la lista interminable de Chiapas, los secuestrados de todas partes, los ejecutados de la frontera, los 17 de Aguas Blancas, los muertos a patadas de la Buenos Aires La geografía mexicana aporta retazos al gran mapa de la violencia producto de la ``gravísima crisis de seguridad pública'' que vive el país, como reconocen en lo más alto del gobierno federal. Aquí presentamos dos miradas a la geografía de la violencia.

Culiacán, Sinaloa. Fueron a una fiesta y no los volvieron a ver. Los primos hermanos Juan Emerio Hernández Argüelles, Abraham Hernández Picos y Jorge Cabada Hernández llegaron a la fiesta en una residencia de la colonia Las Quintas. Era la noche del 29 de junio de 1996. Llegó la madrugada. La última en que los vieron.

La fiesta fue en la casa del empresario Rolando Andrade. Ahí, los Hernández se encontraron con su amigo Christian Alvarez, quien había sido novio de Helga, la hija menor de la familia anfitriona.

Así comenzó todo.

La pareja tuvo una discusión. Alguien fue a buscar a Rommel Andrade, el hermano mayor: ``Chistian le quiere pegar a Helga''.

Rommel se acercó enfurecido y se fue a golpes contra Christian. Los primos Hernández trataron de separarlos. Rommel salió perdiendo y amenazó: ``Me la van a pagar, cabrones, porque a mi familia nadie la toca''.

Tras el pleito, los muchachos dejaron la fiesta y llevaron a otro de sus primos a su casa, donde estuvieron unos 45 minutos. Luego, se dirigieron a sus domicilios.

Al salir de Las Quintas, aseguran testigos, fueron detenidos por agentes de la Policía Municipal , a eso de las 4 de la madrugada.

El automóvil en que viajaban los muchachos fue encontrado poco después. De ellos no se ha tenido noticia.

La investigación fue iniciada por autoridades locales y, tras fuertes protestas de los familiares y la intervención del presidente Ernesto Zedillo, asumida por la Procuraduría General de la República.

Desde los meses posteriores a la desaparición, hubo indicios -corroborados a medias por investigadores del caso- de que los policías municipales ``entregaron'' a los jóvenes a elementos de seguridad de la familia Andrade.

A principios de este año, Rolando Andrade estuvo algunas semanas bajo arraigo domiciliario en la ciudad de México, aunque según Abraham Hernández, padre de uno de los muchachos, la medida no tuvo relación con el caso.

Los jóvenes Hernández forman parte de la lista de desaparecidos de Sinaloa, a la que se siguen sumando nombres. De junio de 1994 a mediados de mayo, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos registraba 60 casos, de los cuales 26 siguen pendientes. Claro, en su mayor parte, los casos ``resueltos'' han tenido la forma de cadáveres.

El peor infierno

``¿Por qué no voltean a Sinaloa? Francisco Labastida Ochoa, en sus primeros días en Gobernación, dijo que en Chiapas van 350 muertos. Acá, en dos años van mil muertos''.

El hombre que pregunta se llama Jorge Cabada Orduño. Tiene un aspecto frágil y un espíritu ordenado. Habla a mediados de enero pasado en un café de Culiacán. Con suavidad que estremece resume su vida de los últimos 19 meses: ``El peor infierno que se puede vivir es tener un hijo desaparecido''.

Este profesor universitario quiere recuperar a su hijo y sus sobrinos. No lo dice, pero al menos quisiera saber qué fue de ellos.

En un par de horas, Cabada reconstruye la negra madrugada en que le arrebataron a su hijo y sus sobrinos (las líneas anteriores se basan en su versión). Luego entrega una ordenada carpeta de recortes de la prensa local. Promete enviar unas fotografías de los muchachos y alguna otra información. Cumple. El paquete llega el 3 de febrero.

Dos días después, Jorge Cabada muere a consecuencia de viejas dolencias revividas por un pequeño accidente de auto. ``Se fue el alma del movimiento contra la impunidad en Sinaloa'', dice uno de sus amigos cercanos.

Jorge Cabada no pudo saber qué fue de su hijo. Tampoco pudo ver cumplidas las promesas presidenciales ni terminada la complicada investigación -más de 130 personas han declarado- iniciada por las autoridades locales y retomada por la PGR.

Si viviera, Jorge Cabada tampoco sabría gran cosa. El expediente sigue abierto.

Hostigamiento

Enero. Los altos muros de la residencia de los Andrade están cubiertos por enredaderas. La luz del pórtico está apagada. ``Ya no queda nadie ahí'', dicen los culiches.

Desde que las sospechas de los familiares de las víctimas y las investigaciones empezaron a apuntar hacia él, Rolando Andrade ha denunciado que se pretende ``fabricar culpables'' y que su familia y sus colaboradores son permanentemente hostigados.

En 1996 y 1997 llegó a publicar desplegados de plana entera en la prensa local. En junio del año pasado, por ejemplo, denunció que agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE) intentaron secuestrar a su hija Helga.

