La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una prueba de fuego: la decisión sobre la ilegalidad de los préstamos con intereses sobre intereses. Reclama creatividad, justicia y sentido de equidad. Afectará al sistema financiero nacional y/o a una parte medular de la clase media. El sistema bancario no es propiedad irreductible de los banqueros. Su correcto funcionamiento es vital para la nación. El otorgamiento de millones de préstamos para adquirir viviendas, otros bienes de consumo esencial, no es un asunto privado entre banqueros y deudores.

La SCJN tendrá que resolver con los ojos abiertos. La imagen de la justicia cegada por una venda es inaplicable aquí. No se debe juzgar en abstracto. El derecho no es un fetiche. Nadie puede dudar de su carácter instrumental. La más alta de todas las funciones de Estado, la impartición de justicia, debe orientarse a lograr el bienestar general. La SCJN tendrá que mesurar los daños que produciría una resolución a favor de los deudores (que parece jurídicamente lo más justo) si se anulan todos los contratos de préstamo, el impacto significaría la probable dislocación del aparato financiero. En el futuro el acreditamiento privado para adquirir vivienda sería imposible. Si la SCJN, para ``salvar'' al sistema financiero, declara válidos los contratos y destruye la economía de 5 o 6 millones de familias, estaría interpretando el derecho de modo erróneo y destructivo.

La SCJN habrá de tomar en cuenta las circunstancias reales. El desequilibrio de las cuentas de los deudores no se debe a su ``frivolidad'': los banqueros desencadenaron la expansión crediticia hacia personas y empresas, alentados por su inexperiencia, embriagados por la ``prosperidad instantánea'' del salinismo. La acumulación de errores del gobierno desembocó en la crisis de diciembre de 1994. Trastocó todo. Continuaron los abusos durante los primeros años de este gobierno. Las autoridades autorizaron la capitalización de intereses con altísimas tasas. Todo se justificó a la necesidad de programas de ajuste.

El sistema y los deudores han caído en la insolvencia por sucesos inesperados. ¿Cómo puede obligarse al cumplimiento de obligaciones concertadas en una época que se veía como normal, si a la fecha de su ejecución hay nuevas circunstancias imprevisibles que hacen que la realización de la prestación sea imposible, o excesivamente gravosa? ¿Puede la SCJN resolver con equidad, ``salomónicamente'', sin violentar la ley? Supongo que sí. Casi no hay problemas jurídicos que no tengan precedente en derecho clásico. En el derecho romano era posible la modificación de obligaciones en razón del cambio de circunstancias imprevisible para las partes. Esto es, lo llaman los juristas, ``teoría de la imprevisión'' (rebus sic stantibus). El mercantilista José Héctor Macedo, al escribir sobre el tema bancario, lo ha expresado con claridad: ``El Poder Judicial debe revisar las circunstancias específicas en que se han alterado los contratos. Este el núcleo de la teoría de la imprevisión. Su espíritu está en la posibilidad de resolver cada caso concreto distribuyendo equitativamente entre las partes las cargas y los alivios causados por acontecimientos o circunstancias no previstos''. Resulta injusto que uno solo sobrelleve el peso de las circunstancias. El juzgador podrá y deberá decidir cómo distribuye las cargas no previstas de una manera proporcional y viable. La ley admite la equidad como fuente de derecho y la teoría de la imprevisión está asumida por nuestras leyes. Una resolución equitativa de SCJN es enteramente posible.

El Poder Judicial y el poder público pueden intentar ``salvar'' al sistema financiero, pero resulta atroz que se proteja a los que lo arruinaron. Finalmente será el pueblo de México quien absorba como contribuyente los mayores daños por el ajuste, sea éste el que sea. No deben quedar impunes banqueros inexpertos, abusivos, irresponsables o corruptos. Los culpables de latrocinios y fraudes deben ser castigados y los ineptos deben pagar con su patrimonio y su prestigio sus errores. No deben seguir administrando las instituciones de crédito. ¿No funciona así la mano invisible del libre mercado?