Bancomer: sanear al erario, no ayudar a la banca, fin de la reforma financiera

Roberto González Amador Ť La desconfianza de los diputados para comenzar a debatir las reformas al sistema financiero ``parte de la noción socorrida de que el gobierno pretende seguir justificando su rescate a la banca, cuando lo que se busca es brindar una mayor transparencia a las finanzas públicas'', señaló el Grupo Financiero Bancomer (GFB).

El consorcio consideró que sería ``verdaderamente preocupante'' que el Congreso aplazara indefinidamente el análisis del paquete financiero. Señaló que la conversión de los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en deuda pública ``debe percibirse sólo como la formalización de una deuda pública que está fuera de balance''.

La iniciativa del Ejecutivo para convertir en deuda pública los pasivos del Fobaproa, que suman 65 mil millones de dólares, elevaría el monto del endeudamiento del sector público de 29.5 a 44.5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

``Los diputados de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática consideran remota la posibilidad de que se discuta en un próximo periodo extraordinario de sesiones la iniciativa que convierte los pasivos del Fobaproa en deuda pública'', indicó el GFB en un documento.

Argumentó que la desconfianza de los legisladores de la oposición parte del supuesto de que la iniciativa de ley es un paso más del gobierno para respaldar a la banca privada.

Según Bancomer, las obligaciones del Fobaproa tienen ``de hecho'' el respaldo total del gobierno. ``Es decir, es una deuda contingente. Si las condiciones y el plazo de estos pasivos mejoran, será positivo su traspaso; de otra manera, este proceso será sólo un movimiento en libros''.

Incrementar la deuda pública, aseguró Bancomer, no causaría presiones monetarias a corto plazo, pues se financia con títulos que capitalizan intereses y que vencen en diez años. Además, indicó, estos instrumentos de deuda especiales emitidos por el gobierno federal ``muy probablemente se refinanciarán cuando venzan, lo que suavizará su impacto en las finanzas públicas''.

Roberto González Amador Ť La propuesta original del Ejecutivo para convertir en deuda pública los pasivos derivados del rescate bancario perdió el apoyo de los tres principales partidos políticos representados en el Congreso, incluido el PRI.

El Revolucionario Institucional se sumó este fin de semana a la exigencia de las dos principales fuerzas opositoras, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), de que se investigue la presunta existencia de ilícitos cometidos por banqueros y los supuestos favores concedidos por el gobierno a los accionistas de las instituciones durante el rescate realizado a consecuencia de la crisis de 1994-1995.

La iniciativa presentada por el gobierno en marzo pretendía que los legisladores aprobaran que los pasivos en poder del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un fideicomiso administrado por el Banco de México y que suman unos 65 mil millones de dólares, se convirtieran sin más en deuda pública.

A dos meses de que se presentó la iniciativa, y sin que se conozca la fecha en que se discutirá, los tres principales partidos coinciden en que es necesario conocer primero los expedientes del Fobaproa --algo a que se opone el gobierno con el pretexto de proteger el secreto bancario-- y después decidir la conversión a deuda pública.

El viernes pasado el PRI advirtió que rechazará cualquier signo de impunidad si se descubren manejos ilícitos con recursos del Fobaproa. Ese partido demandó que el Congreso profundice las auditorías al fideicomiso y señaló que no tendría caso discutir la reforma en un periodo extraordinario si antes no hay un consenso mínimo entre los diputados. ``Debe quedar claro si hubo algo ilícito'', insistió.

El PRI está a favor de que se realicen auditorías al Fobaproa, pero plantea que no debe esperarse a que termine el análisis para votar la reforma.

Ayer, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados publicó un desplegado en el cual anuncia que votará a favor de la iniciativa sobre el Fobaproa sólo si se comprueba que esos recursos se destinaron en forma legítima y transparente a los ahorradores y deudores del sistema financiero y que las personas vinculadas al sistema bancario no se beneficiaron de esos recursos.

``Existe una presunción fundada sobre la ilegalidad de la asunción por parte del gobierno federal de las obligaciones contraídas por Fobaproa'', señaló. Este partido plantea que se realice una investigación profunda del Fobaproa para que los legisladores estén en condiciones de fijar en el debate una posición específica respecto a la actividad desarrollada por dicho fondo.

El PRD condicionó el jueves su participación en el debate legislativo sobre el Fobaproa a que ``se transparente'' la entrega de recursos a los bancos y a que se establezca un esquema compensatorio a nivel constitucional para resarcir a los mexicanos del daño que les causaría convertir los pasivos del fideicomiso en deuda pública.

Las posturas de los tres partidos contrastan con la iniciativa de reforma al Fobaproa enviada por el Ejecutivo, que no prevé la realización de auditorías, sino que sólo pide la autorización para convertir en deuda pública los pasivos bancarios.

Cuando legisladores han pedido información al gobierno sobre los créditos comprados por el Fobaproa a los principales bancos del país --algunos de cuyos dueños son simpatizantes del PRI--, las autoridades se escudan en el secreto bancario para negar los reportes.

El Partido Acción Nacional mantendrá en el Congreso de la Unión su rechazo a la propuesta presidencial para convertir en deuda pública los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), afirmó ayer en el puerto de Veracruz el coordinador parlamentario del PAN, Carlos Medina Plascencia.

La fracción parlamentaria del PAN, aseguró Medina Plascencia, rechazará ``tajantemente'' la iniciativa porque funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México manejaron esos recursos ``en forma fraudulenta''.

Precisó que la postura del PAN se basa en tres puntos: ``La modificación de la propuesta gubernamental presentada al Poder Legislativo para solucionar el problema del Fobaproa; en segundo lugar, se condena la forma en que se procedió al rescate de las instituciones bancarias, porque se utilizó ilegalmente el dinero de los mexicanos para beneficiar a un grupo reducido de ciudadanos''.

Asimismo, los legisladores panistas se oponen ``a que se aplique al pueblo la carga de pagar los errores cometidos por funcionarios gubernamentales. Ante los indicios de comisión de delitos por parte de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, es importante investigar a fondo y deslindar responsabilidades penales''.

El ex gobernador de Guanajuato señaló que la investigación ``debe abarcar también a los banqueros y a personas externas beneficiadas con recursos otorgados sin la aprobación del Congreso y que por ello eran ilegales''. No descartó la posibilidad de solicitar juicio político contra el ex secretario de Hacienda y actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, y contra Martín Werner, actual subsecretario de la SHCP.

Mientras, en Villahermosa, Tabasco, el coordinador de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, Arturo Núñez Jiménez, consideró que condicionar la reforma del Fobaproa a la renuncia de Guillermo Ortiz, como, según dijo, pretenden PRD y PAN, sería una muestra del grado de sobrepolitización a que se ha llevado el caso del rescate bancario.

Insistió en que ``no hay que prejuzgar'' antes de que se conozcan los resultados de las investigaciones y auditorías sobre las operaciones bancarias, pues todos los legisladores han coincidido en que se transparente el manejo del Fobaproa. ``Lo demás es posición política'', subrayó.

Núñez dijo que no se ha comprendido claramente el caso del Fobaproa, pues la deuda generada por el rescate bancario ``está generando intereses''. (Andrés Morales y René Alberto López, corresponsales)