Dedicado durante años a la compra-venta de cosechas, hacia 1995 en los campos de su propiedad trabajaban cerca de 10 mil personas. Andrade también ha hecho negocios en las industrias maderera y de la construcción.

Sus holgados recursos le han permitido relaciones políticas de alto nivel. Los familiares de los jóvenes desaparecidos insisten en que la investigación local fue obstaculizada porque Andrade fue uno de los donadores para la campaña del gobernador Renato Vega.

A solas con el Presidente

El 24 de junio del año pasado, los familiares de los Hernández y de otros desaparecidos bloquearon la salida de la camioneta del presidente Zedillo, durante una gira por la entidad. Las fotos de los diarios locales muestran a una madre bloqueando la salida del vehículo y lanzando gritos desesperados.

En una visita presidencial anterior, el 11 de febrero de 1997, Rosa María de Hernández logró hablar a solas con el presidente Zedillo.

-¿Me permite, señor gobernador? -dijo Zedillo y Renato Vega tuvo que dejar su despacho.

Ahí mismo, el jefe del Ejecutivo se comunicó con el procurador Jorge Madrazo.

-¿Cuándo los puedes recibir? -preguntó.

A partir de entonces, la PGR entró como coadyuvante a las investigaciones. Los familiares argumentaban que durante los primeros ochos meses las autoridades locales ``simularon hacer una investigación. Se habla de que se repartieron 3 millones de dólares''.

En diciembre de 1997, la PGR tomó el caso.

Perfectos

``Amado Zambada (procurador estatal) se prestó al juego con Rolando Andrade, ya que él me pidió un documento de exoneración y yo me negué'', dijo el subprocurador José Luis Zavala, el único funcionario local en quien confiaban los familiares, promovido a otro cargo el 11 de marzo.

Ese mismo día, cientos de personas salieron a las calles de Culiacán, en una marcha convocada por el Frente contra la Impunidad, integrado por universitarios, abogados, empresarios y familiares de las víctimas de la violencia.

``No hay crímenes perfectos, lo que hay son unos perfectos inútiles para la investigación'', se leyó en una de las pancartas.

La respuesta del procurador Amado Zambada fue: ``Los manifestantes confunden varias cosas, por lo que culpan a la Procuraduría de todo lo que ocurre en materia penal en el estado. La incidencia delictiva no significa ineficiencia de la Procuraduría, sino que no somos suficientes todas las policías del estado''.

El Frente contra la Impunidad quiere que Sinaloa se mire en el espejo de Morelos. Pero el gobernador Renato Vega ya se va. Y la agitación política por las campañas en curso y por las protestas de los agricultores, endeudados y con sequía, apagan los ecos de la violencia.

Un levantón

El 17 de febrero pasado, en Los Mochis, varios hombres secuestraron a Arcadio Solís Pacheco, integrante del cuerpo de seguridad personal de Rolando Andrade y, para variar, ex comandante de la Policía Judicial de Sinaloa.

El hombre iba acompañado de su nieta Sonia, de tres años, quien fue abandonada por los secuestradores de su abuelo en plena calle.

Horas después, el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Llánez, hizo publicar su ``indignación'' por el proceder de los agentes de la PGR que ``levantaron'' a Arcadio Solís.

Solís fue puesto en libertad pocos días después.

Finalmente, la PGR reconoció haberlo detenido para llevarlo a declarar a la ciudad de México sobre el caso de los jóvenes. Ese mismo día, el delegado de la PGR en la entidad, Martín Ortiz, admitió ante la prensa local que Rolando Andrade se encontraba bajo arraigo domiciliario, desde unas semanas atrás, para interrogarlo sobre los desaparecidos y por presunto lavado de dinero.

Sin embargo, el sábado 21 de febrero, los familiares de los jóvenes fueron informados extraoficialmente de la liberación de Andrade, al no encontrarse pruebas de ninguna de las imputaciones en su contra.

Robespierre Lizárraga, jefe del equipo de seguridad de Rolando Andrade, fue director de la policía municipal de Culiacán durante el mandato del actual secretario de Gobernación.

Yamashiro ya no está en la lista

Francisco Mario Yamashiro Corrales duró poco en la lista de desaparecidos.

Oscar Loza, con su caligrafía de niño, actualiza la lista de más de 60 nombres que arranca a mediados de 1994. Debajo de la columna ``resultado de búsqueda'' y en el extremo derecho de la fila donde aparece el nombre de Yamashiro, escribe una palabra: MUERTO.

El 27 de abril pasado, el joven Yamashiro hacía un trabajo de albañilería en la esquina de Vasconcelos y Ejército Nacional, en Culiacán, cuando cinco hombres armados lo subieron violentamente a una camioneta Suburban. Horas más tarde, en el mismo sitio, fue ``levantado'' su cuñado José de Jesús Rodríguez Inzunza.

El patrón común de las desapariciones, dice Oscar Loza, es que los presuntos involucrados son ``servidores públicos o gente tolerada por las autoridades''.

