Existen opiniones encontradas sobre la manera en que debe llevarse a cabo la reforma bancaria y financiera que ha propuesto el Poder Ejecutivo. En opinión del autor de dicha reforma, Guillermo Ortiz, el conjunto de medidas debería implementarse al vapor para evitar el supuesto peligro de un nuevo crack financiero como el de 1995. En efecto, quien fuera secretario de Hacienda intenta amedrentar a los legisladores con un esperpento financiero, presumiendo aparentemente que los diputados y senadores son un grupo de párvulos. Al parecer este alto funcionario no ha captado todavía el significado del dramático cambio que se ha producido en los últimos años en la política mexicana. Y tampoco parece saber manejar el lenguaje discreto y críptico que debe caracterizar a un director de banco central.

Por su parte, desde las altas esferas de la banca privada se escuchan propuestas igualmente faltas de realismo. El máximo directivo de la poderosa casa financiera J. P. Morgan en México ha afirmado recientemente que la conversión de pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en títulos de las deuda interna pública debe ponerse en marcha sin debates. Argumenta que conviene tender un velo de olvido sobre el rescate bancario con objeto de que la economía mexicana prosiga con el proceso cada vez más acusado de globalización. Pero al igual que en el caso de los tecnócratas, este banquero no parece haber captado el significado de la nueva realidad política en México. Ahora todo se debate en las cámaras, en especial aquellas cuestiones que afectan al bolsillo del contribuyente.

Una de las razones por las cuales se ha propuesto la auditoría del Fobaproa es que no se ha proporcionado información sobre los grandes lotes de cartera vencida que rescató el gobierno. Un caso por demás notorio es el de Banca Confía, envuelta en tremendo escándalo por operaciones ilícitas. El gobierno ofreció en venta dicha empresa al Citibank, hoy por hoy el más poderoso de los bancos estadunidenses en todo el mundo. El Citibank prometió invertir 200 millones de dólares en Confía para recapitalizarla, pero solicitó que Fobaproa absorbiera la extraordinaria cantidad de casi 4 mil millones de dólares en cartera vencida del banco mexicano, cosa que la actual administración aprobó.

Ahora, dándose cuenta del tremendo lío en que se han metido, los directivos del Citibank han iniciado gestiones judiciales para asegurar que no serán castigados si se descubre --como es probable-- que hay grandes irregularidades en aquellos créditos de la cartera vencida de Confía que fueron absorbidos por Fobaproa. Para Citibank (y los demás bancos) es importante salir del embrollo, pero para los contribuyentes mexicanos es aún más importante buscar una solución equitativa. Por ello es importante que el gobierno proporcione la información requerida por los diputados para que se pueda restructurar el Fobaproa de manera satisfactoria y definitiva. En todo caso, no se trata simplemente --y como siempre-- de que los contribuyentes paguen el pato para que los banqueros salven el pellejo.