El vicepresidente español negó ligas de él y de Aznar con los GAL

Dpa, Afp y Reuters, Madrid, 26 de mayo Ť Los cuatro policías españoles encargados de vigilar durante su secuestro al empresario Segundo Marey, ocurrido en 1983, en lo que fue la primera acción reivindicada por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), aseguraron hoy ante el Tribunal Supremo que fueron informados entonces que realizaban un ``servicio especial de alto secreto ordenado por el gobierno''.

Por su parte, el vicepresidente del gobierno, Francisco Alvarez Cascos, dijo que ``es rotundamente falso'' el testimomio del ex inspector de policía Michel Domínguez, quien al comparecer el lunes ante el Tribunal Supremo lo acusó a él y al presidente de gobierno, José María Aznar, de prometerle una amnistía si cambiaba su testimonio e involucraba en la trama de los GAL a altos funcionarios del Ejecutivo encabezado por Felipe González.

En el marco de la segunda jornada del llamado juicio del año, la coalición vasca Herri Batasuna (HB) calificó el proceso como una ``farsa'' al considerar que ``no hay voluntad política por parte de la justicia española de aclarar nada'' en torno a la guerra sucia perpetrada la década pasada contra el grupo vasco armado ETA.

El juicio que el Tribunal Supremo comenzó este lunes está centrado en el secuestro de Marey, quien a la fecha sufre secuelas por los intensos ``interrogatorios'' sufridos durante el plagio del que fue víctima al ser confundido con el dirigente etarra Mikel Lujua.

Así las cosas, Aznar sostuvo que en España no se realiza juicio político alguno desde hace 20 años, según informó el diario El País, al rechazar las declaraciones formuladas el viernes pasado por su antecesor en el cargo, Felipe González, quien dijo que el proceso en torno al secuestro de Marey ``legitimará a ETA y la colocará como víctima''.

Por lo pronto, los cuatro policías encargados de vigilar a Marey durante su secuestro (Luis Hens, José Ramón Corujo, Julio Hierro y Francisco Sáinz) dijeron ante el Tribunal Supremo que fueron informados de que se trataba de ``un servicio especial de alto secreto ordenado por el gobierno'', y aseguraron que dieron un buen trato al plagiado ``dentro las circunstacias''.

El secuestro de Marey fue la primera acción reivindicada por los GAL, que la década pasada asesinaron a 28 personas presuntamente vinculadas a ETA. Los ex policías José Amedo y Michel Domínguez fueron condenados a 108 años de prisión en un primer proceso por su implicación en esos escuadrones de la muerte.

Pero ambos ex uniformados, cuya condena fue emitida en 1991, cambiaron sus declaraciones tres años después en una entrevista con el diario El Mundo, al que aseguraron que la creación, organización y financiación de los GAL fue responsabilidad del Ejecutivo encabezado por González.

Este escándalo, sumado a otros de corrupción, obligó a González a convocar a elecciones antipadas en marzo de 1996, en las que triunfó el Partido Popular (PP), de Aznar.

El vicepresidente Francisco Alvarez, citado como testigo en el juicio del año tuvoque salir al paso de declaraciones formuladas anoche por Domínguez, quien acusó a Aznar y a Alvarez de haberles prometido un indulto a cambio de involucrar al gobierno de González en el entramado de los GAL.

Las agencias de prensa, que ayer dieron cuenta de que Domínguez eximió a altos ex funcionarios del gobierno de González de este caso, señalaron hoy que el ex inspector de policía también dijo que durante una reunión en diciembre de 1994, poco antes de sus explosivas declaraciones a El Mundo, Alvarez, entonces miembro del Parlamento por el PP, ``garantizó a mi abogado que una vez que llegasen al poder se preocuparían de nosotros''.

Según Domínguez, Alvarez dijo que la propuesta era ``totalmente'' apoyada por Aznar, pero Alvarez afirmó hoy que ``nadie puede imputarme ninguna complicidad en los delitos cometidos por los GAL o cualquier otra conducta para entorpecer la acción de la justicia''.

El líder del Partido Socialista Obrero Español, Joaquín Borrel, sostuvo que ``las declaraciones de Domínguez fueron muy ilustrativas acerca del comportamiento de Alvarez Cascos''.

En este marco, el dirigente de Herri Batasuna, Jon Idígoras, condenado el año pasado a siete años de prisión, y quien padece una enfermedad pulmonar incurable, fue liberado, refirió Afp.

Idígoras fue condenado junto con otros 22 dirigentes de HB por asociación con banda armada, luego que la coalición divulgó un video en el que etarras hicieron una propuesta de diálogo.