El cadáver de Yamashiro fue hallado el 8 de mayo en estado de descomposición, y con varios disparos en el cráneo, en el camino a Ayuné. El cuerpo de su cuñado había sido hallado el 29 de abril.

Yamashiro ya no está en la lista de desaparecidos.

No es como la Buenos Aires

Las denuncias, las quejas, los desplegados en la prensa se suceden uno tras otro.

Una plana entera el primero de febrero: ``En diciembre fueron secuestrados y posteriormente brutalmente asesinados nuestros familiares de nombres Adalberto Coronel Ibarra, Gabino Coronel Ibarra, Francisco Angulo Urtusuástegui, José Alberto Zavala Ureta y Octaviano Domínguez Ortiz...''

Los familiares de las víctimas recordaban al gobernador Vega el caso de la colonia Buenos Aires, donde varios jóvenes fueron ``masacrados por elementos militares adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del DF, con la diferencia de que en esa ocasión sí hubo voluntad política de las autoridades para esclarecer los hechos''.

Otra familia que publica desplegados demandando justicia es la Rico Urrea. Su caso es emblemático: 11 personas, entre familiares y cercanos, han sido desaparecidas o asesinadas, algunas de ellas durante la administración de Francisco Labastida.

La geografía de la delincuencia

Recorrido de las colonias de Culiacán con tres guías. La charla y el paseo suceden con la condición de que sus nombres no serán revelados. Igual, ellos tampoco, bajo ninguna circunstancia, dirán los nombres de sus amigos de infancia que se volvieron narcos o de sus vecinos que tienen arsenales en sus casas.

En la libreta caen los nombres de las colonias. Las bandas de cholos de la Libertad, la Díaz Ordaz, la Independencia, la Ortiz de Toledo, la Angeles, la Plutarco. Los robacoches de la Adolfo López Mateos. Otra más donde se especializan en peatones.

Cada ciudad del país tiene su propia geografía de la violencia y las historias que se acumulan venden periódicos aunque parezcan ya no conmover a nadie.

Entre tumbo y tumbo por las calles de Culiacán, hay que dejar de anotar. A fin de cuentas sólo es una porción de la ciudad y las páginas de la libreta podrían consumirse enteras.

Con la mano en el gatillo

En una oficina del centro de Culiacán, el abogado José Daniel Cebreros, que ha encabezado un órgano consultivo municipal sobre seguridad, pregunta: ``¿Ya vio los periódicos''. En los diarios de hoy se registran dos asesinatos con armas de grueso calibre. Cebreros abre tamaños ojotes: ``¡Es un milagro que nada más haya dos, porque el promedio es de tres ejecuciones diarias con armas de grueso calibre!''.

Un sinaloense describe la Nochebuena en Culiacán: ``En todos lados se oye: taca-taca-taca, ratarataratata, puros cuernos de chivo y R-15, puras armas largas. Pero, ya sabes, siempre hay uno que quiere demostrar que la llega más lejos y de repente se escucha un silbido fuerte seguido de un ¡booooom! ¡Sí, un bazukazo, deveras!''

El pasado año nuevo, cuenta el abogado Cebreros, el concierto de las balas duró dos horas.

Desde hace unos diez años, la señora Delvia V. de Arozamena hace campaña en las paredes de Culiacán: ``Di no a las armas de juguete''.

El ayuntamiento se ha sumado con un mensaje en paredes, puentes y postes: ``Imagínate a Culiacán sin violencia. ANIMATE''.

Sí, imagínate.

La misma medicina

Y los resultados, iguales. Los mandos policiacos de la entidad se militarizaron a principios de 1997 y los indíces de delitos siguieron creciendo.

Ya en los mandos de todas las policías, los militares con licencia se dedicaron a combatir a la delincuencia ``sitiando las comunidades junto con el Ejército, para decomisar armas y drogas'', dice el abogado Cebreros. Los resultados, afirma, fueron pobres. ``En la mayor parte de los casos lo que decomisaban eran rifles palomeros, calibre 22 y pistolitas''.

Mil 866 homicidios

La Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo un ejercicio. Los 580 homicidios registrados solamente en Culiacán en 1995 y 1996 derivaron en 542 averiguaciones previas.

``Al 28 de febrero de 1998, dice un informe de la comisión, encabezada por Jaime Cinco Soto, solamente se habían dictado ¡45 sentencias condenatorias!''

Más: solamente en 20 casos ``se condenó la reparación del daño''.

Sigue el informe: ``En 1997, en el mismo Cualiacán, se cometieron ¡329 homicidios!, que sumados (a los dos años anteriores) arrojan un total de ¡909 homicidios! en tan solo tres años. ¿Cuál es el saldo, en víctimas indirectas, es decir, en viudas y huérfanos?... El horror no puede ser mayor''.

Oscar Loza repasa la impunidad: se abren entre 21 mil y 22 mil averiguaciones previas al año. ``En la prensa llegamos a contar 9 mil delitos, esto es, apenas 40% de las averiguaciones previas''.

