Niega ex subprocurador que EU haya pedido apoyo para la acción encubierta

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que funcionarios de los departamentos del Tesoro y de Justicia de Estados Unidos aseguraron haber solicitado en enero de 1996, a través del ex subprocurador Rafael Estrada Sámano, autorización y apoyo para llevar a cabo lo que ahora se conoce como el operativo Casablanca, pero la versión fue desmentida por el ex funcionario, quien dijo a Jorge Madrazo Cuéllar que nunca le pidieron apoyo para dichas investigaciones.

En un comunicado de prensa, la PGR informó que por la mañana de este miércoles los representantes estadunidenses se reunieron con funcionarios de la PGR y de las secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores, y explicaron que miembros del Servicio de Aduanas radicados en California, Estados Unidos, y el agregado de Aduanas de ese país en México, se encontraron con Estrada Sámano para informarle sobre el operativo y pedirle apoyo para su realización.

Pero -según el comunicado de prensa- que a dicha solicitud no correspondió ninguna respuesta por parte de las entonces autoridades de la PGR, a pesar de la insistencia de los funcionarios de Aduanas de Estados Unidos.

Luego de esa reunión, Jorge Madrazo Cuéllar y el subprocurador Eduardo Ibarrola Nicolín se entrevistaron con Estrada Sámano, quien laboró en la PGR durante la administración de Antonio Lozano Gracia, y éste les indicó que los funcionarios estadunidenses le informaron sobre un esquema de lavado de dinero en bancos mexicanos localizados en los estados de Sonora y Baja California, pero que a Estrada Sámano nunca le plantearon ninguna solicitud de actuación por parte de la PGR en apoyo de dichas investigaciones, ni tampoco que se trataba del inicio de un operativo encubierto.

El ex subprocurador dijo que el contenido de la reunión y los puntos tratados con los funcionarios estadunidenses le fueron informados a Lozano Gracia de manera puntual, por lo que se determinó alertar sobre el particular al entonces delegado de la PGR en Baja California.

Supuestamente, a Estrada Sámano le explicaron que, según dicho esquema de lavado, el dinero en efectivo ingresaba a México escondido en vehículos automotores, y que una vez depositado en los bancos mexicanos era posteriormente remitido a otros países, como Panamá o las Islas Caimán, o incluso, retornado a Estados Unidos.

Finalmente la Procuraduría General de la República, luego de escuchar ambas versiones, informó lo siguiente: que aunque se hubiera realizado la conversación entre Estrada Sámano y los representantes estadunidenses, de ninguna manera eso puede considerarse como una validación o autorización para que los informantes o testigos encubiertos al servicio de Estados Unidos, o incluso agentes encubiertos, hubieran realizado acciones en territorio mexicano.

``A mayor abundamiento, en la fecha en que se dice se llevó a cabo dicha conversación no había fundamento legal para autorizar acciones encubiertas, ya que no había sido promulgada la ley federal contra la delincuencia organizada''. (Gustavo Castillo)