En el campo mexicano, con la sequía, llueve sobre mojado. A la ya de por sí grave situación de descapitalización y falta de rentabilidad que afectan al sector desde hace treinta años, se suma ahora una severa sequía. Nuestro país deberá importar este año 13 millones de toneladas de granos (el 31 por ciento de las necesidades nacionales) y se perderán alrededor de 300 mil empleos rurales (La Jornada, 15/05/98).

Las presas del país tienen una capacidad de almacenamiento de 54 mil 500 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, según datos de la Comisión Nacional del Agua y del Centro de Estadística Agropecuaria de la Sagar, el 12 de mayo, éstas sólo contenían 10 mil 500 millones de metros cúbicos del líquido. Esto es, 19.3 por ciento de su capacidad útil. Cifra menor a la proporcionada por el secretario de Agricultura (El Financiero, 13/05/98), quien declaró que nuestras presas almacenaban 29 por ciento, mostrando así que es consecuente con su tradicional actitud de minimizar los desastres agrícolas manipulando las cifras. Las regiones más afectadas son el noreste, donde las presas han reducido sus existencias de agua en 47 por ciento, y la centro-norte, donde se redujo en 36.7 por ciento.

Las lluvias debieron comenzar en la primera quincena de marzo. Pero no llegaron. Durante abril, la precipitación pluvial en el país disminuyó 52.3 por ciento, respecto del año anterior. En los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas las lluvias se redujeron hasta en 90 por ciento respecto del año anterior. La gravedad de la situación puede verse con mayor claridad si se toma en cuenta que 80 por ciento de los 10 principales granos se siembra en temporal y sólo 20 por ciento en riego.

Que se haya producido una severa sequía no es responsabilidad de los funcionarios gubernamentales. Pero sí que no se cuente con políticas para enfrentarla. Una parte significativa de nuestros cultivos se siembra en tierras que no tienen vocación para ello. Vivimos en el semidesierto, pero no existen políticas agrícolas para enfrentar esta situación. No hay ni propuestas de reconversión racionales, ni una acción sostenida para aumentar la superficie de riego, ni recursos compensatorios para hacer frente a las adversidades. Precisamente por los factores climáticos, la agricultura es una actividad distinta a otras, que requiere, para garantizar estabilidad y certidumbre, de medidas de protección y compensación. Sin embargo, en lugar de contar con ellas, las últimas dos administraciones se han dedicado a desmantelar irracionalmente las protecciones y compensaciones que existían.

Con la sequía, la situación en que viven los productores empeora. Por un lado van a sufrir los impactos de la pérdida de sus cosechas o la baja de rendimientos sin contar con seguro. Por el otro, debido a la sequía y al desabasto, los cereales, hoy con precios a la baja en los mercados mundiales como resultado de una mejora en las cosechas, van a entrar al país sin protección, impactando los precios internos, y disminuyendo los ingresos de los productores nacionales. Este es el caso del maíz, donde los precios disminuirán entre 20 y 30 por ciento. Aunque el país pagará con ello menos por las importaciones de granos, los productores tendrán un año fatal.

Los programas que se han anunciado para enfrentar la sequía implican apoyos por un monto equivalente al programa Alianza, esto es 2 mil 657 millones de pesos. Sin embargo, éstos tan sólo alcanzan a cubrir la pérdida oficial de 2 millones de toneladas de maíz a precio de indiferencia (las pérdidas serán mayores). Pero las pérdidas abarcan también otros cultivos, así como la ganadería y la silvicultura. A ello hay que sumarle los efectos del sesgo antiagrícola de la actual política agropecuaria. Cuando una comisión representativa de 5 mil ejidatarios de Sinaloa que se encuentran en lucha se entrevistó con el secretario Santiago Levy para explicarle cómo los pagos para las cosechas de granos básicos son tan bajos que desestimulan la producción, éste les respondió que tenían razón pero que no había dinero para apoyarlos.

Hace ya más de tres décadas que el campo mexicano es zona de abandono y desastre. Aunque ahora se quiera culpar a la sequía de nuestros problemas productivos, lo cierto es precisamente lo inverso: ésta no ha hecho sino evidenciar las enormes deficiencias de nuestra política agropecuaria.