Sigue: ``El problema es la impunidad. De los informes del gobernador deducimos que sólo se gira una orden de aprehensión por cada tres homicidios. Ahora bien, siempre según los datos oficiales, se cumplen 57% de esas órdenes de aprehensión. Esto nos lleva a que, si creemos en las cifras oficiales, sólo se detiene a uno de cada cinco homicidas''.

Un recuento de la comisión que encabeza Oscar Loza arroja que de 1994 a 1997 se registraron, en todo el estado, mil 866 homicidios.

La ``línea real''

Mientras los aires electorales invaden Sinaloa, Abraham Hernández se niega a soltar su punto: la ``línea real'' que tiene la PGR ``es la participación de los policías en la desaparición de los muchachos''.

Machaca: ``Los policías deben responder, ¿qué hicieron con ellos?, ¿a quién se los dieron? Ellos pasaron por ahí aunque lo niegan''.

Unos días antes se declaraba convencido de que ``Rolando Andrade ya compró conciencias federales''.

La culpa es de las víctimas

Como las muchachas asesinadas en Ciudad Juárez, los desaparecidos de Sinaloa cargan la ``culpa'' de ser víctimas. En Sinaloa, cuando alguien es ``levantado'', las autoridades se apresuran a hablar de ``ajustes de cuentas''.

Abraham Hernández lo ha padecido: ``Es muy fácil que te digan que por narco o porque una vez asaltó a alguien. Siempre dicen que es simplemente una venganza. Pero en nuestro caso las involucradas fueron autoridades''.

Los Hernández acaban de sumar una semana más sin saber de sus hijos. Una semana en la que leyeron al presidente Zedillo declarar que ``el gobierno es y debe ser, el primero en reconocer que nuestro país está viviendo una muy grave, gravísima crisis de seguridad pública''.

José Luis López Duarte, presidente estatal del PRD, cuenta la historia de un primo suyo, a quien mataron en Badiraguato, nomás de 55 balazos.

-Mi mamá fue al entierro y cuando regresó me dijo: ``Ay, hijo, parece que tu primo (hermano del asesinado) está en guerra''.

El primo en cuestión andaba en plan de venganza: cargaba dos pistolas, carrilleras y dos rifles.

Naturalmente, unos meses después este segundo primo también fue asesinado.

``Pero a ese entierro mi mamá ya no fue'', se encoge de hombros el primo López Duarte, como diciendo para-qué-diablos.

Primer acto. Madrugada del lunes pasado en el centro de Culiacán. Cerrón. Dedos en el gatillo. Agentes de la Policía Judicial del Estado retienen, ``para identificación'', a elementos de la Judicial Federal encabezados por el subdelegado Jaime Domínguez. Tras una tensa hora, sólo la intervención del Ejército ahuyenta el choque.

Segundo acto. La delegación de la PGR interpone una denuncia formal contra los jefes de la Judicial del Estado por delitos contra la administración pública y abuso de autoridad . Juan Raya Martínez, el delegado, admite que no existe coordinación entre las policías judiciales y advierte que la PGR no tolerará que se obstaculice su labor.

Tercer acto. El procurador Amado Zambada dice que se trató de un incidente sin importancia y que entre las policías existe una excelente coordinación.

Cuarto y último acto. Martes 26 en la hacienda de Los Morales, en la capital del país. Ante la comunidad hispano-mexicana, el presidente Zedillo reitera que pronto se presentará un nuevo programa de Seguridad Pública en cuya elaboración se ``ha incluido la participación de las autoridades de todas las entidades federativas, pues para enfrentar un problema que se extiende en todo el país, debe existir una coordinación que sea muy efectiva entre los tres órdenes de gobierno''.

Para que el nuevo programa funcione, el jefe del Ejecutivo plantea dos condiciones: una, ``que todos participemos'' y, la segunda, ``desarrollar entre los ciudadanos una cultura de cero tolerancia frente a la delincuencia''.

En una de las investigaciones abiertas por los asesinatos de muchachas en Ciudad Juárez, los policías consideraron suficiente describir a un sospechoso así: ``Bajo de estatura, moreno y tipo chilango''.

Antes de Daniel Arizmendi (originario de Ciudad Nezahualcóyotl), más de un funcionario estatal argumentaba que la delincuencia en Morelos provenía entera del Distrito Federal.

Baja California, según algunas de sus autoridades, sería un estado blanco de no ser por los sonorenses, sinaloenses y duranguenses que la visitan para cometer fechorías.

El mal que viene de fuera es siempre un magnífico pretexto para procuradores, policías y gobernantes.

¿Sinaloa? Sinaloa exporta.

Véase el siguiente despacho de la agencia Notimex, reproducido por la prensa local: ``Mexicali, BC. Un individuo fue acribillado a tiros por personas que le dispararon desde un automóvil (...).

``El parte señaló que testigos de los hechos informaron que Çlos desconocidos tenían aspecto de sinaloenses por su forma de vestirÈ''.

Ese dato explica todo.

-¿Cuándo fue el caso de la Goga?

