los detenidos, los policías se llevaron a cinco personas que tenían orden de aprehensión. Ellos son: Leopoldo Díaz García, Fidelfo Juárez López, Juan Juárez Gómez, Antonio Serafín López Díaz y Juan Méndez Toom, cuatro de ellos catequistas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Estas personas fueron señaladas como presuntas responsables del secuestro de algunos de los 33 comuneros, que desde el 10 de mayo pasado fueron expulsados de la comunidad por querer instalar un comité municipal del PRI.

En conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por algunos de los comuneros expulsados y por el presidente municipal de Nicolás Ruiz, Manuel de Jesús Ramírez López, el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, subrayó que el operativo en Nicolás Ruiz se dio con el fin de ``rescatar la constitucionalidad y hacer que la ley impere''en la entidad.