Niegan zapatistas que se haya disuelto municipio rebelde en el ejido Morelia

Elio Henríquez, corresponsal, Ejido Morelia, Chis., 2 de junio Ť Los habitantes zapatistas de este ejido e integrantes del concejo municipal desmintieron las afirmaciones del gobierno estatal sobre el supuesto desmantelamiento voluntario del municipio autónomo 17 de Noviembre, con cabecera en este lugar e integrado por 56 comunidades.

``Los zapatistas jamás vamos a permitir la destrucción de nuestro municipio rebelde y estamos dispuestos a morir para defenderlo'', aseguraron los indígenas simpatizantes del EZLN durante una asamblea realizada anoche aquí, en la cual rechazaron también la propuesta de remunicipalización hecha la semana pasada por el gobernador Roberto Albores Guillén.

Ayer, en el comunicado número 654 y basado en un acta de acuerdo, el gobierno del estado aseguró que ``en asamblea, la abrumadora mayoría de ciudadanos, ex simpatizantes del EZLN del ejido Morelia, desconocieron al llamado municipio autónomo 17 de Noviembre''.

Por la noche, durante una asamblea en la que participaron decenas de simpatizantes zapatistas --quienes se cubrían el rostro con paliacates o pasamontañas--, Jacinto, uno de los cerca de 15 dirigentes que hablaron, dijo que los priístas ``son minoría'' en Morelia, y por ello ``no pueden tomar decisiones como si fueran mayoría''. Además, acusó al gobierno de dividir a la población a través de la entrega de dinero, vehículos, estufas y ``otras migajas'' a los militantes del partido oficial.

La marcada división en esta comunidad habitada por unas 120 familias --de las cuales unas 70 simpatizan con el EZLN, según sus propias cifras-- ha acrecentado la tensión, aunque aparentemente la vida continúa de manera normal y el Aguascalientes funciona como siempre. Incluso, decenas de hombres y mujeres de varias comunidades están recibiendo un curso de salud y de educación.

En el Aguascalientes cuatro, con sede en este ejido perteneciente oficialmente a Altamirano, los dirigentes de las bases de apoyo zapatistas dijeron que el supuesto acuerdo donde los priístas desconocieron al municipio autónomo 17 de Noviembre, está firmado ``por menores de edad, por refugiados y avecindados que no tienen derecho de hablar por la comunidad''.

El municipio autónomo 17 de Noviembre, bautizado así porque en esa fecha se celebra la fundación del EZLN, ``fue declarado con el corazón verdadero y digno de otros compañeros que no se ven aquí, y así se seguirá llamando aunque no le guste al gobierno'', afirmó María, quien reiteró que están dispuestos a morir si es necesario para defender su municipio. ``Lo que queremos es cambiar el futuro de nuestros hijos para que ya no vivan en la injusticia y no reciban migajas del gobierno'', añadió.

Rosa, por su parte, insistió en que el gobierno ``hace todo lo posible por dividir a las comunidades para que se enfrenten, dándoles migajas''. Los dirigentes reconocieron que algunos de sus compañeros ``han desertado porque no aguantaron la resistencia, se les aflojaron los pantalones y se echaron para atrás, pero la mayoría seguimos en pie de lucha y vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias''.

Durante la asamblea, los indígenas rebeldes rechazaron la propuesta de remunicipalización del gobierno estatal.

``No la queremos, nosotros lo que queremos es hacer nosotros mismos nuestro municipio'', y porque como indígenas ``tenemos derecho a la autonomía que viene en los acuerdos de San Andrés'', concluyeron.

José Gil Olmos Ť El coordinador para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, se comprometió ante ocho alcaldes perredistas de aquel estado a interceder ante el gobernador Roberto Albores Guillén para exigir la realización de una consulta a las comunidades antes de crear 33 nuevos municipios, y a que no existan intereses electorales y de ``contrainsurgencia'' en la administración de los recursos estatales para los municipios gobernados por la oposición.

Rabasa dijo que aceptó ser el conducto para una reunión entre el gobernador y los munícipes perredistas, a fin de favorecer el diálogo y la distensión en Chiapas.