-Hace dos años.

-No, hace tres.

-Que hace cuatro, hombre.

En cualquier mesa de sinaloenses, los ``casos'' se acumulan y las fechas se extravían en el mapa de la violencia cotidiana, de los secuestros de siempre.

La Goga Coppel Peña era parte de una familia rica. Todos la describen como una señora tranquila, que no hacía daño a nadie. La secuestraron y la mataron.

¿Fue a raíz de la muerte de la Goga que una señora mazatleca ``de sociedad'' cacheteó al gobernador Renato Vega, tras decirle que le iba a prestar sus faldas?

-Tal vez sí.

-No, fue por lo de Rico.

-Caray, que fue el secuestro del empresario Peraza. ¿No ves que pagaron el rescate?

Y así toda una noche en Mazatlán. Hasta que una voz en la mesa remata una historia que no tiene final:

-Lo que sea, pero yo no recuerdo que haya caído una sola banda de secuestradores.

En todas partes, las autoridades competentes -como se les llama aún en la nota roja- tienen ideas novedosas para combatir la delincuencia. En Ciudad Juárez, la subprocuraduría de Justicia planteaba prohibir la circulación de automóviles en ciertas zonas ``peligrosas''. En Tijuana, las autoridades municipales elaboraron un manual en el que recomendaban a los ciudadanos hacerse expertos en artes marciales. En Guadalajara, un alcalde sugería a los ciudadanos encerrase en casa a partir de las 10 de la noche.

¿Y a qué dedicaba el gobierno de Sinaloa mil hombres en mayo de 1996, año en que se registraron 534 homicidios? A perseguir al Chupacabras.

En el gobierno perredista del DF, el coronel Rodolfo Debernardi ha sido, a la vista los anteriores ejemplos, más prudente: simplemente dijo que no ha nacido quien acabe con la delincuencia.

Guadalajara, Jalisco. Mediodía a 35 grados centígrados. En la esquina de Vallarta y Unión una camioneta blindada frena de golpe mientras dos sujetos bajan corriendo.

Junto a la camioneta, el chofer de un taxi tranquiliza al pasajero. ``No se asuste, mi buen. Nomás si oye truenos agáchese''.

Los tipos regresan a la camioneta. Falsa alarma. La tranquilidad retorna al congestionado crucero.

Es Guadalajara. La violencia dejó de ser pleito de narcos y se convirtió en la vida cotidiana. Ahora, el que nada debe sí tiene por qué temer.

Hablan los números.

En dos años, los secuestros con denuncia pasaron de 55 a 118, sin contar los casos que permanecen anónimos y que podrían representar hasta cuatro veces la cifra oficial.

El robo de vehículos creció 25.4%. Los asaltos a transportistas aumentaron 233%: las carreteras a Los Altos dejaron de ser seguras por el asedio de gavilleros. Existen 161 personas desaparecidas. De enero a mayo los homicidios violentos crecieron casi 7% con respecto al año anterior.

Las reglas no escritas norman ahora la vida en esta ciudad. Al circular por las calles algunos recomiendan mirar con frecuencia el espejo retrovisor, para detectar si se acerca alguna motocicleta.

Desde finales del año pasado, las motos son las favoritas de los asaltantes, que aprovechan los congestionamientos vehiculares o las paradas obligadas en los semáforos para despojar a los automovilistas

Los tapatíos están asombrados. ``Cuando lo veía en la tele sentía lástima por los chilangos, pero ahora me da rabia y miedo porque le puede tocar a cualquiera'', lamenta Cristina Urzúa, gerente de un restaurante de mariscos.

Junto con la bruma que los cubre y la contaminación que los ahoga, los tapatíos ven cada vez más cerca uno de sus principales temores: parecerse al Distrito Federal.

Guadalajara en armas

Madrugada a 27 grados centígrados. En un alto se empareja un Jetta negro, con cinco chavos que andan de fiesta.

Uno de ellos saca una pistola y apunta al conductor de al lado. ``¿A donde vas, güey?'', dice con voz pastosa, y enseguida dispara a las llantas.

El Jetta arranca a toda prisa, mientras sus ocupantes festejan la broma. Los pasajeros del vehículo baleado se quedan sentados, pálidos.

Un incidente común, dice un joven, porque en Guadalajara la portación de armas es cada vez más frecuente. ``A mí se me quitó lo bravucón desde una vez que me pusieron una madrina con un cuerno de chivo'', confiesa sonriente.

Jorge Regalado, jefe del Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales (Desmos) de la Universidad de Guadalajara, dice que el incremento de portadores de armas está directamente relacionado con el clima de inseguridad que se vive en la ciudad.

``Ya todo mundo se empieza a armar, como un recurso de autodefensa. Es muy preocupante, porque si compras una pistola es porque estás dispuesto a usarla y no solamente contra un delincuente. Cuando hay otros motivos, aprovechas el viaje y la sacas''.

