La Jornada 30 de mayo de 1998

Reconsiderar la sanción a observadores italianos, pide el canciller de ese país

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Lamberto Dini, expresó ante el subsecretario de la cancillería mexicana Juan Rebolledo Gout, que la misión de observación de italianos a Chiapas ``se inspiró en intenciones positivas y constructivas'', y pidió a las autoridades mexicanas que reconsideren y levanten la sanción que se les impuso con la aplicación del artículo 33 constitucional que prohibe ``a perpetuidad'' a 40 nacionales de ese país ingresar a México.

En respuesta, el gobierno mexicano reiteró su versión de los hechos que condujeron a la expulsión de los observadores italianos, aunque también expresó su disposición de ``mantener abierto el diálogo sobre Chiapas'' con el gobierno italiano, según informa el ministro en una carta dirigida al alcalde de Venecia, Massimo Cacciari.

El alcalde había elevado una protesta por la expulsión de su enviado personal, el consejero municipal Giuseppe Caccia, quien formó parte de la misión ``Un puente en vuelo por Chiapas'', y por la campaña de desprestigio que se orquestó en México contra sus connacionales. ``Este clima de tensión creado en torno de esa iniciativa de observación de derechos humanos, en la que un representante del gobierno llegó a calificar a nuestros enviados como provocadores profesionales y delincuentes, crea una situación muy delicada'', afirmó el alcalde veneciano. E insistió en que el trabajo de observación internacional humanitaria ``es indispensable para garantizar la mediación hacia la salida pacífica de los conflictos''.

Cacciari agrega en su misiva al ministro que ``la transparencia de nuestras iniciativas y su profundo sentido humanitario es tal, que no podemos considerar aceptable una decisión como la de estas expulsiones''.

Y agrega en su texto que fue publicado en el diario Il Manifesto y varios medios locales que ``mientras ha sido finalmente aprobado en el Parlamento Europeo el protocolo del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, no se puede pensar en favorecer el libre flujo de mercancías limitando a su vez la libre circulación de ciudadanos europeos en México y viceversa, sobre todo tratándose de representantes institucionales y ciudadanos que llegan precisamente para investigar la situación de los derechos humanos que se contemplan en la conocida cláusula democrática de este tratado''.

En respuesta a Cacciari, el ministro Dino explica que el gobierno italiano favoreció en el Parlamento Europeo la rápida aprobación del tratado comercial con México, convencido precisamente de que la cláusula democrática ``es la forma de presión más eficaz'', ya que conlleva la amenaza de que la ratificación del tratado puede ser suspendida en caso de ocurrir violaciones a dicho artículo.

Integran nueva ONG los expulsados

Los observadores y trabajadores extranjeros de derechos humanos que han sido expulsados de México por considerar el gobierno federal que su actividad lesionaba la soberanía del país, hicieron saber ayer, vía fax, que han integrado una nueva organización internacional de lucha en favor de quienes son víctimas de violaciones en sus derechos fundamentales, a la cual han dado el nombre de ``Paz sin fronteras''.

Nos sumamos, dicen, a más de 147 integrantes pertenecientes a distintos países, y lanzamos un llamado a otras organizaciones. Dejan en claro que la nueva ONG internacional cuenta entre sus miembros a estudiantes, obreros, sacerdotes y otros defensores de derechos humanos.

Puntualizan en el comunicado, enviado desde Estados Unidos, que los objetivos de su agrupación serán, entre otros, organizar y apoyar a las delegaciones de observadores internacionales y ayuda humanitaria; asegurar que aquéllos ``puedan seguir llegando a Chiapas sin tener miedo de ser deportados, con esta meta -explican- estamos llevando a cabo procesos legales para revocar nuestras deportaciones, y abrir la posibilidad del seguimiento al trabajo de derechos humanos en esa entidad''.

En medio de la globalización -apuntan- ``vemos que corporaciones, bancos y gobiernos cruzan fronteras nacionales sin cuestionamientos, mientras que la gente no tiene derecho a traspasar fronteras libremente ni de observar y mucho menos criticar, pese a que la mayoría de las veces esos proyectos globalizadores van en contra del bienestar de la gente y sólo acarrean más pobreza e injusticia a diversas poblaciones como los indígenas en Chiapas y los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos''. (Triunfo Elizalde)