Como progresivamente se mostró, el asunto del ``salvamento'' de la banca se convirtió en un maraña jurídica y económica, embarullada con timos, estafas y fraudes.

La privatización se hizo a tontas y a locas, con múltiples favoritismos aún no aclarados. Se entregaron los bancos a ineptos y/o a corruptos y embaucadores (Cabal Peniche, El Divino, Lankenau y otros muchos), y no faltaron tampoco los inocentes arrastrados por los torbellinos de la inflación, la cartera vencida y el ajuste (Madariaga, Somoza y otros).

La solución Fobaproa no fue tal. Es tiempo de reparar. Las autoridades competentes y el Congreso deberán confirmar si hubo violación de la ley en la deuda contraída por el Ejecutivo, y poner en claro todo lo relativo a la privatización, los autopréstamos, los narcolavados, y toda operación fraudulenta que se haya cometido. Pero tome en cuenta el Congreso que entre más dilate su decisión, mayor será el problema involucrado porque el interés compuesto marcha minuto a minuto y, desde luego, no es puro petate del muerto que los niveles de confianza en la banca pueden haber entrado en un tobogán aún no con demasiada pendiente; una precipitación de la desconfianza acarreará muchos más daños que los ya cometidos por las tropelías y las ineptitudes financieras.

Ponga también el Congreso orden legal: es absurdo que entender lo que ocurre jurídicamente respecto a la capitalización de intereses, exija acudir al menos al Código Civil, al Código de Comercio, a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley general de títulos y operaciones de crédito, y probablemente a algunas otras, a tal punto que hoy la Suprema Corte ha de resolver sobre un procedimiento de contradicción de tesis suscitada por dos Tribunales Colegiados.

La capitalización de intereses es un asunto económico y financiero enteramente normal, y en ese sentido debiera ser legislado con toda claridad. Los depósitos o inversiones financieras que los particulares hacen en los bancos es un pasivo de éstos últimos que, mientras los particulares no los retiran, los intereses son capitalizados, y ganan así intereses sobre intereses. Se trata de un fenómeno de idéntica naturaleza económica que el préstamo que el banco extiende a los particulares. Si la ley los define de modo distinto, la ley está equivocada y es tiempo de reparar.

Pero la existencia de una norma jurídica que disponga la capitalización de intereses no puede impedir que, en condiciones de crisis y de ajuste, la norma no pueda ser cumplida: nadie está obligado a lo imposible. Ocurre entonces lo que también es normal en la práctica financiera mundial: los documentos de deuda pueden ser vendidos en mercados secundarios a precios castigados, a efecto de que el comprador de la deuda intente recuperarla con una ganancia. México ha comprado en el mercado internacional a precios castigados montos significativos de su propia deuda externa.

Si los banqueros y el gobierno estiman que la deuda recuperable es del orden del 30 por ciento de su valor nominal, ábrase la puerta a los deudores mismos a efecto de que puedan comprar su propia deuda con ese nivel de rebaja. Esta sería una práctica común en el mercado financiero pero, además, sería socialmente justa por cuanto los deudores no contrajeron la deuda que ha querido cobrárseles. La cláusula de refinanciamiento incorporada en los contratos de crédito --que ha sido interpretada por un Tribunal como anatocismo simulado--, tiene el propósito de regular operaciones financieras en tiempos de normalidad económica, no en tiempos de graves turbulencias y de ajustes drásticos, ajenos del todo a cada uno de los deudores.

De otra parte, como la privatización se hizo muy mal, es tiempo de reparar esas decisiones. Es preciso volver a privatizar, utilizando las vías y las formas que permitan tener el control del proceso, fortalecer a los bancos (no a los banqueros) y generar una legislación capaz de regular las operaciones con total transparencia. Entre otras cosas parece necesario regular el secreto bancario: en ciertas condiciones socioeconómicas y jurídicas será preciso poner a la luz pública cosas que, no por nada, hoy quieren conservarse en secreto.