El resultado es violencia, como los 133 homicidios intencionales cometidos hasta abril. O los 5 mil 881 autos robados a mano armada hasta el 13 de mayo. O los diez asaltos bancarios cometidos en lo que va del año.

Violencia que las autoridades minimizan.

Según el procurador de Justicia del Estado, Félix Ledezma, del total de homicidios apenas 20% corresponde ``a gente común y corriente''. El resto, afirma convencido, son ajustes de cuentas entre narcotraficantes.

Cierto o no, en Guadalajara se vive ahora un clima de miedo que no existía ni siquiera en las peores épocas del narcotráfico. Ahora, dice Regalado, la violencia ``es un indicador que debes considerar cuando tomas alguna decisión de tu vida personal, familiar, a veces de tu vida laboral''.

Se trata, insiste, de un problema grave, similar al que se vive en el Distrito Federal pero matizado. ``Aquí no estamos en sicosis''.

Los sociólogos tratan de explicar: ``Es una situación extraña, socialmente no la acabamos de procesar de manera clara. Hay desencanto y desilusión; a veces se dice que se esperaba más del gobierno (panista), pero al mismo tiempo, se le concede el beneficio de la duda'', dice Regalado.

En la Guadalajara cubierta de humo y con 250 puntos de ozono, no todos piensan igual. Los pasajeros del auto baleado, por ejemplo.

La justicia en cajas

Procuraduría de Jalisco, 31 grados centígrados.

En los pasillos y junto a las paredes se acumulan cientos y cientos de cajas de cartón, llenas de expedientes rezagados.

Cubiertas de polvo, rotas algunas, parecen llevar años abandonadas entre el gentío que todos los días llega a levantar denuncias. Son tantas que casi cubren la mitad de los murales de ocho metros de alto que pintó Guillermo Chávez Vega con el tema de la Justicia. Las cajas de la justicia pendiente no dejan ver la obra.

Un abogado cuenta que desde hace ocho meses trata de sacar su auto del corralón de vehículos recuperados, pero el expediente del caso no aparece. ``Debe estar por allí'', dice mientras señala la pila de cajas.

El procurador Ledezma se resiste a informar sobre el rezago de expedientes, pero extraoficialmente se sabe que son 220 mil las averiguaciones previas en proceso, y 30 mil las órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

Poner al día el trabajo requeriría que todo el personal de la Procuraduría laborara sin descanso durante cuatro años y, además, que en ese lapso no se iniciara una sola averiguación previa más.

Imposible en una ciudad donde la delincuencia crece y, según el procurador, perfecciona sus estrategias.

Desde hace un par de años las grandes bandas de narcotraficantes, de asaltatransportistas, robacoches y ladrones de joyas reclutan menores de edad para efectuar sus trabajos. Tiene su chiste: no pueden ser procesados penalmente.

Y, además, cuenta en su favor que el consumo de drogas está al alza. Una muestra efectuada entre 3 mil 379 estudiantes de primaria por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, reveló que 23% ha consumido algún tipo de droga, alcohol o tabaco, y que 15% de ellos los consigue a menos de cien metros de las escuelas.

Más: según la Asociación Nacional de Profesionales de la Salud Mental, 80% de los menores de 18 años que viven en Jalisco ha consumido drogas alguna vez.

La combinación es un caldo fértil para los grandes delincuentes, y más con lo que ofrecen: dinero por montones, autos y camionetas de lujo, buena comida. Ah, y también impunidad.

Tal vez por eso, dice el procurador, en esta ciudad el crimen organizado está de moda.

Y los botones de muestra, sobran.

En La Tuzanía -una de las colonias más violentas de la zona metropolitana- nació la banda de Los Sureños, compuesta por cientos de cholos extremadamente violentos y que con el apoyo de grupos de mariguaneros y narcos al menudeo se convirtieron en amos y señores de todo el norte de Zapopan.

Para conseguirlo se fueron por la libre. En dos años acribillaron a los cabecillas de todas las bandas rivales, como Los 18, cuyos líderes se entrenaron en las calles de San Diego y Los Angeles.

Ahora en su territorio -que no les disputa nadie- florece la venta de mariguana y cocaína, mientras los más experimentados hacen trabajos especiales: cobran cuentas pendientes a drogadictos morosos, ejecutan competidores, cuidan casas de traficantes locales, roban coches sobre pedido o llevan droga al norte del país.

Los Sureños son una más de las aproximadamente 500 bandas que hay en la ciudad, casi todas compuestas por jóvenes de entre 13 y 25 años.

El procurador Ledezma dice que de un año a la fecha la delincuencia juvenil aumentó 20%, aunque la cantidad real de menores que cometen ilícitos se desconoce.

``Muchas veces los policías no los consignan, aunque exista una razón. Imagínese como estarían de trabajo los Ministerios Públicos si les mandaran a todos los que agarran con drogas o armas''.

Quién sabe. Lo único cierto es que, con o sin las consignaciones de menores, el rezago en la Procuraduría jalisciense parece no tener fin.

