Impunes, 3 comandantes de la SSP pese a denuncias de subalternos
Bertha Teresa Ramírez Ť Formados en la práctica del entre y la corrupción, y resistentes al cambio, los actuales jefes del Agrupamiento de Granaderos: Sector Poniente, Juan Pérez Pastrana; del 8 Venustiano Carranza, Esperanza Galicia Carrillo, y de Motopatrullas, Francisco Cue Sarquís, enfrentan sendas denuncias ante la ALDF.
En su contra constan acusaciones que van desde el solapamiento a agentes para el consumo de drogas y tráfico con las constancias de inasistencia, hasta ``irresponsabilidades como haber puesto en riesgo la seguridad de la familia del presidente Ernesto Zedillo al permitir que, mediante un pago, un numeroso grupo de integrantes del agrupamientodejaran de cumplir con un operativo de vigilancia el pasado primero de marzo''.
Las quejas provienen de subalternos de los agrupamientos policiacos en los cuales se han desempeñado como jefes y están contenidas en un expediente de más de 200 fojas en poder de La Jornada. Invencibles, los tres jefes se han mantenido trienio tras trienio sobreponiéndose a sanciones y sobreviniendo incluso a costosas jubilaciones; tienen la particularidad de haber sido convocados al equipo del secretario Rodolfo Debermardi.
Juan Pérez Pastrana fue denunciado desde el trienio de Manuel Camacho Solís, por exigir el entre y permitir el consumo de tóxicos entre el personal policial''. Por su parte, Esperanza Galicia Carrillo --esposa del superintendente Rodimiro Ruiz Rodríguez, actual director regional de la región II--, quien se dice La Generala y se dirige al secretario de Seguridad Pública como ``patrón'', ha convertido a las patrullas en su negocio al asignarlas a particulares por medio de una cuota. Francisco Cue Sarquís causó baja en la corporación, recibiendo entonces una jubilación 180 mil pesos. Dice la queja presentada en su contra que dejó la dependencia precedido por una cuestionable reputación que incluía denuncias de sus subalternos por extorsión y malos tratos.
Zorros
En septiembre de 1993, el primer oficial del Agrupamiento de Fuerza de Tarea, Pablo Vázquez Baena, denunció ante el entonces regente Manuel Camacho Solís, prácticas irregulares del jefe del agrupamiento. La denuncia, fechada el 6 de septiembre, acusa a Pérez Pastrana de tolerarar la corrupción ``y el vicio'' dentro de la corporación.
Según la denuncia, en menos de 15 días varios elementos fueron descubiertos cuando se intoxicaban con pegamento industrial durante sus horas de servicio, además de que fue detectada siembra de mariguana en la base Piraña del agrupamiento, localizado en Tláhuac. A pesar de que de todas estas irregularidades fue informado oportunamente y por escrito el segundo superintendente Pérez Pastrana, éste jamás aplicó sanciones ni medidas para combatir el vicio''.
Ese mismo año, Pérez Pastrana y el subinspector Baldomero Magaña propusieron a Vázquez Baena hacerse cargo del Departamento de Control de Personal. Pérez Pastrana le indicó al primer oficial que contaba con autorización para otorgar permisos a policías que solicitaran faltar a sus labores, por lo cual debía cobrarles 50 mil viejos pesos; el superintendente le manifestó, además, que quincenalmente los permisos otorgados arrojaban un total de 2 millones 100 mil pesos viejos, ya que se recibían en promedio 42 solicitudes por quincena''.
Por oponerse a omitir denuncias contra policías que se drogaban dentro del agrupamiento y por no aceptar el cargo para cobrar las cuotas de los policías faltistas, Vázquez Baena enfrentó ``toda clase de abusos por parte del superintendente, mismos que fueron ejercidos en sus funciones, además de que fue objeto de hostigamiento e insultos por parte de Pérez Pastrana, ``quien lo había instruido para realizar actos corruptos en complicidad con otras personas y a los cuales se negó'', señala una carta de respuesta de la CNDH a una queja presentada por Baena en agosto de 1993. Las quejas presentadas ese año le costaron a Pastrana una amonestación ``privada'' y la remoción de su cargo y trasladado al Agrupamiento de Granaderos Oriente como comandante. Hasta 1996 se mantiene dentro de la corporación, a pesar de que hasta en dos ocasiones es puesto a disposición de personal. Hasta el 12 de diciembre se mantenía en esta situación, pero a punto de concluir el periodo del general Enrique Salgado Cordero es nombrado jefe de granaderos en el Sector 9 Oriente Milpa Alta. El 9 de diciembre, Rodolfo Debernardi le devuelve la comandancia de la Unidad de Fuerza de Tarea Zorros; sin embargo, una fuerte oposición de la tropa obligó al Secretario a removerlo de esa jefatura y nombrarlo jefe de la unidad de granaderos Poniente, cargo que desempeña actualmente. Pastrana nunca olvidó la denuncia de Baena ante Camacho Sólis. Así, el 6 de enero de 1996 el director general de Agrupamientos, Marco Antonio del Prado, puso a disposición de personal al primer oficial.
Motopatrullas
Ante el órgano legislativo, agentes del Agrupamiento de Motopatrullas manifestaron su inconformidad por la corrupción e incapacidad del jefe de dicho agrupamiento, Francisco Cue Sarquís, a quien le atribuyen ``graves responsabilidades que afectan y comprometen muy seriamente incluso el buen nombre de México en el extranjero y la seguridad personal de la misma familia del presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León''. Según la denuncia presentada el primero de marzo, Cue Sarquís encomendó a 120 agentes la vigilancia de cuatro actos públicos, entre los que se encontraban: vigilancia y protección de dos competencias atléticas; de dos altos funcionarios de los gobiernos de España y de Estados Unidos, y ``vigilancia y protección de personas de la familia del presidente Ernesto Zedillo''.
Finalmente, los denunciantes señalan que los llamados entres los reciben Onofre Zenil, Enrique Gama, Carlos Gallegos, Ahedo Olivares, Rafael Aguilar, Ernesto Jiménez y José Maca Rojas.
Esperanza Galicia Carrillo es acusada de ``destinar patrullas fijas durante cinco horas a negocios particulares de los mercados de La Merced, Sonora y Jamaica.