Las señales de inoperancias en las cúspides decisorias se han tornado, a últimas fechas, en series de actos incomprensibles que parecen llevar toda la sintomatología de una atrofia gubernamental avanzada. La serie de desaciertos semanales comenzó con un acto de simbología política a la vieja usanza. Una reunión en el santo santorum de Los Pinos. La primera de los nuevos tiempos opositores entre el Ejecutivo y los coordinadores del Legislativo. Siguió con los desplantes alborozados en Morelos de Zedillo para desratizar a un atribulado estado del que se había mantenido ausente.

Culminó con la catilinaria zedillista en Chiapas para exorcizar los demonios de la violencia concitados por los teólogos de la liberación. Unidos, los obispos chiapanecos respondieron tajantemente tales imputaciones. En forma por completo desusual se lanzaron a la yugular de los iluminados y de aquéllos que piensan tener la que juzgan como única y válida razón, en clara referencia a su denostador.

Tras nueve meses de funcionamiento distante entre el Ejecutivo y un Congreso en cuya Cámara de Diputados campea una mayoría opositora, se había llegado por fin a un acto civilizado para los acuerdos o la disidencia. Después de una declaratoria amorfa sobre lo allí tratado, el presidente Zedillo despertó el avispero con su alocución durante su gira por Hidalgo pues al parecer rompió el tácito acuerdo de no referirse al Fobaproa. El PAN se declaró, por conducto del ecuánime senador Jiménez Remus, incompetente para interpretar las intenciones presidenciales. El PRD le respondió con un desplegado, a toda página, donde expone sus fundamentadas razones de disidencia para no aprobar el pase del Fobaproa a deuda pública y propone una cadena de medidas para solventar el problema que éste representa.

A todo esto y ya bien entrados los días subsiguientes, el gobierno envía a sus adalides (Gurría, de la SHCP, y Fernández, de la CBV) a la radio y comisiona sendos reportajes a Televisa para hacerle frente a las razones argüidas por abogados y personeros del PRD y ahora reforzados por los del PAN sobre la invalidez jurídica de los pagarés avalados y el funcionamiento del mismo fideicomiso.

Se inicia así un periodo, que se espera breve, de escaramuzas por las simpatías y comprensión de la opinión pública, ya para estas alturas de la pelea muy cargada del lado de los opositores (ver encuesta del Reforma de ayer). Los argumentos usados por el oficialismo son torpes e infantiles. Se topan de frente con el reclamo justiciero que impele a oponerse a tan pesada carga al contribuyente y al pueblo desamparado. La mayor de su historia, incluida, sin duda, las pérdidas ocasionadas por las varias guerras habidas en nuestra historia.

El pleito real se ha trasladado, sin embargo, a donde debe darse: al juego de partidos y a la Cámara de Diputados. Ahí hay, hoy por hoy, maestros en la política y especialistas financieros. Espantar con las corridas contra el peso, la retención de inversiones y el caos, no es el camino. G. Ortiz ya no amenazará de nueva cuenta con ello por más real que aparezca su dramática posibilidad. Lo han sentado en la guillotina partidaria (PAN y PRD) y, si prosigue por ese camino de sembrar incertidumbres, sus efectos desatarán la cuchilla mortal. Tampoco son efectivas las argucias para ningunear el tinglado de leyes y procedimientos para enjuiciar a los delincuentes y defraudadores con el señuelo de que es difícil hacerlo.

Habrá que recordarles que los Congresos anteriores fueron dominados por el PRI y guiados por los tecnócratas, tiempo suficiente para haber tomado providencias adecuadas y que, el escándalo, cuando es propiciado por la justicia y para satisfacer los resquemores válidos de la sociedad, es aceptable y hasta sano. El caso del famoso Divino (Banpaís) ha caído del mismo cielo y las autoridades pasarán tragos amargos para lidiar con él sin incurrir en contradicciones y reclamar para sí mismos los costos inherentes a las ineficiencias burocráticas de los aparatos financieros.