Cada semana se agregan dos cajas a las que ya invaden el edificio. A este paso, en un año los murales de Chávez Vega desaparecerán detrás de una montaña de cartón.

Los pleitos de la derecha

Palacio de gobierno, 29 grados centígrados.

Daniel Ituarte Reynaud, el primer secretario de Seguridad Pública en la historia de Jalisco, se desvive en probar que sí trabaja.

``Acabo de llegar del DF, mire, aquí está el boleto... Mañana voy a Hermosillo, esta es la reservación. Y hace rato me reuní con la Cámara Americana de Comercio, aquí está el programa''.

-Le creo.

-Es que es importante para mí. Reconozco que no soy un policía de carrera, pero tengo 30 años luchando contra la delincuencia en mi colonia y la verdad, nos fue muy bien.

Es la carta de presentación de Ituarte: su experiencia de vigilancia ciudadana en la colonia Colinas de San Javier y el año y medio que fue presidente municipal de Zapopan.

Aunque, en realidad, el balance no es positivo: en Colinas de San Javier están las que fueran grandes residencias de personajes como Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto.

Del ayuntamiento de Zapopan, Ituarte salió tras comprobarse que pagó 745 mil pesos a la constructora de su consuegro; 1 millón 319 mil pesos al despacho de arquitectura de su hijo y 376 mil pesos a la empresa de su hermano.

Y por si fuera poco, los propietarios del Men's Club -que clausuró siendo alcalde porque se ejercían ``prácticas inmorales''- lo demandaron y consiguieron el embargo precautorio de su casa y otras pertenencias. Le ganaron los del table dance.

El Congreso del estado sometió a juicio político a Ituarte. La mayoría panista lo exoneró. Aunque no regresó a la alcaldía.

Parecía el fin de la carrera política de Ituarte Reynaud. Una carrera que inició como miembro del grupo ultraderechista Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO) y que lo llevó a la prisión de Lecumberri en 1965, por haber participado en un bombazo contra el periódico El Día.

Pero la carrera no terminó. El 9 de mayo, en ceremonia especial, el gobernador Alberto Cárdenas le tomó protesta como responsable de la seguridad de 6 millones de jaliscienses.

Un nombramiento con historia.

A mediados del año pasado dos miembros distinguidos del ultraderechista Desarrollo Humano Integral, Asociación Civil (DHIAC), se integraron al gabinete.

César Coll Carabias, ex alcalde de Guadalajara, fue nombrado secretario de Administración. Y Fernando Guzmán Pérez Peláez, ex líder de la mayoría panista en el Congreso, se convirtió en jefe de asesores del gobernador.

Entre los políticos jaliscienses, el relevo se interpretó como una derrota para el secretario general de Gobierno, Raúl Octavio Espinoza, quien curiosamente pertenecía al mismo grupo político que sus contrincantes.

Las diferencias en el gabinete panista explotaron luego de que, el 19 de noviembre de 1997, el gobernador y su secretario de Administración autorizaron la compra directa de mil 600 chalecos antibalas, mediante un procedimiento que impugnó Espinoza Martínez.

Según la Constitución local, ningún acuerdo de esta naturaleza tiene validez si no lleva la firma del secretario de Gobierno.

La protesta no sirvió de nada. Los chalecos se compraron -luego se comprobó que no servían- y el 12 de febrero, dos semanas después del tercer informe de gobierno, Espinoza Martínez renunció. En su lugar quedó Fernando Guzmán, el asesor principal del gobernador.

Tres meses después, los ex militantes del DHIAC cerraron la pinza con el nombramiento de Ituarte Raynaud.

Para Jorge Regalado, director del Desmos, el fondo del asunto es la pugna interna que se vive en el gobierno jalisciense y que provocó incluso la ruptura del Grupo Zapopan, que llevó al poder a Cárdenas Jiménez.

``Este grupo siempre ha estado muy ligado al DHIAC, y hay versiones que dicen que tratan de hegemonizar al gobierno. Lo que no queda claro es la postura del gobernador, si es ingenuo o le siguen cobrando la factura por haberlo candidateado''.

Deudas aparte, lo cierto es que las estrategias para combatir la inseguridad ofrecen escasos resultados: según la PGJE los delitos denunciados aumentaron 6.5% desde que el PAN tomó el poder.

A finales del año pasado el gobierno estatal anunció la puesta en marcha de un nuevo programa para combatir la inseguridad, ``el más ambicioso de la historia'', se dijo. Pero todo sigue en veremos.

Y mientras, los delincuentes hacen de las suyas. Según el delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Manuel Sánchez Benavides, ``con tantos cambios nos dejaron sin protección''.

Es uno de los sectores más afectados. En Jalisco, el promedio de asaltos a transportistas es de cuatro por día, más de la mitad de los que se cometen en el Distrito Federal.

El procurador Félix Ledezma invierte media hora en explicar su teoría de la seguridad. Aún no decide con cuál corriente filosófica puede analizar y resolver el dilema de la inseguridad de Jalisco: materialismo dialéctico, funcionalismo o estructuralismo.

