Ahora que ya se acordó incluir en la agenda legislativa el tema de nuestros indígenas, es pertinente reflexionar sobre los entrelazamientos jurídico-políticos que existen entre nuestra república federal y los municipios autónomos chiapanecos, no sin advertir que en el acuerdo de legisladores con el presidente Ernesto Zedillo se dejó de aclarar qué proyecto fue colocado en la agenda: el del Presidente, el elaborado por la Cocopa o cualquiera otro no conocido hasta hoy, cuestión delicadísima por cuanto que el EZLN y los suyos argumentan que la propuesta presidencial viola flagrantemente los compromisos legales y morales que el gobierno adquirió en San Andrés Larráinzar y con el grupo cameral Cocopa, viciando esta situación el proyecto presidencial. Si no hubieran sido suspendidos arbitrariamente la presentación y trámite del proyecto Cocopa, en comisiones o en pleno los diputados y senadores habrían debatido y corregido cualquier falla, sin necesidad de la imposición presidencialista. Por lo demás, contra lo dicho por voces oficiales, ahora los acuerdos de San Andrés y el proyecto Cocopa se corresponden con los sentimientos y demandas de la nación sobre dignidad y justicia para el pueblo mexicano.

Hechas esas necesarias aclaraciones preliminares, volvamos a nuestro tema. A pesar de los alegatos trasnacionales en el sentido de adaptar las soberanías estatales a las exigencias de la globalización, las reacciones de los pueblos son totalmente opuestas a ser transformados en insumos de una planetaria contabilidad económica manejada por las grandes élites empresariales de nuestro tiempo. Es decir, el capitalismo trasnacional y sus políticas neoliberales no han logrado echar abajo los derechos soberanos de las naciones, o sean sus facultades para autodeterminarse al interior de la patria y en el concierto internacional. La soberanía es un paradigma político con características absolutas, al tenor de la Teoría del Estado y el Derecho Constitucional mexicanos, porque así lo han expresado nuestros Constituyentes desde que el caudillo Morelos afirmó que la soberanía es absoluta o no es soberanía.

Sin embargo, al organizarnos federativamente en 1824, Miguel Ramos Arizpe enfrentó problemas severos. El modelo federal fue inventado por los diputados estadunidenses de Filadelfia, en 1787, y no cabe duda que Ramos Arizpe y los suyos tuvieron muy en cuenta el ejemplo, aunque otros asuntos fueron cuidadosamente analizados. Inteligente y hábil, Ramos Arizpe se dio cuenta del enorme peso que tenían dos influencias importantes. La primera provenía de Fray Servando Teresa de Mier y Carlos Marín de Bustamante; se oponían a la idea federativa porque pensaban imposible o explosiva la agrupación de entidades independientes. La otra derivaba de las amenazas cacicales con separar sus provincias de la república si no se adoptaba un sistema federal. Ramos Arizpe propuso por tanto una solución rigurosamente apegada al derecho político: la federación de Estados locales con soberanías relativas dentro de una nación con soberanía absoluta, tesis replicada en las siguientes dos constituciones federales, la de Mariano Otero en 1847, y la supuestamente vigente de 1917. La doctrina adoptada consiste en sancionar en las entidades federadas una soberanía relativa por cuanto que sus normas no pueden violar los mandamientos de la Constitución general.

En consecuencia, si el artículo 115 de la Carta Magna reconoce el libre derecho de las comunidades a organizarse políticamente en municipios, ninguna ley estatal podrá restringir o purgar esa libertad de las comunidades con requisitos o condiciones que, por su naturaleza, serían inconstitucionales y nulos de pleno derecho. Cuando el gobierno de Chiapas apoyado por soldados de nuestro ejército amenaza, agrede y destruye los municipios autónomos de las comunidades indígenas chiapanecas, transgrede el sistema federal y el Estado de derecho por motivos políticos y de ningún modo legales ni legítimos.

Lo que sobre el particular ordena la Constitución chiapaneca es, sin duda, un parche recosido en el texto legal por la arbitrariedad de los caciques y gobernantes que han convertido al noble estado sureño en una propiedad privada.