Camilo Valenzuela, secretario de Asuntos Laborales y Empresariales del PRD --uno de los participantes en la reunión--, explicó que su partido está interesado en detener la guerra, pero advirtió que la creación de los nuevos municipios y la campaña de ``ataques'' a los ya existentes, como el de Nicolás Ruiz, podrían acarrear confrontaciones.

Precisó que la búsqueda de la interlocución con el gobierno se debe a la carencia de diálogo con el gobernador, quien hace ``uso discrecional'' de los recursos estatales como parte de la estrategia de ``contrainsurgencia'' contra el EZLN, ya que se limitan las acciones de las autoridades municipales de oposición. Añadió que en el encuentro se destacó la contradicción que existe en el gobierno de Albores, ya que por una parte se propone remunicipalizar y por la otra se actúa para desaparecer los municipios autónomos. Asimismo, dijo que la idea original era tener una audiencia con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, pero éste los envió con Rabasa para que, conforme a sus atribuciones de coordinador para el diálogo, interceda por sus peticiones.

Valenzuela advirtió que el gobernador usa los recursos públicos para manipular a las comunidades, dada la proximidad de las elecciones municipales, a realizarse en octubre de este año.

Sobre la reunión, Rabasa explicó que los ediles perredistas de Chiapas manifestaron su interés en resolver los conflictos mediante el diálogo y la concertación. Dijo que fueron cuatro los temas de los que se habló. El primero fue la procuración y administración de justicia, esto es, los casos en que líderes como Guillermo Hernández, del municipio de Ixtapa, son perseguidos o tienen orden de aprehensión.

Otro tema fue el de la administración de los recursos para obras. Anteriormente éstos se entregaban una vez presentado el expediente técnico, pero ahora se hace mensualmente. Ello implica conflictos, porque existe la modalidad de realizar auditorías que no son recurrentes y detienen la realización oportuna de las obras. En este mismo sentido, se planteó el conflicto que crea la suspensión de obras, en específico en algunos municipios donde incluso ha habido confrontamientos como en Jitotol e Ixtapa, donde están detenidas la construcción de caminos y la instalación de bombas de agua.

Por último, se mencionó la necesidad de hablar con el gobernador de Chiapas, con el propósito de discutir la administración de los recursos y la remunicipalización, no sólo en la zona de conflicto, sino en diversas regiones del estado.

Por otra parte, el presidente municipal de Altamirano, Rogerio Santiz Méndez, rechazó la versión de que las comunidades de la región se manifestaron por desaparecer el municipio autónomo 17 de Noviembre. Dijo que esta fue una versión surgida desde el gobierno federal y que si hubo conflictos entre las comunidades fue por la comercialización de la madera, hace cuatro meses.

En la reunión estuvieron los perredistas Mario Hernández Pérez, concejal de Ocosingo; Apolinar Díaz, munícipe de Bochil; Manuel Gómez Moreno, por Chilón; Alfredo Pérez Pérez, de Jitotol; Rogerio Santiz Méndez, de Altamirano; Esaú Jaime Pérez, de Tuzantán; Salvador Bravo Córdoba, por Mazapa de Madero, y Gilberto de los Altos Cruz, de Pijijiapan.

Presidentes municipales denuncian agresiones

Por otro lado, los presidentes municipales perredistas en Chiapas denunciaron ``agresiones'' y un ``clima de hostigamiento'' en su contra por parte del gobernador Roberto Albores Guillén. Entre las ``medidas represivas'', dijeron, se encuentra la reducción de sus presupuestos y el desafuero de ediles sin causas justificadas.

A nombre de los 18 alcaldes perredistas, una comisión de regidores y ediles --encabezada por la diputada local Emma Toledo-- atribuyó el ``clima de agresiones'' a su negativa a participar en la propuesta de paz que presentó Albores Guillén. De acuerdo con los perredistas, la ``represión'' comenzó con el desafuero del presidente municipal de Ixtapa, Guillermo Hernández Pérez, a quien se le responsabiliza de manera injustificada de la muerte de nueve personas.

Los alcaldes mencionaron la realización de constantes auditorías y resaltaron las ``amenazas'' que han recibido de la secretaria general de Gobierno, Arely Madrid, quien se habría comunicado con el alcalde perredista de Altamirano para decirle que es un subversivo y por tanto, se le aplicarán diversas sanciones. (Georgina Saldierna)