Luego, se interrumpe para tomar aire.

-¿Cuándo se va a controlar la delincuencia en Jalisco? -se le pregunta.

-Uh, no, está difícil. Eso es cosa de unas tres generaciones.

1994. Es el último año del gobierno iniciado por Guillermo Cosío Vidaurri y que terminó Carlos Rivera Aceves, ambos priístas.

La delincuencia en la zona metropolitana de Guadalajara parece incontenible. Dos organizaciones ciudadanas, Desarrollo Humano Integral, AC (DHIAC), y Alianza Fuerza de Opinión, organizan manifestaciones de protesta. Las mujeres se visten de blanco para demandar el cese de la violencia.

El PAN adopta el tema como eje de campaña. El descrédito priísta y la promesa de acabar con la delincuencia se suman: Alberto Cárdenas gana la gubernatura.

Tres años después, los índices delictivos siguen igual, y en algunos casos, peor.

Pero en las calles de Guadalajara ya no hay damas de blanco que reclamen paz. Ni tampoco las plazas se llenan de indignados activistas para demandar la renuncia de sus autoridades.

¿A dónde se fueron?

El DHIAC ya está en el poder, a través de Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario de Gobierno, y César Coll Carabias, en Administración.

Y Alianza Fuerza de Opinión tuvo tres años de bonanza, cuando su presidenta, Maribel Alfeirán de Coll, fue la primera dama de Guadalajara.

Ahora es ama de casa.

Las damas de blanco ya no protestan contra la violencia.

Febrero de 1998. En su tercer informe, el gobernador Alberto Cárdenas reconoce que fracasaron las estrategias para abatir la delincuencia en Jalisco, y culpa de ello a las acciones emprendidas en forma aislada.

Los índices delictivos, dice alarmado, no bajan, ni siquiera a los niveles que tenían antes que el PAN tomara el poder.

La solución: el gobierno panista encarga un programa de seguridad a la empresa Organización para el Análisis de la Criminalidad, SC.

Seis millones de pesos después, el resultado es el Proyecto de Reforma Integral en Materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, al que desde el gobierno se califica como ``el más ambicioso de la historia''.

Tiene cinco ejes:

Actualizar el marco legal.

Modernizar la tecnología y métodos contra los delincuentes.

Capacitar a los policías.

Comprar armas.

Organizar la participación de los jaliscienses.

El fondo de la propuesta es centralizar el mando de todas las policías y de los reclusorios en la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Además, se crean Ministerios Públicos especializados para atender delitos violentos y una policía investigadora sustituye a la judicial.

Todas las áreas de periciales que existían en la Procuraduría y las funciones del Semefo se trasladan al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

A manera de contrapeso se establece el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

Cuatro meses después el proyecto se encuentra varado en medio de una tormenta política. Y es que a juicio de académicos y diputados, el gobierno panista no consensó su propuesta. A excepción de unos cuantos funcionarios, nadie conoce con detalle el denominado Proyecto Jalisco.

Cinco de las 12 modificaciones legales que requiere el programa para su aplicación se aprobaron meses antes de que se conociera su contenido, cuando el PAN era mayoría en el Congreso local.

En la nueva Legislatura -donde el blanquiazul tiene la mitad de los votos- no se conoce el proyecto. ``Las reformas se hicieron a espaldas de los especialistas locales'', se queja el diputado perredista Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara.

De hecho, la única información con que cuentan los diputados es un paquete de copias de los acetatos con que se presenta el programa.

``No hay diagnóstico'', dice Jorge Regalado, jefe del Desmos. ``A lo mejor no consideran importante conocer lo que pasa en el estado''.

¿Por qué no se informa a los diputados el contenido del programa? Daniel Ituarte, el nuevo secretario de Seguridad Pública, responde: ``No tienen por qué saberlo. Ellos están para aprobar leyes''.

Un caso para Guiness: en la costa de Jalisco los ladrones de ganado son capaces de sacrificar, desollar, destazar y transportar hasta cien reses en una sola noche.

Al día siguiente no quedará ni rastros del cuerpo del delito.

El abigeato en Jalisco es un delito grave, pero las autoridades no saben en qué medida. Según Rigoberto Martínez Oropeza, agente del Ministerio Público especializado en el tema, ``las cifras que tenemos no son reales''.

No le falta razón. Mientras la Unión Ganadera Regional afirma que son 2 mil las reses perdidas en lo que va del año, la procuraduría estatal recibe apenas 20 denuncias al mes.

Se calcula que operan unas 12 bandas de abigeos, principalmente en los municipios de la Costa y Los Altos, quienes incluso cuentan con el apoyo de asociaciones ganaderas de otros estados que les proporcionan registros para los animales que roban.

Combatirlos no es fácil, sobre todo porque en Jalisco la cría en traspatio y los rastros clandestinos son una costumbre arraigada. Y además, muchos de los afectados prefieron asumir las pérdidas.

El problema se agrava. Ahora, hasta en la zona metropolitana de Guadalajara se reportan robos de animales.